Por Gabriela Calotti
La Justicia platense dictó por unanimidad la pena de reclusión perpetua para el subcomisario Luis Raúl Ponce, que hace 26 años, siendo jefe de turno y de operaciones de la Brigada de Investigaciones, ordenó la detención ilegal de Andrés Núñez, a quien torturaron hasta la muerte junto a los policías que formaban “el grupo operativo número 5” de esa repartición y a quien enterraron en un campo de General Belgrano, pertenenciente a un pariente de uno de los uniformados.
El tribunal de la Sala II de la Cámara Penal de La Plata integrado por los jueces Raúl Delbés, María Oyhamburu y Claudio Bernard condenó el viernes a Ponce, tal como había requerido la Fiscalía, a la pena de reclusión perpetua como coautor por los delitos de privación ilegal de la libertad y tortura seguida de muerte, en el marco del segundo juicio realizado contra efectivos de la Bonaerense por el secuestro y asesinato de Núñez, un albañil de treinta años cuya pasión era jugar al fútbol y al que querían endilgarle el robo de una bicicleta.
“El Tribunal resuelve por unanimidad condenar a Luis Raúl Ponce, argentino, casado, instruido, nacido el 11 de octubre de 1954 en Saladillo […] a la pena de prisión perpetua e inhabilitacion absoluta por encontrarlo penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada, en concurso real con torturas seguidas de muerte, hechos cometidos entre el 27 y 28 de septiembre de 1990 de resulta la víctima Andrés Alberto Núñez”, poniendo así fin al proceso judicial que comenzó el 13 de marzo pasado.
En 2011, durante el primer juicio por el asesinato de Andrés Núñez, el ex cabo Víctor Dos Santos y el ex sargento Alfredo González fueron condenados a perpetua. El ex oficial inspector de la Policía bonaerense, Pablo Martín Gerez, sigue prófugo de la Justicia. Ponce estuvo prófugo durante veintidós años. Fue hallado en 2012 cuando utilizaba una identidad falsa y vivía en Junín de los Andes.
En presencia de sus familiares, empezando por Mirna Gómez, pareja de Andrés en 1990 con quien había tenido una nena, de amigos, de integrantes de organismos de derechos humanos, del Colectivo contra el Gatillo Fácil, y de madres cuyos hijos también fueron víctimas de la violencia institucional en democracia. Allí estaban Rosa Bru, mamá de Miguel, estudiante de Periodismo desaparecido en agosto de 1993, y Sandra Gómez, mamá de Omar Cigarán, un chico de diecisiete años asesinado en febrero de 2013 por un policía bonaerense, y cuyo juicio se estuvo llevando a cabo también en estos días.
“Se hizo justicia, pero a mí nadie me lo devuelve al papá de mi hija”, afirmó Mirna Gómez, uno de cuyos testimonios fue el más “contundente” para el Tribunal según una sentencia de más de treinta hojas que fue leída en su integridad.
No obstante, aseguró que “vamos a seguir por más policías y por el prófugo. Hay que encontrar a Gerez. Espero tener vida para que estos hijos de p no sigan en la calle”, subrayó la mujer, emocionada ante la prensa que la rodeó en la misma sala de audiencias.
Según la sentencia, durante el juicio “quedó debidamente acreditado que cuatro policías de civil y armados actuaron bajo las órdenes de Luis Raúl Ponce. Que detuvieron ilegalmente a Andrés Núñez la noche del 27 al 28 de septiembre de 1990 en su domicilio de 78 y 119 y que se lo llevaron en un Fiat 147 claro. Que lo llevaron a la Brigada de Investigaciones donde lo sometieron a tormentos físicos, golpes y al submarino seco”.
“Andrés Alberto Núñez fue torturado hasta su muerte en la Brigada de Investigaciones”, afirmaron los integrantes del Tribunal en sus apreciaciones.
“Para mantener su impunidad llevaron el cuerpo a un campo en General Belgrano donde lo quemaron”, agregó la sentencia, antes de puntualizar que en esa época “la sola invocación de la Brigada causaba terror en la ciudadanía local”.
Para el Tribunal presidido por Delbés, la detención seguida de torturas y muerte de Andrés Núñez “fue un acto deliberado y planificado”, ordenado por Ponce en una “aberrante práctica incompatible con el Estado de derecho” que por entonces regía en el país y en complicidad con la Justicia, como demostró la presencia del juez Amilcar Vara en los hechos ocurridos en la Brigada de Investigaciones.
“Es muy lamentable que jueces y fiscales no hagan velar por los derechos de las personas y avalen estas prácticas denigrantes de grupos operativos que se manejan al margen de la ley”, sostuvo minutos antes de retirarse de los tribunales el juez Delbés.
En su opinión, la fuga de Ponce durante veintidós años fue resultado de un “pacto de silencio” con los otros policías que luego se rompió. “Él optó por estar al margen de la ley y eso es una prueba concluyente”.
La sentencia también apeló a una “autocrítica profunda en la administración de justicia tanto por parte del Ministerio Público como por parte de la Magistratura”.
“La gente no tiene que bajar los brazos. Tiene que seguir tocando puertas», aseguró Mirna Gómez antes de bajar las escaleras de calle 8 entre 56 y 57, donde ya en la calle fue recibida con más aplausos, abrazos y mucha alegría porque se hizo justicia.
