Los rechazos no se hicieron esperar tras la reciente Resolución N° 246 del Ministerio de Agroindustria de la provincia, conducido por el ex Monsanto Leonardo Sarquís. La medida, que se presenta como un “control al uso de agroquímicos”, despertó varias alertas, ya que deja la puerta abierta a fumigaciones en zonas urbanas, suburbanas y escuelas rurales.
Lo cierto es que la medida impulsada por el ministro que responde a María Eugenia Vidal deja más dudas que certezas. Mientras busca establecer parámetros de “control” y “buen uso” de herbicidas en “zonas de amortiguamiento” (zonas lindantes a aglomeraciones urbanas, lotes de población dispersa, zonas de recreación), no dispone de distancias específicas.
“Esta ley provincial es un disparate porque no fija ningún tipo de distancia y esto es lo temeroso. Además, habla de controles, pero ¿quién va a controlar los municipios? Si no tienen inspectores. Tendría que haber una regulación en serio”, se descargó días atrás Marcelo Latorre, concejal de Olavarría, ciudad gobernada por el oficialista Ezequiel Galli.
La única definición restrictiva de la resolución aparece en el artículo 5, donde estipula que, en zonas lindantes a colegios o establecimientos educativos, la aplicación de los agroquímicos deberá realizarse “fuera de horario escolar”. Aún así, los señalamientos indican que, aunque no hubiera menores en el momento de la fumigación, el impacto ambiental sería el mismo.
Las principales críticas a la medida de Sarquís se centran en que estaría en falta con decenas de ordenanzas municipales que rigen en los distintos distritos del interior. Tal es el caso del partido bonaerense de Lincoln, donde el mismo intendente radical Salvador Serenal decidió vetar, el mes pasado, una ordenanza similar a la de Olavarría, que prohibía la fumigación a menos de quinientos metros del casco urbano.
“El proyecto de ordenanza se vino trabajando con mucha fuerza desde las comisiones de medioambiente, reuniones con diferentes espacios de agronomía y agroecología. Desde la agronomía se sostenía que la fumigación era viable con lo que se conoce como ‘buenas prácticas’, pero desde la agroecología se considera que hay que erradicar estos productos por su riesgo ambiental”, dijo a Contexto el concejal del PJ-Unidad Ciudadana en Lincoln, Bernardo Baccello, quien fue tajante con el intendente Serenal cuando decidió vetar la ordenanza.
“La decisión de vetar favorece a las grandes empresas que comercializan estos productos y también al sector agropecuario más pudiente. Serenal prefiere quedar bien con ellos y no le importa en absoluto poner en riesgo la salud de los vecinos”, había expresado Baccello. Las pautas de la medida, luego desestimadas por el jefe comunal, estimaban distancias para la fumigación de “300 metros de la zona urbana y a unos 500 metros para las áreas; extendiéndose estas zonas 100 metros por año hasta llegar a los 1.000 metros”.
En ese sentido, Lincoln forma parte ahora de los 41 municipios que ya han adherido a la decisión de Agroindustria, entre los que se ubican Pergamino, General Viamonte, 9 de Julio, Leandro Alem, Ayacucho, Lezama, Carlos Casares, Chacabuco, Coronel Suárez, Colón, General Pueyrredón, Lincoln, Necochea, San Vicente, Tandil, 25 de Mayo, Escobar, General Lamadrid, Rivadavia, Exaltación de la Cruz, Salliqueló y General Villegas.
No obstante, desde la Legislatura bonaerense ya han tomado nota del tema y advirtieron que irían en busca de la presentación de amparos para poder frenar esta medida. Así lo adelantó el diputado provincial de Unidad Ciudadana Mariano Pinedo, quien anunció que acompañaría las presentaciones y ordenanzas que los distritos afectados pudieran presentar.
