El decreto de necesidad y urgencia (DNU) impulsado por el presidente Javier Milei a días de asumir ya rige de manera oficial. A pesar de las reiteradas manifestaciones populares, los pronunciamientos de los especialistas y los amparos presentados, el Poder Judicial se llamó al silencio.
Con una fuerte desregulación de la economía, que afecta profundamente los derechos laborales así como el acceso a la vivienda, a la alimentación, a la salud y a la cultura, el megadecreto de Milei había sido presentado el 21 de diciembre, pero entró en vigencia el 29, tal como estipula la normativa. Durante estos días, fueron los sindicatos y organismos de derechos humanos los que se presentaron a diferentes tribunales en busca de ponerle un freno en la Justicia.
El Fuero Contencioso y Administrativo recibió «al menos 25 amparos», mientras que la Justicia del Trabajo, otros presentados por la Confederación General de Trabajadores (CGT), la Central de Trabajadores Argentina (CTA). La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) hizo lo propio en Comodoro Py, con una denuncia penal por «abuso a la autoridad». Solo hubo un pronunciamiento, en lo que respecta a la presentación de la CGT, rechazado por no estar aún en vigencia el DNU.
Lo que advierten en líneas generales los sindicatos es que el DNU introduce una serie de modificaciones que afectan el mercado laboral directamente, siendo en ese sentido «una reforma laboral» camuflada, y parte de su articulado está orientado a limitar el derecho a huelga de un sinnúmero de actividades. En el caso de ATE, particularmente la denuncia a Milei apunta también a los 7.000 despidos en la Administración pública.
Los sindicatos señalan también la inconstitucionalidad del decreto, lo que es ratificado por especialistas. El reconocido abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat señaló en diálogo con este medio que «el mega DNU constituye un acto de violencia institucional».
Otra de las presentaciones judiciales fue del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que señaló la «inconstitucionalidad del DNU», afirmando que «se aparta del principio de división de poderes, así como suprime y restringe derechos, garantías individuales y colectivas de amplios sectores sociales».
Una de las últimas presentaciones judiciales la hizo el gobernador riojano, Ricardo Quintela, quien directamente presentó ante la Corte Suprema de Justicia una «una acción declarativa de certeza» para que el máximo tribunal se pronuncie respecto de la constitucionalidad o no del megadecreto.
«Con la vigencia del DNU N° 70/2023 se lesiona gravemente el federalismo, la institucionalidad de nuestra república, y se coloca en un estado de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad argentina en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales. Por eso, este reclamo que lo hago en nombre de mi provincia, busca en el Poder Judicial de la Nación un pronunciamiento que garantice la vigencia del estado de derecho y consolide los valores de nuestra Democracia», publicó en sus redes el gobernador.
