A través del Boletín Oficial y con festejos del ministro Federico Sturzenegger, el Gobierno nacional anunció el despido de 104 trabajadores y trabajadoras de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, un ente creado para velar por el derecho a la comunicación y los derechos de las audiencias en 2009. Fuerte repudio de organismos y sindicatos.
Para el ministro de Desrugulación y Transformación del Estado, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y con el ello la Defensoría, fue «diseñada por el kirchnerismo para doblegar al periodismo independiente». Ahora, con la resolución 107, «baja la planta de 144 empleados a 40, aliviana la estructura, remata el estudio de televisión y restringe el uso del organismo como herramienta de persecución», publicó Sturzenegger en sus redes.
En este punto, el Ministro comparó al presidente Javier Milei, con un procer como Domingo Faustino Sarmiento, por el estilo «frontal, abierto y transparente» con el se refieren a la prensa. Para Sturzenegger, Milei y su Gobierno «proponen una discusión abierta y transparente donde se respeta plenamente el derecho de expresarse de todas las partes. Los modos y su contenido serán objeto de evaluación del votante. Pero no se usa el dinero público ni para comprar voluntades ni para amedrentar opositores. Es todo lo contrario de lo que hacía el kirchnerismo que usaba los recursos públicos para disciplinar a la prensa a espaldas de los ciudadanos, pero usando su dinero».
Vale destacar que la Defensoria fue creada para promover, difundir y defender el Derecho a la Comunicación democrática de las audiencias de los medios de comunicación audiovisual en todo el territorio nacional, garantizando la libertad de expresión de quienes producen contenidos, determinando facultades y obligaciones de quienes emiten y son receptores de medios. También tiene el objetivo de intermediar entre ambos extremos en representación de los intereses y derechos de las audiencias.
Una de las que salió a hablar, fue la periodista Miriam Lewin, última defensora del público antes de su intervención. «El gobierno que basa su comunicación en una granja de cientos de twitteros que persiguen e intimidan al que piensa distinto dicen que en la Defensoría del Público se perseguía a la prensa. Curioso», publicó en sus redes.
El Secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), Diego Pietrafesa, también se sumó a las críticas «La Defensoría del Público no perseguía a nadie. Sin poder punitivo alguno, solo intentaba advertir de malas praxis periodísticas como la del ‘dióxido de cloro’, que se cobró la vida de un pibe. Son el mal», sostuvo.
El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló: “Rechazamos este centenar de cesantías ilegales que le pone fin a la comunicación democrática en el país y allana el camino para los propios ensobrados que el Gobierno quiere tener”.
“Con esta medida, terminan de aniquilar el derecho a la comunicación democrática que tienen las audiencias de todos los medios de comunicación audiovisuales. Se quiere evitar que los medios y periodistas oficialistas sean denunciados. Quieren impedir todo tipo de reclamo de parte de las audiencias. Se trata de un verdadero ataque a la democracia”, indicó el dirigente estatal.
En este marco, el Secretario General de ATE apuntó: “Sin lugar a dudas esta es una decisión que está orientada a fortalecer el relato fantasioso de un Gobierno que pretende hacernos creer que es el mejor de la historia, pero con sus políticas en tan solo 12 meses deterioró de manera grave las condiciones de vida de toda la gente”.
