Por Fernando M. López
La expectativa era grande no sólo en Argentina, sino en toda América Latina, antes de que el presidente del Tribunal Federal Nº 1 de la Capital Federal, Oscar Amirante, diera a conocer la sentencia del juicio por el Plan Cóndor.
Uno a uno, el juez fue leyendo los puntos del fallo hasta que por fin llegó la primera condena, nada menos que la de Santiago Omar Riveros, ex jefe de la guarnición militar de Campo de Mayo, para quien el fiscal Pablo Ouviña había pedido veinticinco años de prisión.
El tribunal –integrado, además, por Adrián Federico Grünberg, Pablo Gustavo Laufer y Ricardo Ángel Basílico– coincidió con la solicitud de la fiscalía y lo sentenció a un cuarto de siglo tras las rejas al “considerarlo autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita en el marco del denominado ‘Plan Cóndor’” y “autor mediato” del “delito de privación ilegítima de la libertad”, en perjuicio de veinte víctimas.
El siguiente condenado de la lista fue el último dictador argentino, Reynaldo Bignone, sobre quien también pesaba un pedido de veinticinco años de prisión, aunque finalmente le dieron veinte por “asociación ilícita” y “privación ilegítima de la libertad” en cuatro casos.
Riveros no fue el único con la pena más alta: la misma sentencia recayó sobre el ex agente de la SIDE, Miguel Ángel Furci, y sobre el represor uruguayo Manuel Cordero Piacentini, otro ex servicio de inteligencia que actuó en el centro clandestino de detención y tortura “Automotores Orletti”.
Además, el tribunal condenó al ex director de la Escuela de Caballería, Rodolfo Feroglio (veinte años); al ex jefe del Regimiento Patricios, Humberto Lobaiza (dieciocho); al general retirado Eugenio Guañabens Perelló (trece); al ex jefe de la ESMA, Antonio Vañek (trece); a los oficiales retirados Luis Sadi Pepa, Néstor Horacio Falcón, Eduardo Samuel, Felipe Jorge Alespeiti, todos ellos con penas de doce años de prisión; y al ex jefe del Área Militar 112, Federico Antonio Minicucci (ocho años).
Los represores Carlos Horacio Tragant y Juan Avelino Rodríguez, quienes también habían sido acusados de asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad, resultaron absueltos.
Habrá que esperar hasta el 9 de agosto próximo para conocer los fundamentos, pero por el momento los organismos de derechos humanos se mostraron satisfechos.
“Por primera vez, la Justicia de un país americano ha declarado que ese plan colectivo de las dictaduras de los países del Cono Sur fue una asociación ilícita para cometer delitos de lesa humanidad”, manifestó el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, al concluir la audiencia, y consideró que el fallo tiene una “trascendencia enorme”.
No obstante, aclaró que desde el CELS se le reclama al tribunal por los casos de los genocidas que no pudieron ser condenados porque fallecieron antes del veredicto, como del dictador Jorge Rafael Videla.
“En función del derecho a la verdad, queremos una declaración en favor de las víctimas de Videla en el marco de la Operación Cóndor: Norberto Habegger y la esposa de Edgardo Binstock, al igual que los casos de los padres de Paula Logares y María Victoria Moyano Artigas”, detalló el periodista.
Desde Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas afirmó que “la perseverancia da frutos”, y recordó que “ya son cuarenta años que vivimos en la calle reclamando memoria, verdad y justicia”.
De la audiencia también participó la nieta recuperada del poeta Juan Gelman, Macarena Gelman, quien actualmente es diputada en Uruguay. Cordero Piacentini fue mencionado durante el juicio como uno de los responsables del secuestro de sus padres en Buenos Aires para luego ser trasladados en un vuelo ilegal hasta Montevideo.
En este primer juicio fueron investigados los delitos de lesa humanidad cometidos contra un total de 45 uruguayos, 22 chilenos, 13 paraguayos, 14 argentinos y 11 bolivianos.
