Por Fernando M. López
Los operarios de Cresta Roja fueron los primeros en experimentar en carne propia la brutalidad de Cambiemos hacia la clase trabajadora. A sólo doce días de asumir, el presidente Mauricio Macri ordenó desalojar el acampe que realizaban sobre la autopista Riccheri en defensa de 5.000 puestos laborales, y Gendarmería avanzó con carros hidrantes, gases y balazos de goma. Las imágenes de los cuerpos heridos por los disparos recorrieron el país aquel 22 diciembre. No serían las últimas. Represiones similares se repetirían poco después contra cooperativistas de La Plata, niños murgueros de la villa 1-11-14 y vecinos de Merlo que repudiaban el ajuste y los despidos masivos, por nombrar sólo algunas.
En el caso de Cresta Roja, tras la feroz represión, el Gobierno nacional decidió abrir un canal de diálogo con los delegados e intervenir en el conflicto con anuncios de “reactivación” frente a la quiebra dictada por la jueza Valeria Pérez Casado, no sin antes advertirles que “si vuelven a cortar una ruta, vamos a actuar igual”, según las textuales palabras de la vicepresidenta Gabriela Michetti.
Más tarde, la titular del Juzgado Comercial 18 resolvió que un consorcio conformado por las firmas Ovoprot Internacional, Tanacorsa SA y el Grupo Lacau fueran autorizadas a constituirse como operadores de la avícola del Grupo Rasic, con el propósito de garantizar la continuidad de todos los puestos de trabajo.
Sin embargo, a mediados de abril, cuando una de las plantas faenadoras finalmente abrió sus puertas, ya no se hablaba de 5.000 puestos sino de unos 3.500. En el camino habían sido sacrificados todos los tercerizados. Mientras tanto, los 687 empleados directos que lograron la reincorporación en esa primera etapa debieron aceptar un contrato por tres meses, recortes de suelo y la pérdida de la antigüedad laboral, en algunos casos con más de veinte años. El resto tuvo que conformarse con los 6.000 pesos del subsidio estatal Reproducción Productiva (Repro) y las promesas de ser llamados a trabajar en algún momento.
Así y todo, unos días después, Macri organizó un acto en la planta de El Jagüel, en Esteban Echeverría, y presentó la reapertura de Cresta Roja como “símbolo de la recuperación económica del país”.
La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que estuvo a su lado, se encargó de reforzar el concepto: “Cresta Roja se convirtió en el símbolo de que sí se puede. Es un ejemplo de la importancia del trabajo en equipo y de la preocupación del Presidente de no dejar que la empresa cerrara y se pusiera de pie nuevamente”.
Macri volvió a la planta el viernes 20 de mayo, esta vez para anunciar el veto a la ley antidespidos, cuando se contabilizaban más de 150 mil cesantías en todo el país, tanto en la aAdministración pública como en el sector privado.
En esa oportunidad, también acompañado por Vidal, el mandatario dijo que Cresta Roja tenía “un 50% más de empleados y cinco turnos más” desde su última visita, lo que “demuestra la forma en la que tenemos que trabajar: escuchándonos, dialogando”.
Los propios operarios desmintieron a Macri tras su discurso, pero no tuvieron recepción en ninguno de los grandes medios, que sólo se encargaron de amplificar el exitismo de Cambiemos.
Para quebrar la indiferencia mediática y poner en evidencia la farsa presidencial, los trabajadores que aún no fueron reincorporados salieron ayer a protestar con nuevos cortes, uno sobre la autopista Ricchieri, cerca de la planta de El Jagüel, y otro en la ruta 205, a la altura de la planta faenadora de Ezeiza, que continúa inactiva.
“La situación es totalmente desesperante”, dijeron, y remarcaron que “no hay cinco turnos trabajando, sino uno y medio”, y que 2.500 operarios de la avícola continúan sin empleo.
“Yo tengo doce años en Cresta Roja, pero aún no me llamaron. Con el tarifazo de la luz, el gas y el agua, y los precios de la comida, que suben todos los días, los 6.000 pesos del Repro no alcanzan para nada. Tampoco es justo que nos priven de la obra social”, dijo Ariel a Contexto.
El trabajador, que está suspendido desde diciembre último, agregó que “la única forma que tenemos para reclamar la reincorporación es salir a la ruta, por eso el próximo jueves vamos a hacer otro corte más en la 205”.
Además, volverán a exigir un aumento del Repro a 11.000 pesos, el restablecimiento de la obra social, bolsones de alimentos, exenciones en el servicio eléctrico y garrafas sociales para todos los desocupados.
Tras los cotes de este martes, Vidal habilitó a su ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquis, a difundir nuevas promesas a futuro. En un intento por calmar los ánimos, el ex CEO de Monsanto aseguró que, para fines de septiembre, alrededor de mil operarios serán reincorporados y que el resto dependerá de si la empresa tiene “genética para faenar”.
“Tanto el Gobierno nacional como la gestión de Vidal siempre han atendido a los trabajadores de Cresta Roja. El diálogo existe, nunca se cerró”, completó el funcionario bonaerense en declaraciones al canal C5N.
Pero los empleados son conscientes de que es difícil creerle a Sarquis después de “todas las mentiras que dijo Macri”.
“Hasta ahora no hay soluciones concretas ni de la empresa ni de las autoridades nacionales o provinciales. En la asamblea que hubo este martes, los dueños se comprometieron a reincorporar a unos doscientos operarios, pero no dejan de ser promesas, por eso los compañeros salieron a cortar la autopista”, explicó Mauricio Herrera a este medio, y consideró que “la solución es que todos sean reincorporados”.
Herrera, quien actualmente se encuentra trabajando, confirmó que “no hay más de setecientas personas” en la planta de El Jagüel con “contratos de tres a seis meses”.
“En mi caso, tengo siete años de trabajo en Cresta Roja, pero en abril arranqué de cero. No nos reconocen la antigüedad. Tampoco nos dan garantías de continuidad laboral. Es una situación muy difícil”, subrayó.
Las protestas se multiplican
El de Cresta Roja no es el único conflicto en marcha. Otros trabajadores de empresas privadas salieron a las calles este martes en defensa de sus puestos laborales en medio del ajuste, los tarifazos y los despidos.
Choferes de líneas de colectivos de la firma Ecotrans cortaron por más de cinco horas la Autopista del Oeste, a la altura del kilómetro 21, para exigir que se respeten las condiciones salariales y laborales ante “el desguace” de la compañía. Lo hicieron hasta el mediodía, rodeados de gendarmes, y luego se trasladaron al Ministerio de Transporte de la Nación.
Por su parte, despedidos de las fábricas Kromberg, Menoyo, Hutchinson, Mapa Virulana y Kraft bloquearon parcialmente la autopista Panamericana, en Olivos, y hubo momentos de fuerte tensión con efectivos de Gendarmería, que intentaron aplicar el protocolo represivo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Paralelamente, el Sindicato de Trabajadores de la Carne, que respaldó el reclamo de los empleados de Cresta Roja en Ezeiza, realizó un paro con movilización tras el anuncio de recortes laborales por parte de la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (CADIF) y la falta de respuesta del ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile.
El titular del gremio, Silvio Etchehún, explicó que esto es “consecuencia del aumento de la luz, el gas y, obviamente, de la baja del consumo de la carne anexado al aumento del 140% del arancel de faena”, y advirtió que “unos 1.800 compañeros empezarían a quedarse sin trabajo en la segunda quincena de junio”.
