Es pública la tensión entre el gobierno de Nicolás Maduro (Venezuela) y los de Donald Trump (Estados Unidos) e Iván Duque (Colombia). A principios del mes de mayo, un grupo de mercenarios de una empresa «contratista» radicada en Miami, Silvercorp USA, liderado por ex boinas verdes (integrantes de las fuerzas especiales norteamericanas), que habría realizado entrenamiento en territorio colombiano, intentó ingresar a Venezuela y se enfrentó con el Ejército de ese país. Tras la fallida incursión, el diario norteamericano The Washington Post develó un contrato firmado entre el líder opositor venezolano (y autoproclamado presidente interino), Juan Guaidó, el director de Silvercorp USA, Jordan Goudreau (veterano de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos), y el operador político Juan José Rendón. Según se señala en el artículo, el contrato decía claramente que se trataba de «una operación para capturar/detener/remover a Nicolás Maduro, eliminar el régimen actual».
El gobierno de Venezuela denunció que los mercenarios habían recibido apoyo de los gobiernos de Trump y Duque. Aunque negaron su participación en los hechos, estos no repudiaron públicamente el accionar de los mercenarios.
En la actualidad, la Administración Trump transita uno de sus peores momentos. La profunda crisis provocada por el mal manejo de la pandemia, el descontrolado aumento de la desocupación, la inevitable recesión económica y el estallido social producto de un nuevo crimen racial (el asesinato de George Floyd) cometido por la policía se transformaron en un cóctel explosivo en pleno año de elecciones presidenciales.
Este marco despierta una profunda preocupación por la posibilidad de que, como ha sucedido en otras ocasiones, el gobierno norteamericano intente una nueva aventura belicista que corra el foco de atención de la política interna a la externa.
El anuncio hecho por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá del arribo de tropas de las fuerzas de élite norteamericanas a territorio colombiano generó gran preocupación.
Contexto dialogó con Ángela María Robledo, ex candidata a vicepresidenta y actual integrante de la Cámara de Representantes por Colombia Humana, y con el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, quienes señalaron su preocupación. Robledo aseguró que «en Colombia, vivimos por estos días de pandemia una dictadura de facto. El presidente, Iván Duque, lleva sesenta días expidiendo decretos, amparado por el estado de emergencia económica, social y ecológica que le permite de manera estructural seguir lanzando salvavidas al sistema financiero y precarizando de manera radical las condiciones de vida de uno de los países más desiguales del mundo».
«Es en este marco que llegan los ‘asesores’ de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. No hay que olvidar que somos un país que durante décadas ha estado bajo la égida del imperialismo norteamericano. Los hechos más recientes: el Plan Colombia, de 1999, que no solo significó millones de millones de dólares para, se supone, erradicar cultivos ilícitos, algo que nunca lograron, también permitió aflojar nuestros resortes constitucionales y permitir la presencia de muchos ‘asesores’ norteamericanos», sostuvo.
La legisladora recordó que «luego, en 2009, apareció la propuesta de ampliar la presencia de bases militares norteamericanas en Colombia, bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, propuesta que afortunadamente no prosperó gracias a que la Corte Constitucional impidió que se hiciera realidad. Ahora, la llegada de esto que llaman ‘la brigada de asesores’ del gobierno norteamericano para reactivar esta ‘guerra contra las drogas’ que tanta sangre y tanto dolor ha significado para Colombia».
«El artículo 189 de nuestra Constitución exige que la llegada de tropas extranjeras a nuestra región requiere el permiso del Congreso. Vienen a acosar a los pequeños campesinos que cultivan coca para subsistir. Vienen a hacer más frágil el acuerdo de paz con las FARC. Vienen a continuar con el acoso al pueblo venezolano y buscar condiciones para una intervención militar».
Por su parte, Cepeda sostuvo que «ante la gravedad que reviste que tengamos ya presencia de tropas estadounidenses en Colombia, que no vienen de ninguna manera simplemente a asesorar labores pacíficas del Ejército colombiano, sino a crear tres teatros de operaciones militares en lugares estratégicos del país, y que amenazan con seguir escalando la posibilidad de una confrontación internacional, la oposición ha citado para el día miércoles entrante (10 de junio) a debate de control político al ministro de Defensa y ha pedido que, cuanto antes, el gobierno nacional y el presidente informen al Senado sobre esta presencia militar y sus alcances para que pueda ser objeto de un debate y, por supuesto, como pensamos nosotros, que se niegue la autorización a esa presencia hostil».
