Por Gabriela Calotti
El Observatorio contra la Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) fueron algunos de los organismos que miércoles y jueves expusieron frente al Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reunido en Ginebra para evaluar el cumplimiento del Estado argentino de las normas estipuladas por la Convención Internacional contra la Tortura, algo que para nuestro país no se hacía desde 2004.
Los organismos y ONG que asistieron a estas sesiones de trabajo presentaron informes que contienen los reclamos que vienen señalando al Gobierno argentino que desde diciembre de 2015 preside la derechista alianza Cambiemos con Mauricio Macri a la cabeza.
El Observatorio contra la Violencia de Género de la Defensoría bonaerense hizo hincapié en los casos de femicidio (a razón de uno cada 18 horas, con varios casos tan sólo en las últimas semanas) y en las condiciones de detención de las mujeres y personas trans, mientras que el CELS, por ejemplo, presentó un informe sobre las situaciones de abuso que padecen las personas privadas de su libertad y las respuestas desde el ámbito judicial.
Tras las exposiciones de los organismos, el Comité interrogó a los representantes del Estado argentino. “Les preguntó concretamente sobre femicidios, sobre el número creciente de hechos de violencia contra las mujeres, sobre situaciones de aborto y sobre los obstáculos para acceder al aborto entendiendo que en esos casos el Estado incumple con el deber de prohibir actos de tortura”, indicó a Contexto desde Ginebra la titular del OVG, Laurana Malacalza.
“El Comité considera que las muertes de mujeres por abortos y las prácticas ilegales son actos de tortura”, sostuvo la responsable, antes de puntualizar que esa instancia que depende de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU “preguntó particularmente por las mujeres trans y travestis alojadas en comisarías y en cárceles de la provincia de Buenos Aires”, cuestión sobre la cual el OVG hizo particular hincapié en su informe y en su ponencia.
“Esperamos que haya una recomendación al respecto”, subrayó Malacalza, antes de indicar que el CCT también “tomó una apreciación que habíamos hecho sobre el impacto que tuvo la política criminal de persecución al narcomenudeo en el crecimiento de la población carcelaria tanto en el ámbito provincial como federal de mujeres y personas trans”.
La coordinadora del Observatorio que funciona en la Defensoría del Pueblo de la provincia destacó el hecho de que el Comité contra la Tortura de la ONU mantenga los estándares que estableció el relator especial al considerar que “cuando las mujeres están en situación de riesgo de sufrir violencia por parte de particulares por omisión o prácticas recurrentes, existe una responsabilidad internacional del Estado y por lo tanto entra en el marco de la prohibición de la tortura y los malos tratos”. “Es decir que la violencia contra las mujeres en esos casos supone que el Estado incumple con su deber de prohibir actos de tortura y malos tratos”, precisó.
“Para nosotros ha sido muy importante porque por omisión entendemos todas las inacciones que hace el Estado respecto, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres dentro del ámbito carcelario, contra las mujeres trans, transgénero y travestis”, específicó.
“Por omisión entendemos que el Estado no sancione a los médicos que generan situaciones de violencia obstétrica y por prácticas recurrentes que exponen a las mujeres a situaciones de alto riesgo”, afirmó Malacalza, para quien estas prácticas ponen en evidencia “la ausencia de políticas publicas integrales que incluyan la asistencia y la protección a víctimas y también las políticas de reparación a víctimas”.
En la mira también quedó el Poder Judicial, pues “el 75% de las causas que se inician en el marco de violencia contra las mujeres son archivadas, no califica los hechos de femicidio como tales y genera un clima de impunidad y repetición de situaciones de riesgo para las mujeres”, puntualizó la responsable del OVG.
Por su parte, el CELS planteó los problemas de “hacinamiento, sobrepoblación, condiciones inhumanas de detención y prácticas sistemáticas y extendidas de tortura” hacia las personas en situación de encierro. En un comunicado criticó también la “respuesta judicial a casos de tortura y malos tratos, las demoras para poner en marcha el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el uso excesivo de la prisión preventiva y las deficiencias en la producción de datos».
«Alertamos al Comité sobre la violencia policial y tortura sufridas por los jóvenes de barrios pobres, la tortura y los malos tratos en los centros de internación para personas con discapacidad psicosocial y los posicionamientos políticos que debilitan el proceso de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura», afirmó el CELS.
El Comité contra la Tortura de la ONU, formado por diez expertos, que en esta ocasión son representantes de México, China, Estados Unidos, Dinamarca, Marruecos e Italia, entre otros países, deberá formular una serie de recomendaciones en los próximos meses.
