El conflicto universitario se encuentra en un terreno de estancamiento por la falta de respuestas del Gobierno nacional a las demandas de docentes y nodocentes por recomposición de sus salarios, tras una pérdida que oscila el 40 % desde que asumió Javier Milei.
En este marco, los sindicatos del sector evalúan realizar nuevos paros y no comenzar el segundo cuatrimestre debido a la «severa e inédita pérdida de poder adquisitivo de los salarios», denunció la CONADU, que agrupa a gremios de docentes universitarios de todo el país.
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— CONADU (@PrensaCONADU) July 10, 2024
🔵CONADU PROFUNDIZA EL PLAN DE LUCHA POR EL SALARIO Y EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA
El Plenario de Secretarixs Generales de #CONADU, analizó la crítica situación de las universidades públicas.#SomosLaUniversidadPública
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En su último plenario de secretarios generales, CONADU resolvió que los sindicatos de base de la federación realicen asambleas y consultas con sus bases para considerar la propuesta de establecer el no inicio del segundo cuatrimestre, realizando un paro de 72 horas en la segunda semana de agosto.
También barajan otra medida similar para la cuarta semana y, en caso de que la situación no se modifique, una nueva marcha federal universitaria para la primera quincena de septiembre.
Hasta el momento, el Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello no convocó a la paritaria del sector para negociar aumentos que permitan recuperar el 40 % de pérdida salarial desde diciembre. A su vez, en las reuniones de los meses precedentes esa cartera asignó incrementos de forma unilateral, sin consenso con los sindicatos.
Los salarios representan el 90 % del presupuesto de las universidades, por lo que la situación presupuestaria aún se mantiene sin resolución. Hasta ahora, Gobierno y universidades solo llegaron a un acuerdo por la actualización de los gastos de funcionamiento (que alcanzan solo el 10 % del presupuesto), como resultado del impacto de la marcha federal universitaria del 23 de abril.
Ayer, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires declaró la «emergencia en materia salarial» y manifestó su «preocupación» por la jerarquización de la actividad docente, que incluye «la justa retribución por la tarea realizada».
La Universidad Nacional de La Plata había aprobado el 19 de junio por unanimidad una petición elevada por los representantes de los tres gremios, la Asociación de Docentes de la UNLP (ADULP), la Asociación de Trabajadores de la UNLP (ATULP) y la Federación Universitaria de La Plata (FULP), en la que manifestó su preocupación por la situación presupuestaria que atraviesan docentes, nodocentes y estudiantes de la comunidad universitaria.