El oficialismo logró ratificar el veto de la Ley de Financiamiento Universitario, que actualizaba los salarios docentes y Nodocentes por inflación, retroactivo a enero y hasta diciembre. Con 160 votos afirmativos, 84 negativos y 5 abstenciones sobre 249 legisladores presentes, la oposición no pudo insistir con el proyecto original que había sido sancionado por mayoría en ambas cámaras. Vale recordar que se requerían dos tercios de los presentes para rechazar un veto presidencial.
De esta manera, con el respaldo del macrismo, el Gobierno nacional antepuso su plan de ajuste fiscal antes que la financiación de la educación superior, a pesar de que la ley implicaba apenas el 0,14% del PBI.
Para la ratificación del veto, además de acompañamiento casi completo del PRO —sólo dos votaron a favor de la ley—, fueron claves para la Casa Rosada los tres tucumanos que responden al gobernador peronista Osvaldo Jaldo, quienes se desprendieron del kirchnerismo a principios de año para jugar a favor del Gobierno. Además, de los cinco “radicales con peluca” que habían apoyado a Milei con la ley de movilidad jubilatoria, cuatro lo volvieron a hacer.
En tanto, los cuatro misioneros alineados con el gobernador Hugo Passalacqua cambiaron su voto. En agosto habían votado a favor de las universidades y ahora se abstuvieron.
En sus discursos, los diputados libertarios recurrieron a sus muletillas de avanzar contra los “curros” y las “cajas” de las universidades. Mientras que el grueso de la oposición le cuestionó que la educación sea una variable de ajuste, sobre todo una semana después de la segunda marcha masiva de este año en defensa del sostenimiento de las casas de estudio.
Por su parte, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez aseguró que «sí hay plata» y señaló que la SIDE incrementó «el crédito inicial del 2024 de $65.000 millones a un crédito inicial el año que viene de $350.000 millones». Y lanzó: “Para los espías de Santiago Caputo sí, pero para las universidades no».
A su turno, su compañera de bloque Blanca Osuna cuestionó “este feroz ataque a la universidad pública que nos avergüenza”. “Creemos en un país con desarrollo integral, donde las universidades son condición necesaria”, enfatizó.
Por el lado del PRO, bloque que resultó clave para el desenlace legislativo, adujeron que el Congreso no tiene como función negociar las paritarias, y advirtieron que el resultado de este ley tendrá “señales al mercado”, dijo el diputado Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación durante el Gobierno de Mauricio Macri.
Cristian Ritondo, presidente del bloque dijo que su espacio “es responsable y coherente con lo que dijimos en la campaña, con lo que pensamos y con los valores que tenemos. No negociamos el cambio”.
Antes de la sesión, durante la XXXV Asamblea Plenaria del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), Milei fustigó contra la Ley de Financiamiento Universitario. “Es un mero eufemismo para defender los curros de tres o cuatro delincuentes que utilizan una causa noble y la prostituyen para ganar dinero a costa de robárselo a los alumnos y a los profesores”.
Protesta y paro universitario
Desde la mañana, afuera del Congreso se concentraron gremios universitarios y estudiantes en reclamo de insistencia por el veto. “Si hay veto, hay paro”, advirtió el Frente Sindical Universitario en una conferencia de prensa organizada junto con las distintas organizaciones estudiantiles. Así anticiparon que si que si se ratifica el veto se profundizará el plan de lucha.
“Hoy podrán vetar la ley. Lo que no puede hacer el gobierno es volver atrás este rechazo generalizado”, afirmó Carlos De Feo, secretario general de CONADU. “La única forma de avanzar en las políticas que proponen es haciendo lo que dijeron que venían a combatir: comprando voluntades de la peor manera que se haya visto en la política argentina”.
Tras conocerse la votación, los gremios universitarios anunciaron un paro para el jueves 10, lo que avecina un recrudecimiento de las protestas.
El 92 % de docentes sin antigüedad cobra un salario por debajo de la línea de pobreza; mientras que al 87 % de docentes con 10 años de antigüedad sus salarios tampoco les alcanza para cubrir la canasta de servicios y bienes que miden la pobreza, según un informe de las universidades de Río Negro y San Martín que difundió el CIN.
