Por Yair Buonfiglio
Todo comenzó el pasado 26 de agosto, cuando alumnos del Ipem 248 resolvieron ocupar de manera pacífica las instalaciones de su escuela ante el visible deterioro del edificio. Otros centros de estudiantes no tardaron en replicar la medida, y a los pocos días ya habían sido tomados los colegios Alejandro Carbó, Deán Funes, Pablo de Mauro y Jerónimo Luis de Cabrera, instituciones de amplia trayectoria, elevada matrícula y ubicadas en el gran centro de la ciudad.
Las razones invocadas por los estudiantes ya han sido cronicadas en estas páginas (http://perio.unlp.edu.ar/~diariocontexto/2015/07/11/cordoba-el-conflicto-educativo-se-enciende-otra-vez/). Es que los conflictos vinculados con la precariedad edilicia se repiten con frecuencia sin que la provincia ofrezca más que reparaciones provisorias y puntuales. Se trata de estructuras añosas donde, además de vidrios rotos, mobiliario destruido, cables sueltos y mampostería que se cae a pedazos, alumnos y docentes suelen encontrarse con cucarachas, ratas, alacranes y palomas, cuyas pulgas han proliferado en más de una oportunidad y atacado a numerosas personas. Eso sin mencionar el estado de los baños, cuya inmundicia sería poco agradable describir, puertas sin picaportes que se abren con tijeras y accesibilidad inexistente para discapacitados.
Esta última cuestión fue remarcada por la vocera del centro de estudiantes del Carbó, Ofelia Gambina, quien se refirió a un compañero que se moviliza en silla de ruedas y no sólo ve impedido su acceso a los pisos superiores, sino que también debe ser auxiliado por otros alumnos para ir a un baño común, ya que en el edificio no hay instalaciones adecuadas para su situación.
La cartera educativa, por su parte, se reunió con representantes estudiantiles y acercó algunas propuestas de reparación a mediano y largo plazo, ninguna de las cuales contempla obras de gran envergadura. “Nos estuvieron presentando planes de obras que no garantizan nada, sin fecha, con una fundamentación escasa y lenguaje ambiguo”, comentó a Contexto Santiago Prystupczuk, presidente del centro de estudiantes del Carbó.
Para el ministro de Educación Walter Grahovac, “el noventa por cierto” de las escuelas tomadas está en condiciones de dictar clases con normalidad. Esto es parcialmente cierto: efectivamente, la actividad académica puede desarrollarse, aunque en condiciones que lejos están de ser óptimas y que, en algunos casos, entrañan incluso riesgos para la integridad de quienes transitan cotidianamente las aulas. Al respecto, la directora del Carbó, Carmen Mamaní, se refirió en un comunicado a obras anunciadas pero no ejecutadas por la provincia, entre ellas, una reparación de las cañerías de gas. “¿Quién tiene o tenía que controlar que esta envergadura de trabajo [sic] debía estar bien realizada? ¿Quién sería la responsable si la fuga de gas hubiese provocado una explosión? ¿La Sra. Directora por no controlar? ¿Qué respuesta se hubiese dado a los Sres. Padres, a la comunidad cordobesa?”, se preguntó la docente.
Una respuesta posible hubiera sido que los directores de escuela, en Córdoba, no administran presupuesto. El Gobierno provincial abona los salarios docentes y las obras ejecutadas por el ministerio, pero no destina fondos para solventar los gastos cotidianos de las instituciones. Esos fondos provienen de la cuota que los estudiantes pagan a las cooperadoras escolares en un gesto que sería voluntario si no fuera porque muchas instituciones ponen trabas administrativas a los alumnos que no abonan. Ese dinero, administrado por asociaciones civiles, es utilizado para comprar insumos, llevar a cabo reparaciones menores y, en algunos casos, contratar personal adicional al que provee el Estado. Incluso algunas cooperadoras remiten un porcentaje de su recaudación a las inspecciones zonales para que aquellas puedan solventar sus necesidades. En esta cadena de favores, los estudiantes ponen el dinero pero no deciden ni controlan en qué se gasta: cuestión ausente en su pliego de reivindicaciones que podría resolver parte de las demandas que ahora plantean, sobre todo si las escuelas contaran con asignación presupuestaria y gobiernos democráticos.
Una descalificación que sorprende
Es habitual que los medios dominantes desacrediten la participación política de los jóvenes rechazando motivaciones y capacidad de intervención, postura que es criticada con frecuencia desde los medios públicos. Sorprendió, por eso, la editorialización del canal de la Universidad Nacional de Córdoba en un móvil que realizó desde la escuela Carbó.
“Esta postal que no nos gusta absolutamente a nadie”, comenzó el cronista Ariel Mansilla en nombre de una ciudadanía que jamás le confirió representatividad alguna. “Una situación particular de estos colegios donde pasan la noche, donde sus reclamos pueden ser legítimos pero este grupito, porque son apenas un grupito, toman esta determinación, y el resto de las mamás, los papás, se viven quejando”. Con “un grupito” se refería a los alumnos que votaron hace pocos meses la conducción del centro de estudiantes y que, en una multitudinaria asamblea, ratificaron la medida de fuerza, mientras que con “las mamás y los papás que se viven quejando” generalizaba un amplio e inorgánico colectivo cuya única expresión, en ese momento, era un solo padre que se encontraba en la puerta de la institución.
“Esta decisión priva a la mayoría de poder estudiar, de poder hacer el acto natural de todo chico que es estudiar. La obligación de todo chico es estudiar”, le dijo Mansilla al padre, desafiando todos los manuales de entrevista periodística con una pobre imitación del célebre Feinmann style. “Mientras se hacen los trabajos, las clases se podrían ir dictando donde se pueda y como se pueda, hasta tanto se van solucionando algunos problemas”, dijo para cerrar el móvil.
Extraña esta postura por parte de un medio que pidió, durante cuatro años, el apoyo de la sociedad cordobesa para lograr que Cablevisión cumpliera con la ley y subiera la señal a la grilla del operador de cable monopólico en Córdoba. Entre sus argumentos, el canal invocaba el derecho ciudadano a la información, aunque esto no parecía ser la prioridad del cronista cuando adjudicaba a sus opiniones la representación del pensamiento general ni cuando editorializaba a través de una pregunta que sólo podía ser respondida con un “sí”. Sería interesante conocer en qué términos una Universidad que cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en la defensa de la educación pública y la calidad académica puede sostener, en su canal de televisión, que las clases deben dictarse “donde se pueda y como se pueda”.
