La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de modificación del impuesto a las ganancias enviado por el ministro de Economía, Sergio Massa, la semana pasada, que eleva el piso imponible a gravar llevándolo a los quince salarios mínimos (actualmente, más de 1,7 millones de pesos).
La considerable suba permitirá eximir del pago casi a la totalidad de los trabajadores en relación de dependencia que hasta ahora pagaban el impuesto y continuará aplicándose a unas 90.000 personas.
Pasadas las 21 se produjo la votación de la norma, que tuvo el acompañamiento del Frente de Todos, la izquierda, los libertarios y distintas fuerzas provinciales que alcanzaron los 135 votos positivos, mientras que el bloque completo de Juntos por el Cambio se manifestó en contra con 103 votos, a pesar de que habían prometido durante el gobierno de Mauricio Macri eliminar el tributo.
El ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, estuvo presente en uno de los palcos durante la sesión, acompañado por parte de la cúpula de la CGT, entre ellos, Héctor Dáer, Pablo Moyano y Carlos Acuña. Tras la media sanción, el funcionario celebró en redes sociales con una postal de su paso por el Congreso y la leyenda «El salario no es ganancia».
El proyecto busca eliminar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y en su lugar crear un impuesto cedular que grava los altos ingresos, considerados aquellos que se ubican por encima de los quince salarios mínimos, con una alícuota progresiva que va del 27 % al 35 % y se actualizará dos veces al año de acuerdo con el valor del salario mínimo, vital y móvil.
«Este proyecto debe ser evaluado dentro del conjunto de solicitudes que la sociedad nos viene haciendo, que han reclamado insistentemente, y que ha motivado que existan unos treinta proyecto modificando la ley actual», sostuvo el titular de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, miembro informante del dictamen de mayoría que logró el oficialismo.
«Este tema ha sido eje y promesa de campaña de Gobiernos anteriores, que plantean su eliminación lisa y llana, promesa que no solo no se concretó, sino que elevó de manera significativa la cantidad de trabajadores y trabajadoras alcanzados por el impuesto», dijo el diputado, y agregó: «Lo más notable es que en ese mismo período las mismas informaciones oficiales hablan de que el salario tuvo una pérdida del 20 %; es decir que llegamos a la paradoja de un sistema que rebajó los ingresos y aumentó la carga impositiva de esos mismos sujetos».
Por su parte, el diputado Alejandro Cacace, del radicalismo, sostuvo que «frente a un proyecto que no busca solucionar la situación de los que menos tienen, que perjudica las arcas estatales, que es irresponsable, injusto y regresivo, Juntos por el Cambio elige la responsabilidad para con los ciudadanos». Luciano Laspina, cercano al equipo económico de Patricia Bullrich, se manifestó en la misma línea y consideró que «es una ley que beneficia a 800.000 personas y perjudica a 47 millones de argentinos, poniendo al país al borde de la hiperinflación». La postura general del bloque de Juntos por el Cambio se centró, tal como habían expresado en el comunicado de rechazo que lanzaron la semana pasada, en que la medida no cuenta con otras fuentes de financiamiento para suplir la baja en la recaudación, lo que podría generar más inflación.
