Las consecuencias de las medidas económicas neoliberales implementadas por el Gobierno de Mauricio Macri y el retiro de escena del Estado como garante de derechos sociales son un combo explosivo en los sectores populares de la sociedad.
Esta nueva realidad, defendida por los medios de comunicación oficialistas que desvían la atención desparramando la idea de que en el segundo semestre lloverá el empleo por todo el país, en el caso del Gran La Plata se vuelve más cruda y explícita en los barrios más pobres, mediante el vaciamiento de las políticas públicas que daban una mano o directamente por el cierre de los comedores escolares que funcionaban como último recurso para la alimentación de los nenes y nenas. Los recortes a los subsidios en las garrafas sociales, el desarme de las cooperativas que daban trabajo en tareas de limpieza, el cierre de centros de acceso a políticas de seguridad social, son algunas de las coincidencias entre distintos barrios del mapa platense que golpean a diario y hunden en la desesperación a los vecinos.
En las afueras de la ciudad de La Plata existen ejemplos concretos que grafican esta situación de abandono estatal. Susana “Pocha” Camiña es vecina responsable desde hace más de diez años del Centro de Extensión “Por un futuro mejor” (UNLP) del barrio Altos de San Lorenzo, donde se dan clases del Plan FinEs –un programa que flota en la indefinición sobre su continuidad– y se tiende una mano a las necesidades de los vecinos en cuanto a sus carencias esenciales.
En diálogo con Contexto, sostuvo que “en el Centro hacíamos jornadas con la Anses, que venía una vez por mes y ahora no viene más. La gente venía acá sin tener que ir al centro para hacer trámites”. Allí los vecinos accedían a la resolución de gestiones tales como la Asignación Universal por Hijo, las jubilaciones y el acceso a la garrafa social.
Altos de San Lorenzo no es una excepción. La política pública de los Centros de Acceso a la Justicia está siendo desmantelada. En esos espacios, los vecinos de los barrios alejados del centro urbano y con derechos sociales reducidos podían acceder a políticas similares a las que brindaba el Centro de Extensión de Camiña. El macrismo, en el Gran La Plata, Berisso y Ensenada, cerró siete de los once CAJ: Arturo Seguí, Gambier, Los Hornos, Romero, Altos de San Lorenzo, Berisso y Ringuelet.
Un combo sacude las condiciones de vida del barrio Altos de San Lorenzo: precios y desempleo trepan a la par. “El año pasado teníamos un grupo de chicos de nuestro FinEs que trabajaban en una cooperativa de limpieza en el Paseo del Bosque. Desde los primeros días de marzo no tienen más trabajo”, afirmó Camiña. “Había una cooperativa de mujeres que también se quedaron sin laburo. De las cooperativas municipales, el 90% se quedó sin trabajo en el barrio”, señala Camiña, y agrega: “De la Municipalidad y de Desarrollo Social el barrio no recibe ningún tipo de ayuda. Los comedores que organizan los vecinos nos vienen a pedir leche en polvo, pero ahora no tenemos nada”.
Referentes barriales de las zonas de Los Hornos y los barrios Santa Ana y Don Fabián también son un ejemplo del desamparo. Virginia Denis, militante de la Juventud Peronista de la Unidad Básica de Los Hornos “La Patria es el otro” (74 y 154), y Pablo Vetere, de la misma organización pero en los barrios Santa Ana, Don Fabián y Malvinas, coinciden en los reclamos que les acercan los vecinos: el alimentario, para la puesta en marcha de comedores y copas de leche ante la ausencia del Estado, y por los ya inexistentes contratos laborales que tenían con el Gobierno de Pablo Bruera.
El actual intendente de La Plata, Julio Garro, decidió privatizar en marzo el servicio de recolección de basura, ahora en manos de la empresa Esur, que desplazó a la mayor parte de las cooperativas, lo que deja a la intemperie a los cooperativistas, que tenían contratos precarios con el bruerismo pero ahora están en la anda. “El barrio tenía una fuerte impronta de trabajadores municipales, por eso impactó mucho el desempleo, porque era el único sostén para las familias”, advirtió Vedere.
“Los vecinos están pidiendo formas alternativas para paliar la situación. Es la muestra de que la economía ha impactado en los bolsillos de los vecinos, porque el problema central hoy es cómo pagar la olla”, dijo Vetere. Y añadió: “Los vecinos empezaron a juntar firmas para pedir la apertura del comedor municipal, que desde diciembre no abrió más. Hay uno que desde el cambio de gestión no abrió nunca más, y está en 156 entre 528 y 529”.
“Donde antes había un espacio para hacer alguna actividad de otro tipo, hoy se está empezando a visibilizar como posible copa de leche o comedor porque los chicos no están comiendo. La necesidad urgente es la comida; lo que más vienen a consultarnos es por si tenemos mercadería”, concuerda Virginia Denis.
Ante este cuadro de situación, Denis y compañeros de militancia se acercaron a la Escuela Nº 35 de Los Hornos (155 y 90), donde asisten la mayor parte de los estudiantes, para poner en común las preocupaciones y buscar soluciones con las autoridades de la institución. “Nos dijeron que les tienen que avisar a los estudiantes que les digan cuándo no van a clase para que le den el cupo de comedor a otro”.
El desmantelamiento del programa nacional de Conectar Igualdad, con 1.100 despidos, es otro punto que perjudica a los jóvenes: “Si a los estudiantes se les rompe la computadora, o se les bloquea, la escuela ya no se las arregla; lo tienen que resolver de manera individual. La escuela ya no es una vía para poder resolver esa situación”.
“Si antes eran barrios a los que al Estado le costaba llegar por su dimensión, su lejanía o porque las políticas públicas no terminaban de alcanzar, ahora directamente la situación está marcada por el retiro del Estado a partir de los ajustes y falta de implementación de políticas públicas”, aseguró Denis, quien agregó que, en el empleo de los vecinos, de las cooperativas que dependían del municipio quedó una sola, mientras que muchas mujeres que hacían trabajos domésticos lo hacen menos o ya no los tienen, lo que da cuenta de los ahorros a los que acude la clase media: “Mujeres que trabajan en casas particulares sufrieron un recorte de horas o ya ni van, porque no lo puede pagar sus empleadores”.
Avanzado el frío en la región, otra de las primeras necesidades en los barrios son las garrafas sociales, teniendo en cuenta que no hay instalaciones de gas natural. Los tres consultados por Contexto apuntaron que la garrafa social subsidiada por el Estado es historia. “Acá en el Centro venían a hacer el trámite para la garrafa. Ahora los vecinos tienen que comprar la garrafa de 10 kg a 140 pesos”, señala Camiña. Vetere y Denis mencionaron el mismo problema.
“Otras problemáticas son el acceso a la salud en las salitas”, afirmó Denis. “Dependen de provincia, donde hay menos cantidad por barrio, lo que se suma a los paros de médicos provinciales de los hospitales San Juan de Dios y San Martín, donde acuden los vecinos de Los Hornos”. Los paros en más de setenta hospitales públicos son debido a la irrisoria oferta salarial de Vidal del 16%, que fue rechazada por el sindicato CICOP.
“Hay una especie de desesperación e incertidumbre en los vecinos, porque reciben una cachetada tras otra”, concluyó Denis.
