En los sucesos de la semana pasada generados por el proyecto de ley para rebajar el poder adquisitivo de las jubilaciones quedaron expuestos con mayor evidencia los métodos violentos que el gobierno de Mauricio Macri está dispuesto a utilizar para conseguir sus objetivos políticos, económicos y sociales e imponer su modelo de sociedad.
En cambio, aún no se ha destacado suficientemente en el debate público que esa estrategia de violencia estatal es una necesidad para el régimen gobernante porque la crisis económica que ellos mismos han generado empieza a amenazar la solvencia financiera del Estado.
El pago a los fondos buitre (del que nadie se acuerda, y que el kirchnerismo evitó en un gesto patriótico de altísimo costo para su capital político), la eliminación de aranceles de exportación (“retenciones”) a los grandes capitalistas del campo y empresas cerealeras que venden al exterior la producción de la pampa húmeda, la eliminación de aranceles para exportaciones mineras, la rebaja del impuesto a los bienes personales para beneficiar a las capas sociales más ricas, la recesión provocada por el menor nivel de consumo de los asalariados, jubilados y beneficiarios de Asignaciones Universales que perdieron poder adquisitivo frente a la inflación, y el aumento astronómico de la deuda externa junto con el endeudamiento externo e interno generado por el Banco Central con su política monetaria, son algunos de los factores que están provocando el desastre de las finanzas públicas.
En dos años de gobierno de la derecha, el Estado recauda cada vez menos y en cambio tiene cada vez más acreedores. Además sufre, como siempre, la evasión impositiva de las grandes fortunas que tienen su dinero en guaridas fiscales, empezando por el clan Macri, sus parientes y amigos, que encima fueron beneficiados con un blanqueo ilegal engendrado mediante un decreto presidencial violatorio de la ley que les perdona sus deudas con el Fisco. A su vez, las grandes empresas y los particulares multimillonarios se cubren y siguen ganando plata con la clásica fuga de capitales.
La “solución” del macrismo (y de su expresión bonaerense, el vidalismo) conlleva mayor injusticia social. Consiste en bajar las jubilaciones, echar a trabajadores públicos y presionar para que los sueldos del sector privado sigan perdiendo poder adquisitivo (un tope de aumentos en paritarias del 16,6% en 2018, porque esa es la “expectativa inflacionaria” para el año que viene, acaba de decir el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne).
Para enfrentar la crisis que ellos mismos generaron, y en general para ejecutar sus planes, el macri-vidalismo utiliza cuatro tipo de recursos de poder: las instituciones de gobierno y legislativas nacionales y federales (Poder Ejecutivo, Congreso, presión sobre gobernadores y parlamentos provinciales, etcétera), las reparticiones armadas del Estado absurdamente llamadas “fuerzas de seguridad” (policías, gendarmes, Prefectura, y ahora también con indicios de regreso de los militares a la represión contra el pueblo), las fracciones dominantes del sistema judicial con las que tienen afinidad ideológica e intereses en común, y las cadenas mediáticas aliadas, desde las cuales se formatean en gran medida las percepciones de la opinión pública.
Todo ello se puso en juego en la embestida para aprobar el recorte de las jubilaciones, que al mismo tiempo es una batalla económica y política de máxima envergadura para comprobar si Macri y Vidal están fortalecidos políticamente como surgió del resultado electoral de hace casi dos meses, o si la ferocidad de su ataque a los derechos e intereses populares está horadando los niveles de consenso que habían obtenido y, en cambio, comenzó una etapa donde se les hará más difícil avanzar con su estrategia de devastación.
Primero fue la violencia jurídica
El miércoles y jueves pasados, la violencia perpetrada dentro y fuera del Congreso Nacional por personal armado del Estado bajo las órdenes del gobierno nacional fue utilizada por Macri como una forma más de demostrar que no está dispuesto a frenar ante ninguna expresión de la protesta popular ni ante ninguna restricción legal. Es perfectamente coherente con lo que hace desde el primer día de gobierno.
Su gestión se inició con la derogación de facto de leyes de la nación: las de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Telecomunicaciones (Ley “Argentina Digital”). La eliminación de las cláusulas más importantes de ambas normas fue ejecutiva mediante decretazos presidenciales. Hasta ese momento, semejantes actos de violencia jurídica sólo habían sido realizados por dictaduras.
Con la complicidad del Poder Judicial, que avaló ese ultraje al sistema normativo argentino, luego le seguirían similares derogaciones de facto en los artículos fundamentales de la Ley de Tierras Rurales, que ponía límites a la extranjerización del suelo argentino. Ese conflicto es la base de los reclamos de las comunidades mapuches a las cuales el gobierno considera como enemigos y les responde con actos de violencia que ya produjeron los asesinatos de los jóvenes Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
Después hizo lo mismo con la Ley de Inteligencia: un decretazo eliminó la atribución de las escuchas telefónicas autorizadas legalmente para la investigación de delitos a la Procuración General de la Nación. Esa medida fue perpetrada por un acuerdo entre Macri y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, para desgastar a la procuradora Alejandra Gils Carbó (quien hace poco renunció al cargo) y restituirle poderes a la fracción dominante de la Judicatura. En base a esa legislación de facto y antidemocrática, Lorenzetti creó un área destinada al espionaje telefónico y designó para conducirla a Martín Irurzun, uno de los jueces más activos en la ofensiva judicial ultra-antikirchnerista que ya encarceló a varios exfuncionarios del gobierno anterior y amenaza con meter presa también a Cristina Kirchner.
