Este viernes 28 de mayo se cumplió el primer mes del paro nacional en Colombia. Un mes de marchas y protestas. Un mes de brutal represión por parte del Gobierno. Un mes de lucha, de indignación y de horror.
Durante estos treinta días, según datos de la organización no gubernamental Temblores, la represión produjo 3.155 casos de violencia policial, 955 casos de violencia física, 43 personas asesinadas presuntamente por las fuerzas de seguridad, 1.388 detenciones arbitrarias, 46 personas que perdieron uno o los dos ojos por las balas de goma que las fuerzas de seguridad disparan hacia las caras de los manifestantes, 165 personas heridas con armas de fuego (aunque se suponen que la policía debe contener las manifestaciones sin armas letales) y 22 casos de violencia sexual (el más grave de ellos, el de una niña de diecisiete años que se suicidó tras denunciar haber sido violada por miembros de la policía). Otros datos del horror indican que, según los registros oficiales de la Fiscalía, 129 personas se encuentran desaparecidas, aunque los datos extraoficiales señalan que los números de desaparecidos superan los 500.
Durante estos treinta días de paro, el pueblo movilizado ha logrado frenar la reforma tributaria y la del sistema de salud impulsadas por el Gobierno de Iván Duque, y ha provocado las renuncias del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y de la canciller, Claudia Blum.
Durante estos treinta días, el Gobierno de Duque se ha negado a llevar un diálogo serio con el Comité del Paro.
Breve historia del paro
En Colombia, la gota que rebalsó el vaso fue un paquetazo neoliberal que el Gobierno de Iván Duque quería implementar y que tenía como principal medida una reforma tributaria que imponía un aumento del IVA y, por lo tanto, el encarecimiento del costo de vida de los sectores más vulnerables.
El paquetazo también implicaba una reforma del sistema de salud, una reforma del sistema previsional (haciendo aún más inaccesibles estos dos derechos básicos para los sectores de menores recursos) y una reforma laboral.
El pueblo salió a la calle pacíficamente a lo largo y ancho de todo el país. Millones de personas colmaron las plazas de las principales ciudades. El Gobierno respondió con una brutal represión a manos de las fuerzas de seguridad y con la participación de fuerzas parapoliciales y paramilitares. En las noches, el horror se apoderó de las calles de Colombia.
El miedo no pudo frenar las protestas y las personas siguen en la calle movilizadas por la tremenda indignación y el hartazgo ante tanta injusticia.
Larga historia de injusticias
Es indudable el paralelo entre lo que pasa en Colombia y lo que pasó en Chile. De un lado, quienes defienden un modelo que ha concentrado la riqueza en pocas manos, del otro, el pueblo que estalló frente a tantos años de injusticias. En los dos casos los gobiernos neoliberales respondieron de la misma manera: con una brutal represión.
Esto no es casualidad, ya que según la medición del Banco Mundial, Colombia y Chile están entre los diez países más desiguales del mundo. En ambos casos, los gobiernos de esos países, alineados con las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), se empeñaron en profundizar el modelo neoliberal y provocaron el estallido de una sociedad que venía acumulando demandas insatisfechas hacía décadas.
En el caso de Colombia, con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, la derecha impidió que un proyecto político de independencia económica, soberanía política y justicia social pudiera acceder al Gobierno. Desde esa fecha se quedó con el poder institucional y buscó todos los caminos para impedir que un proyecto popular pudiera recomponerse.
La ausencia de un camino político para transformar la realidad colombiana llevó al surgimiento de las guerrillas FARC-EP, ELN y M-19, entre otras.
Todo esto, en el marco del creciente paramilitarismo, el surgimiento y la consolidación del narcotráfico y el alineamiento sumiso a las políticas de Estados Unidos, que llevaron a Colombia a ser el país de la región con más bases norteamericanas en su territorio y con una gran presencia de la Administración de Control de Drogas (DEA), que solo profundizó el narcotráfico.
Con los años, el proyecto conservador y reaccionario tomó características neoliberales en lo económico y las injusticias se profundizaron aún más.
Con el uribismo, el terrorismo de Estado se profundizó. El Gobierno de Álvaro Uribe Vélez implementó lo que se conoce como «falsos positivos», el secuestro y asesinato de jóvenes que luego eran disfrazados con vestimenta militar y presentados como guerrilleros muertos en combate. La intención era hacerle creer a la sociedad colombiana que el Gobierno iba ganando la lucha contra la guerrilla.
Producto de la violencia que nunca ha cesado, Colombia tiene más de 7 millones de desplazados internos y más de 9 millones de personas que debieron migrar, muchos de los cuales son exiliados políticos.
En 1980 se realizó un proceso de paz en Colombia que derivó en que muchos miembros de la guerrilla dejaran las armas y se sumaran a la vida política. En aquel momento, los exguerrilleros crearon el partido Unión Patriótica (UP), y en las elecciones de 1986 obtuvieron 14 parlamentarios, 17 diputados provinciales y 135 concejales. La respuesta de la derecha y sus grupos paramilitares fue una masacre. En corto tiempo, más de 5.000 miembros de la UP fueron asesinados, entre ellos, dos candidatos a presidente: Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo.
En 2016, tras la lucha del pueblo colombiano se logró la firma de un nuevo acuerdo de paz, esta vez con las FARC-EP. La rubricación de esos acuerdos representó una gran derrota para el uribismo, que buscaba perpetuar la guerra interna, y un gran triunfo para el pueblo colombiano. Sin embargo, desde esa fecha el asesinato de líderes y lideresas sociales firmantes del acuerdo de paz y defensores y defensoras de los derechos humanos se ha vuelto cotidiano, lo que ha representado que hasta hoy sean 1.179 las y los referentes sociales asesinados, según registra el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Esos crímenes, y el avance del paramilitarismo y el narcotráfico en las zonas que antes estaban controladas por la guerrilla, se han profundizado desde la llegada de Iván Duque al Gobierno.
En todo ese contexto, donde reina la violencia y la desigualdad, un país donde, según los datos oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el 42,5 % de la población se encuentra bajo la línea de la pobreza; donde la pandemia empujó a 2,8 millones de personas a la pobreza extrema; donde gran parte de la sociedad subsiste con solo una comida diaria; en ese país, el Gobierno realizó un gran gasto en recursos militares y luego intentó profundizar aun más el modelo neoliberal, cercenando de ese modo los pocos recursos de los más vulnerables.
En ese contexto se dio el estallido social.
La gran preguntas es: ¿cuánta sangre de su propio pueblo está dispuesto a derramar Iván Duque (y el uribismo) para sostener el modelo neoliberal que ha llevado a Colombia a este triste presente, un modelo que solo promete más sufrimiento, más dolor y más injusticia para todo su pueblo?