Los familiares y víctimas que siguieron en vivo la sentencia desde sus propios países coincidieron en la necesidad de profundizar las investigaciones, tanto en Argentina como en el resto de la región.
“Aquí se va más lento. Hay muchísimas causas, pero muchos militares que cometieron crímenes aún están sueltos”, manifestó la uruguaya María del Carmen Martínez, quien fue secuestrada y llevada a Orletti junto a su compañero, José Hugo Méndez, aún desaparecido.
Por su parte, Rogelio Goiburú, titular de la Dirección de Reparación y Memoria Histórica (DRMH) de Paraguay, consideró que “con este veredicto no se termina, y menos para los paraguayos, a quienes nos abre la esperanza de seguir luchando para que en nuestro país también se haga justicia”. Su padre, Agustín Goiburú, opositor a la dictadura de Alfredo Stroessner, fue asesinado en el marco del Plan Cóndor en 1977.
“Obtuvimos la justicia, nos queda la verdad”, señaló desde Bolivia la diplomática chilena Odette Magnet, hermana de María Cecilia Magnet, una de las víctimas de los represores Lobaiza y Alespeiti, condenados ayer a dieciocho y doce años de prisión, respectivamente.
María Cecilia tenía veintisiete años cuando fue secuestrada en Buenos Aires, el 16 de julio de 1976, junto a su esposo Guillermo «Willy» Tamburini.
“Nadie sabe lo que sucedió con nuestra gente, no tenemos información porque los asesinos no hablan, no van a hablar, y eso es muy frustrante”, añadió su hermana, actual agregada de Prensa del Consulado de Chile en La Paz.
Pacto criminal
La firma de los acuerdos de cooperación genocida los encabezó el dictador chileno Augusto Pinochet en noviembre de 1975. Las primeras dictaduras en suscribirlo fueron las de Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina, y más tarde se incorporaron las de Perú y Ecuador, según se desprende de los documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano.
Pero la acción represiva del Plan Cóndor no se limitó a estos países. Con apoyo de la CIA, podían “golpear a la subversión en cualquier lugar del mundo”, según se jactaba por esos días el propio Pinochet.
Uno de los casos más recordados es el de Orlando Letelier, ex ministro del Gobierno de Salvador Allende, quien fue asesinado por la explosión de un coche bomba en Washington, el 21 de septiembre de 1976. En el atentado también murió su asistente, Ronni Moffitt, de nacionalidad estadounidense.
Las garras del Cóndor llegaron incluso hasta Roma, donde intentaron asesinar al exiliado chileno Bernardo Leighton y su esposa, Anita Fresno, quien quedó inválida de por vida al recibir un balazo por la espalda. El ataque, organizado por el terrorista italiano Stefano Delle Chiaie, fue ejecutado en 1975 por el cubano contrarrevolucionario Orlando Bosch Ávila.
Un año después, Bosch y otro terrorista de origen cubano, Luis Posadas Carriles, harían estallar en pleno vuelo la aeronave CU-455 de Cubana de Aviación, con 73 personas a bordo. Pese a los diversos pedidos de extradición, Estados Unidos protegió a Bosch en Miami hasta su muerte en 2011. Posadas Carriles aún vive y también goza de impunidad en el estado de La Florida.
“Podemos llegar a la conclusión de que más de 400 mil latinoamericanos fueron víctimas de políticas de Estado terroristas, cuya base estuvo diseñada en Washington. Y esto no es ideologismo fatuo. Sólo basta con reconstruir la historia de dictadores como Anastasio Somoza, Fulgencio Batista, Jorge Ubico y otros, y unirlas con las dictaduras del llamado Cono Sur para comprobar de dónde, por qué surgieron y qué poder las sostenía”, dice con claridad meridiana la periodista argentina Stella Calloni, en su libro Operación Cóndor.
