Desde el Gobierno bonaerense apoyaron la decisión de que el Estado se haga cargo del cobro de peajes a las empresas navieras por el uso comercial del río Paraná y asuma el control y la administración de la principal ruta fluvial del país, después de veinticinco años de concesión a Hidrovía S.A.
«El Estado debe intervenir para garantizar un equilibrio y un desarrollo integral del sistema logístico y de transporte fluvial, asegurando el desarrollo de los tramos menos rentables de las vías navegables y propiciando una convivencia eficiente de puertos privados y públicos», sostuvo Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires.
A partir del 13 de septiembre, cuando venza la actual concesión a Hidrovía S.A., la Administración General de Puertos (AGP) cobrará los peajes y se hará cargo por el plazo de un año (prorrogable) de la administración y el control de la estratégica vía navegable troncal. Así lo dispuso el Gobierno nacional a través del Decreto 427/2021 publicado el jueves 1º de julio en el Boletín Oficial.
«Con esta visión, el presidente Alberto Fernández decidió cambiar la lógica de la administración de la Hidrovía, apuntando a la recuperación de herramientas fundamentales para la sustentabilidad del desarrollo económico nacional», subrayó Costa.
Lo hizo a través de un hilo de Twitter, en respuesta a los cuestionamientos a la medida del gobierno por parte del precandidato a diputado nacional Ricardo López Murphy. El economista liberal consideró que «el Estado no posee la maquinaria adecuada» para el mantenimiento del corredor fluvial, y agregó que el gobierno «se apodera de la Hidrovía» con «el autoritarismo de siempre».
La postura de López Murphy va en línea con las críticas al rol y la capacidad del Estado que señalaron los sectores agroexportadores, beneficiados con el actual sistema de concesión otorgado a Hidrovía S.A. (integrada por la dragadora belga Jan de Nul y la argentina encargada del balizamiento Emepa) en 1995, en plena ola privatizadora.
Ante esto, Costa afirmó que «se están resolviendo los problemas provocados por los que pretenden quedarse con lo que es de todos». Y añadió que «nadie se puede ‘apropiar’ de algo que le pertenece: la Hidrovía es de todos los argentinos».
Vale remarcar que bajo el actual modelo de concesión en el tramo argentino de la autopista navegable, informes privados han advertido sobre prácticas ilegales, como la subdeclaración de exportaciones, la sobrefacturación de importaciones o el contrabando, así como el tráfico ilícito. Esto redunda en perjuicios económicos para el fisco argentino.
En el caso particular de la provincia de Buenos Aires, es una de las seis que atraviesa esta vía troncal. Funcionan veintiséis puertos bonaerenses a lo largo de la llamada hidrovía, con tres consorcios sobre el Paraná con participación de la provincia (San Nicolás, San Pedro y Olivos), dos sobre el estuario del Río de la Plata (Dock Sud y Ensenada) y veintiún puertos privados.
«Lo que no nos cuentan es que la ‘mano invisible del mercado’ sólo permitió la proliferación y crecimiento de los puertos privados, propiedad de las grandes agroexportadoras mundiales», remató Costa.
En línea con el planteo del ministro bonaerense, el secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, reforzó la iniciativa de que el paso hídrico Paraguay-Paraná esté en manos del Estado argentino y advirtió que la oposición que existe sobre esta medida se debe a «algunos sectores que no quieren ningún control, ni de AFIP, ni de Migraciones, ni de Aduanas, ni provinciales o ambientales».
«Una hidrovía que se autocontrola no es el modelo en ningún lugar del mundo», resaltó. Y agregó que «el modelo que existía de concesión de la vía troncal Paraguay-Paraná se diseñó en la década de los noventa, en otro contexto, y con otra configuración de la hidrovía y del mundo».
«Hoy necesitamos generar un sistema distinto, del siglo XXI y con una vía troncal navegable que se desarrolle plenamente, que tenga control del Estado, que tenga participación de las provincias, intervención de las universidades, y de la sociedad en general», puntualizó el funcionario en una entrevista con radio AM 990.
Mientras, continúa el asedio contra la iniciativa oficial en los medios de comunicación dominantes. Es el caso de Clarín, donde se puede leer una publinota pagada justamente por la empresa Jan de Nul, donde se jacta de su eficiencia en tareas de una licitación obtenida en Taiwán.
