Por Alejo Llamas, Giuliana Pates y Julieta Caruso
La comunicación es un derecho inalienable, es decir, todos tenemos derecho a acceder a informaciones veraces y a la pluralidad de opiniones. El Estado debe garantizar que se cumpla con este principio, más aún cuando se trata de la comunicación pública. No obstante, algunas acciones del nuevo Gobierno nacional parecieran indicar lo contrario. ¿Se está orientando la comunicación hacia la mercantilización y la privatización?
La decisión del Gobierno de suspender la pauta oficial a los medios tradicionales por al menos un año se produjo al mismo tiempo que las recién estrenadas cuentas oficiales de los ministerios en redes sociales comenzaron su actividad con una gran cantidad de seguidores, en algunos casos, llegando a millones. Muchos usuarios denunciaron que no habían dado click en «Seguir» ni en «Me Gusta», e incluso desconocían la existencia de estos perfiles.
Ante los reclamos, la empresa Meta, dueña de Instagram y Facebook, dio su explicación, no del todo clara: hubo un traslado de seguidores desde cuentas anteriores del Estado (Ministerios de Cultura y de Educación, por ejemplo) a las nuevas cuentas sin autorización de los usuarios. Pero no se trata de un cambio de nombre de las cuentas anteriores, sino de perfiles nuevos que obtuvieron seguidores mediante un mecanismo poco transparente, presumiblemente a través de un acuerdo entre la empresa Meta y el nuevo Gobierno. Hasta el momento, ninguna autoridad nacional brindó explicaciones sobre lo ocurrido.
Esta acción no parece aislada si se toma en cuenta la ausencia de transmisión de la jura de ministros (un acto público que deviene privado), el corte de la transmisión de la gala en el Teatro Colón el día de la asunción presidencial, la grabación de los primeros anuncios económicos sin instancia de intercambio con periodistas, las pocas preguntas permitidas al vocero presidencial en las conferencias de prensa o la quita de pauta oficial, que impacta drásticamente en los medios alternativos, dado que pone en juego su supervivencia, mientras que para los grandes grupos mediáticos la pauta representa un mínimo porcentaje de su facturación.
Lo que también se vio durante estos días es que los community managers de la campaña presidencial de La Libertad Avanza son quienes transmitieron por sus redes sociales parte de estos actos oficiales. Se trata de dos jóvenes que serán funcionarios y lo desempeñarán, según anticiparon, ad honorem. No dieron información, sin embargo, acerca de la monetización de esas cuentas, que crecen con las interacciones al convertirse en los únicos canales de cobertura.
Además, la cuenta oficial de Casa Rosada en X (antes Twitter, red social cuyo dueño viralizó una entrevista de Milei en campaña), verificada como gubernamental desde gestiones anteriores, no está siendo utilizada. En cambio, la información oficial se publica en una nueva cuenta verificada mediante pago a la red, sin saber quién monetiza su actividad.
Pareciera que la decisión de quitar la pauta oficial de medios tradicionales se debe a un redireccionamiento de la comunicación pública hacia las redes sociales, donde la campaña electoral fue más exitosa para el candidato ganador. En este sentido, llama la atención que mientras se reducen y fusionan algunas áreas de gobierno destinadas a políticas sociales, se crean otras como la Secretaría de Redes Sociales.
Todas estas acciones abren un campo de preguntas en torno a la estrategia del Gobierno para gestionar la información oficial a través de las plataformas digitales. ¿Cómo accedieron a esa cantidad de seguidores? ¿Qué articulaciones hay con empresas como Meta? ¿Con qué criterios usarán la información de los usuarios? ¿Van a recurrir al periodismo o, en cambio, brindarán información solo a través de sus propias redes? ¿Se monetiza ese contenido? ¿Quiénes podrán acceder a la información y quiénes no?
Por todo esto, es importante reflexionar sobre los mecanismos de producción y circulación de información oficial. Para esto, es clave problematizar la utilización de las redes sociales como canales de comunicación entre el Gobierno y la ciudadanía, ya que esa comunicación está mediada por corporaciones que persiguen sus propios intereses económicos. Desde el punto de vista comercial, las personas son reducidas a consumidores, y, en el afán de optimizar ventas, la información es un recurso estratégico porque permite clasificar, moldear y segmentar perfiles. En cambio, desde el punto de vista público, se debería garantizar el acceso libre y democrático a la información para todos los ciudadanos.
La comunicación pública no debería estar supeditada a las lógicas comerciales de unos pocos grupos económicos. Por definición, es un bien público y un derecho humano fundamental, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en pactos y tratados internacionales. En nuestro país, fue reafirmada en la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (sancionada en 2009 y modificada mediante decretos en 2016) y el Decreto Nº 690 (sancionado en 2020), que establece que las telecomunicaciones son un servicio público esencial y estratégico (declarado nulo por la Justicia en noviembre de 2023).
Los reiterados intentos por modificar el reconocimiento legal de este derecho, a los que se suman los recientes acontecimientos, nos dan una pista de la lucha abierta que se da entre los intereses económicos y el bien público. Es función del Estado garantizar la comunicación de los actos públicos, sin censuras ni prohibiciones, el derecho a la información de toda la población y el acceso a la pluralidad de opiniones y voces. Esto resulta fundamental para fortalecer la democracia, la participación y la construcción ciudadana.
