Sin corrupción, Emilia Uscamayta Curi estaría viva. Esa es la hipótesis de la investigación que el fiscal, Álvaro Garganta, anticipa en el pedido de informes que le hizo al intendente Julio Garro para que explique: qué pasó con los controles la noche fatídica del 1° de enero, cuando la fiesta que debió prohibirse se hizo igual y terminó en tragedia. La investigación, caratulada como homicidio culposo, apunta al pago de coimas a funcionarios del municipio y a los vínculos entre los organizadores y el intendente.
En un escrito presentado ayer en la Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad de La Plata, le exige al intendente que aporte información sobre los procedimientos y los controles llevados adelante durante la fiesta que se realizó en una quinta de Melchor Romero, y que terminó con la estudiante de la Facultad de Periodismo ahogada en una pileta. Específicamente, le solicita diez cosas:
1) Si el municipio tenía conocimiento de la fiesta privada denominada La Frontera.
Ya está probado que el Municipio tenía conocimiento de la fiesta. Los días 30 y 31 de diciembre, Control Urbano labró dos actas en las que se intima a los organizadores a no realizar el evento. La segunda notificación fue recibida y firmada por Raúl Ismael “El Peque” García, uno de los imputados en la causa y reconocido militante del PRO. El Peque tiene vinculación directa con Garro, y hasta estuvo con el intendente en el escenario donde Mauricio Macri festejó su triunfo. En su Facebook, se lo puede ver en fotos junto a la gobernadora, María Eugenia Vidal, y hasta con el presidente. Es poco creíble que una persona tan cercana a Garro como Peque García haga la fiesta contra la voluntad del intendente.
2) Que informe si la casa quinta estaba habilitada para eventos de esta naturaleza.
Está claro en las actas del 30 y 31 de diciembre que la quinta no estaba habilitada.
3) Que informe si a través de las autoridades competentes se instrumentaron medidas preventivas para evitar la realización de la fiesta.
En este punto, el municipio puede cubrirse diciendo que Control Urbano notificó a los organizadores para que la fiesta no se hiciera. Pero el fiscal quiere saber qué hay de cierto en la denuncia que hizo el juez César Melazo en su Twitter que indicó al jefe de Gabinete de Garro, Juan Martínez Garmendia, como el funcionario que recibió la coima para que el evento se concrete. Además, esta denuncia se relaciona con lo que publicó en Facebook uno de los organizadores, Thiago Amati (promotor de la empresa de egresados Travel Rock): “la fiesta no se suspende, ni se cambia de lugar, ya le pagamos 20 mil pesos a Control Urbano para que nos den los permisos necesarios”. Esos “permisos necesarios” no existen legalmente y Garganta quiere saber si realmente existieron medidas preventivas o se pagó una coima para que no se controle.
4) Que informe si el día del evento se labraron actuaciones de clausura de las instalaciones, como también si personal del área competente se presentó en el lugar del evento durante su desarrollo.
El día del evento, Control Urbano fue dos veces supuestamente a clausurar la fiesta, pero no lo hizo. Hay dos actas, una a las 4:12 y otra a las 6:26hs. En la primera, se aclara que se “colocarán cinco fajas de clausura al finalizar el evento por carecer de apoyo policial para su desalojo”. Y, en la segunda, que la clausura era imposible por la cantidad de gente que había en el lugar y porque el inspector temía “por su integridad física”. El fiscal quiere que Garro le explique por qué la zona estaba liberada y no había policías locales o de la provincia para realizar el desalojo.
5) Que el municipio adjunte un listado de móviles que concurrieron al evento, consignando listado del personal afectado al operativo y si los móviles poseen algún sistema de seguimiento satelital tipo AVI.
6) Que se adjunten, de haberse obtenido, filmaciones del predio al momento de la llegada del personal afectado al operativo.
7) Que informe si el personal del municipio concurrió con apoyo policial. De ser así, se informe listado del personal policial interviniente.
El punto 5, 6 y 7 van en el mismo sentido: saber qué funcionarios municipales participaron y por qué no había policías para desalojar el predio. Para el fiscal, son muy débiles los argumentos esgrimidos en las actas de clausura y sospecha que en esos dos momentos de la noche también se pagaron coimas para que todo siguiera. Tengamos en cuenta que se calcula que había más de 6.000 personas, que pagaron $150 la entrada simple y $200 con acceso a la pileta. Si a eso le sumamos la venta de bebidas, era un negocio de casi dos millones de razones para no ser interrumpido. Por eso, crece la hipótesis de una red de corrupción para que los controles no existieran.
8) Que se informen los datos completos de las personas identificadas como responsables del evento y del inmueble donde se desarrolló el mismo.
Hasta ahora, el fiscal imputó a cuatro personas como responsables: al dueño de la quinta, Carlos Bellone, al militante PRO y amigo de Garro, Raúl “El Peque” García, a Santiago Piedrabuena (dueño del Bar London) y a Gastón Haramboure (el relacionista público que fue condenado a diez años y ocho meses de prisión por la muerte de Juan Andrés Maldonado, en 2009, frente al boliche Alcatraz de Berisso). Pero Garganta quiere tener el listado completo de los involucrados en la organización.
9) Que se informen las clausuras realizadas en eventos de esta naturaleza durante los últimos quince días.
El fiscal cree que, desde la asunción de Garro el 10 de diciembre, se montó una organización delictiva para aflojar los controles y permitir que “amigos” vinculados a la intendencia puedan realizar sus negocios nocturnos con impunidad. En la noche de Navidad, también se realizó un evento en ese lugar y tampoco funcionaron los controles del municipio. Esta multiplicación de fiestas clandestinas en las últimas semanas generó la protesta de la Cámara de Bares y Discotecas de La Plata, que sostuvo en un comunicado: “se están haciendo fiestas que, en su mayoría, no tienen seguridad ni permisos” y que “mientras nosotros pagamos todo y nos hacen inspecciones, a los organizadores de estos eventos no los controla nadie”.
El fiscal cree que, desde la asunción de Garro el 10 de diciembre, se montó una organización delictiva para aflojar los controles y permitir que “amigos” vinculados a la Intendencia puedan realizar sus negocios nocturnos con impunidad.
10) Que se informe si el secretario de Seguridad se hizo presente en persona y si impartió alguna directiva al respecto del levantamiento del operativo de clausura.
La fiesta terminó a las cuatro de la tarde, siete horas después de que Emilia murió, y, a pesar de esto, la clausura y el desalojo nunca llegaron.
Ahora es el momento que el intendente Julio Garro y sus funcionarios den respuestas. Enfrentan acusaciones graves que los pueden llevar a una imputación por incumplimientos de funcionarios públicos. La familia de Emilia Uscamayta Curi pide justicia, mientras crece la sospecha de que a la joven estudiante de Periodismo la mató la corrupción.
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