Por cuarta vez, el proyecto para una nueva ley de VIH, hepatitis, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual fue presentado en la Cámara de Diputados, esta vez con el respaldo de todos los bloques, que se comprometieron a darle un pronto tratamiento.
Con el impulso del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH y Hepatitis Virales, la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard presentó nuevamente esta iniciativa que busca ser una instancia superadora a la actual normativa, sancionada en 1990, con un cambio de paradigma enfocado en los derechos humanos.
«Hoy volvemos a presentar un proyecto de ley que es el fruto del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, para dar respuesta integral al tratamiento de VIH, hepatitis virales, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual. Esta iniciativa contempla un abordaje integral, interseccional e intersectorial que no se limita a la salud, sino que también prevé la protección social a las personas que padecen estas patologías, trabajando para erradicar el estigma y la discriminación y garantizando derechos para esta población que ha sido vulnerada por años», explicó Gaillard durante la presentación, donde estuvo acompañada por diputadas y diputados de todos los bloques.
El proyecto desembarcó tres veces en la Cámara Baja. Una en 2016, consiguiendo dictamen en la comisión pero no pudiendo avanzar más allá; otra en 2018, donde fue cajoneado; otra el año pasado, que, si bien consiguió dictamen en comisiones, no fue tratado en extraordinarias.
En ese sentido, la diputada del Frente de Todos pidió un tratamiento urgente de la normativa, reclamo que fue acompañado por las organizaciones presentes. «Es una ley con mirada interdisciplinaria, con enfoque de derechos y perspectiva de género, que tiene la fuerza del amplio consenso de todas las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados. La cuarta es la vencida, después de frustrados intentos de tratamiento», sostuvo.
El diputado y ex ministro de Salud Daniel Gollan también se refirió a la urgencia de su sanción y a la importancia de esta ley. «Da una respuesta integral, interdisciplinaria e interseccional. Además, por la atención a personas gestantes, el proyecto tiene perspectiva de género. Ni bien estén conformadas las comisiones de salud y presupuesto, nos comprometemos a tratar y aprobar este proyecto. Que sea ley en abril», afirmó.
Alberto Stella, director de ONUSIDA para el Cono Sur, remarcó que «este proyecto ampara al ciudadano en la universalización de derechos humanos, debido al fuerte componente de protección social que brinda. No hay motivos para oponerse a su aprobación. A partir de la participación de la sociedad civil, Argentina es vanguardia en ampliación de derechos».
Esta iniciativa cuenta con la firma de los diputados y diputadas Daniel Gollan, Myriam Bregman, Maximiliano Ferraro, Silvia Lospennato, Margarita Stolbizer, Juan Manuel López, Gabriela Lena, Mara Brawer, Leonardo Grosso, Mónica Macha, Cecilia Moreau, Florencia Lampreabe, Gabriela Estévez, Blanca Osuna, Romina del Pla, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Itaí Hagman, Marcela Passo, Estela Neder, Mónica Litza, Paola Vessvessian, Pamela Calletti, Susana Landriscini, Lía Verónica Caliva, Hilda Aguirre, Nancy Sand, María Rosa Martínez, Tanya Bertoldi, María Eugenia Alianiello, Agustina Propato, Graciela Caselles, Fabián Borda, Cristina Brítez, Gabriela Pedrali, Carolina Yutrovic, Mabel Luisa Caparros, Estela Hernández, Alicia Aparicio, Anahí Costa, Carlos Cisneros, Mónica Fein, Eduardo Toniolli, Alejandra Del Huerto Obeid, María Lucila Masin, Tomas Ledesma, Natalia Zaracho, Vanesa Laura Massetani, Camila Crescimbeni, Magalí Mastaler y Brenda Magali Vargas Matyi.
Sobre el proyecto
Según explica la organización Ciclo Postivo, parte del Frente de organizaciones, a diferencia de la ley vigente (Ley N° 23.798), sancionada treinta años atrás, el actual proyecto «tiene un enfoque de género y de derechos humanos para asegurar los derechos y garantías inherentes a la condición humana para todas las personas con VIH, hepatitis, TBC e ITS». En ese marco, la iniciativa «pone en el centro de la escena los determinantes sociales de la salud y la eliminación del estigma, la discriminación».
Para avanzar hacia el cumplimiento efectivo de los derechos y la no discriminación, el proyecto propone la eliminación de la prueba preocupacional para diagnosticar estas enfermedades; la producción pública de medicamentos y el acceso universal, oportuno y gratuito a los mismos; la capacitación y promoción dentro del sistema de salud para acompañar a las personas diagnosticadas; la provisión de tratamientos y servicios para quienes nacieron con VIH y la promoción de la investigación. Asimismo, la creación de dos entes: una Comisión Nacional de VIH, hepatitis, TBC e ITS que reúna a organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil y un Observatorio Nacional de Estigma y Discriminación bajo la órbita del INADI para visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas con VIH, hepatitis, TBC e ITS.
Además, el proyecto hace hincapié en el desarrollo de programas destinados a la prevención, «teniendo en cuenta las desigualdades, discriminaciones que sufren las mujeres», apostando a la construcción de una nueva ley con perspectiva de género.
