Tras un mes de intensos debates, el oficialismo logró conseguir dictamen para la ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», conocida como ley ómnibus, una versión reducida de la que fracasó en el verano. Ahora, con el apoyo de la oposición dialoguista, buscarán aprobarla en el recinto, previo al 1º de mayo, cuando se espera una masiva movilización de la CGT en rechazo de las políticas que impulsa el Ejecutivo nacional, entre ellas, la reforma laboral.
El proyecto, con 232 artículos, busca declarar la emergencia administrativa, económica, financiera y energética durante un año, delegando en estas materias facultades al Gobierno nacional, que deberá informar «mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos».
Estas facultades delegadas buscan «mejorar el funcionamiento del Estado», «reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal» y «asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública».
En este marco, faculta al Poder Ejecutivo Nacional a disponer respecto de los organismos estatales «la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades cuyo mantenimiento resulte innecesario y su reorganización, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias». Asimismo, se aclara que quedan excluidos los órganos u organismos del Poder Judicial, el Legislativo, el Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan, las universidades nacionales, el CONICET y el INTA.
Entre las principales modificaciones que se introdujeron en las últimas horas se encuentra la eliminación del Banco Central de las empresas que se pueden privatizar, mientras que sobre la Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Yacimientos Carboníferos Río Turbio aclara que se podrán «únicamente organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin» e «incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social».
Quedan sujetas a privatizar Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo S.A.U., y podrán concesionarse/privatizarse AySA, el Correo Oficial, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.
En materia previsional, se elimina la moratoria 2023 y se incorporará la Prestación de Retiro Proporcional, destinada a personas de 65 años que no hayan logrado cubrir los 30 años de aportes. Este artículo implica que la mayoría de las mujeres que hoy pueden jubilarse, gracias a la moratoria, a los 60 años tengan que trabajar cinco años más para poder acceder a la nueva prestación.
En busca de lograr votos y no generar mayores rispideces con la CGT, la reforma laboral en el dictamen terminó mucho más acotada que la pretendida por el Gobierno y la oposición amigable. Entre los puntos se incluyen la ampliación del periodo de pruebas; la constitución de un fondo de cese que reemplace a las indemnizaciones; la derogación de multas por no registración laboral; la prohibición de trabajar hasta 45 días antes y después del parto; agravantes en el despido por discriminación, entre otros puntos. En este punto, se dejó de lado un artículo que buscaba imponer el radicalismo y que fue rechazado de lleno por el resto de la oposición: la quita de las cuotas sindicales compulsivas.
Junto a la reforma laboral y la ley Bases, también se discutirán las reformas fiscales. Allí se incluyen modificaciones al impuesto a las ganancias, que pasará a pagarse a partir de salarios de 1,800 millones de pesos para solteros y 2,200 millones de pesos para casados, montos que pasarán a actualizarse de manera trimestral. En cuanto al monotributo, actualiza topes de facturación y cuotas con subas de entre 300 y 330 %.
Asimismo, establece modificaciones a los pisos del pago de impuesto a bienes personales, que será de 100 millones de pesos, y la deducción por la vivienda familiar pasará a 350 millones de pesos.
El paquete fiscal además incluye un blanqueo, que permite regularizar activos no declarados de hasta 100.000 dólares, sin pagar ningún interés ni impuesto especial.
