«Este no es un juicio a Cristina Kirchner, sino al peronismo y a los gobiernos populares», fue quizás una de las definiciones más fuertes que dejó Cristina Fernández de Kirchner en el discurso que brindó durante más de una hora y media, donde desarrolló la trama de corrupción y complicidad política, judicial y mediática que atraviesa la llamada causa «Vialidad».
El mensaje enviado por la vicepresidenta este martes representó no solo el derecho a la propia defensa que el llamado «Partido Judicial» decidió negarle al impedir la ampliación de su indagatoria, sino también una nueva exposición a los ojos de la sociedad sobre los intereses reales a los que responde la ya instalada persecución judicial en la Argentina.
El repaso realizado por la vicemandataria no fue otra cosa que poner a la luz, una vez más, el accionar permanente en el que conviven medios de comunicación, operadores políticos y judiciales en búsqueda de demonizar a la principal referente no solo de un Gobierno, sino de la representatividad de un sector de la sociedad referenciada en el campo popular. Ese mismo sector que, de aquí a un año, volverá a decidir los destinos del país en las urnas.
Sin embargo, el «pelotón de fusilamiento» político, judicial y mediático (como lo definió Fernández de Kirchner) termina por consagrar en estos días en sus coberturas mediáticas su búsqueda por una virtual proscripción de CFK de cara a las próximas elecciones. Durante las últimas semanas, los voceros del periodismo corporativo decidieron calificar como «contundente» el alegato de Diego Luciani, sin que haya una sola evidencia concreta de una «asociación ilícita» conducida por la vicepresidenta.
De la misma manera reaccionaron ante el discurso de Fernández de Kirchner. A pesar de demostrar la falta de solidez en las acusaciones del Poder Judicial, los titulares de este martes a través de sus principales plumas descalificaron y deslegitimaron los argumentos de la vicejefa de Estado. Daniel Santoro (Clarín) lo definió como «un descargo inconexo, contradictorio y sin pruebas que desmientan la grave acusación en su contra». En esa misma línea se pronunció el artículo de Mariano Spezzapria en La Nación, «El extraño argumento político de Cristina Kirchner», también del martes.
Inconexo, contradictorio, sin pruebas, extraño. De más está aclarar que sí existen pruebas, por ejemplo, de las operaciones extorsivas de «Pepín» Rodríguez Simón (causa por la que está prófugo) y su influencia en la designación «a dedo» de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en la Corte Suprema. De la misma manera que existen pruebas sobre las reuniones de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky en la Quinta de Olivos con Mauricio Macri. Cabe preguntarse si estos elementos no resultan acaso extraños para los grandes medios de comunicación de Argentina.
«Las reacciones de la oposición al descargo en vivo de Cristina Kirchner: ‘Un stand up bastante aburrido’», fue uno de los principales titulares que decidió exponer el diario La Nación, poniendo en el centro declaraciones de figuras como Margarita Stolbizer, Mario Negri, Martín Lousteau y Roberto García Moritán. El portal web de TN también decidió realizar el recorte «La oposición respaldó a los fiscales y criticó a Cristina Kirchner: ‘No pudo rebatir las pruebas’», acaso ubicando a CFK (a contrapelo del principio básico de presunción de inocencia) en el lugar de culpable hasta demostrar lo contrario.
En ese sentido publicó su principal nota Infobae, donde tituló que «a pesar de la extensa presentación, Cristina Kirchner no hizo referencia a las acusaciones de la Fiscalía», corriendo el foco de los argumentos de la vicepresidenta e insistiendo en la presunción de culpabilidad que los medios ya han sentenciado.
El irregular rumbo encarado por el Poder Judicial a lo largo del proceso, la negación de una declaración indagatoria ampliada, la presión de voceros opositores y el megáfono proporcionado por el periodismo corporativo quedaron en evidencia en su rol de «pelotón». Tal como lo definió la propia Fernández de Kirchner, el desarrollo de los hechos muestra un proceso judicial cuyo objetivo no parece ser la búsqueda de la verdad y la justicia, sino el disciplinamiento político.