También al empezar su gestión y violando la Constitución y las leyes, Macri designó por decreto a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al presidente de la Corte le pareció mucho, y entonces el gobierno optó por negociar en el Senado con el justicialismo opo-oficialista que encabeza Miguel Pichetto, y así logró los votos para designar a los jueces que quería, uno de ellos representante del Grupo Clarín. Uno de los senadores que apoyó las designaciones fue el exkirchnerista Juan Manuel Abal Medina, quien acaba de terminar su mandato en la Cámara y mediante decreto presidencial fue designado por cuatro años en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau).
Ataques contra las personas
En pocos días desde la asunción de gobiernos de la alianza Cambiemos a nivel nacional y en varias de las provincias, el correlato de esa violencia jurídica fueron los ataques policiales (o de gendarmes o integrantes de Prefectura Naval) contra protestas populares en distintos lugares del país. Entre los primeros que sufrieron represión a fines de 2015 y comienzos de 2016 estuvieron empleados de la empresa Cresta Roja, trabajadores estatales de La Plata y hasta chicos de una murga en un barrio pobre de la ciudad de Buenos Aires.
Rápidamente, el peligro para personas que reclaman por sus derechos en la vía pública de sufrir agresiones físicas por parte de fuerzas represivas se transformó en una de las más habituales restricciones a las libertades democráticas. Algunos de los ejemplos más resonantes (tomando como referencia sólo la zona de Plaza de Mayo y el centro porteño) ocurrieron durante el Paro de Mujeres del pasado 8 de marzo, organizado, entre otros, por el colectivo #NiUnaMenos, y luego el 1° de septiembre, cuando se cumplía un mes de la desaparición de Santiago Maldonado.
Los riesgos incluyen a manifestantes y también a toda persona que pase circunstancialmente por el lugar. Cualquiera puede ser llevado/a preso/a, sometido a maltratos físicos y psíquicos, y además arrastrar para toda la vida una acusación penal inventada. Las decisiones quedan a merced de “jueces” que ultrajan continuamente las reglas del Estado de derecho.
Pero quien más sufrió y sufre en carne propia esa política de violencia del Estado desde los comienzos del macrismo es Milagro Sala. Aun contra el pronunciamiento de organismos internacionales como al Grupo de Trabajo contra Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (organismo diferente del anterior), la líder de la organización Tupac Amaru sigue siendo prisionera del régimen gobernante.
El 16 de enero se cumplirán dos años. En estos días, y por segunda vez, la sacaron de la cárcel y la llevaron a una propiedad suya en las afueras de Jujuy que nunca fue su vivienda, donde está vigilada por cámaras y personal armado en una humillante violación de su intimidad y de todas las reglas de “prisión domiciliaria”.
El ejercicio de la violencia jurídica iniciada por Macri desde el primer día con la derogación por decretos de leyes de la nación se trasladó en sus dos años de gobierno a la violencia física contra las personas, a la eliminación paulatina de las garantías constitucionales y las libertades públicas, y a la existencia de presos políticos.
Los hechos más recientes son el encarcelamiento de Julio De Vido, Amado Boudou, Carlos Zannini, Héctor Timerman (con prisión domiciliaria por estar gravemente enfermo) y de los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche, así como el procesamiento de Oscar Parrilli, Juan Martín Mena y el diputado Andrés Larroque.
La escalada de violencia estatal impulsada por el gobierno nacional y ejecutada, primordialmente, por la ministra Patricia Bullrich, fue llevada hasta el extremo con dos crímenes políticos que tuvieron como víctimas a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel.
Y la espiral violenta se agrave debido a que el bloque de poder dominante, cuyo dominio sobre la sociedad se expresa concreta y efectivamente a través de un régimen político ejercido por el gobierno, los legisladores, y los jueces, fiscales y espías que actúan desde dentro de las estructuras del Estado, es resistido por sectores cada vez más amplios de la población que intentan defender sus derechos.
Los gendarmes que, en la zona del Congreso Nacional, disparan a mansalva balas de goma, gases lacrimógenos y gas pimienta, ya sea contra personas comunes del pueblo y/o militantes y dirigentes que protestan, contra trabajadores/as de prensa que ejercen su labor, e incluso contra legisladores/as de la oposición, no sólo ejecutan actos agresivos que pueden terminar en tragedias o crímenes. Ese accionar representa también una necesidad urgente del régimen gobernante que, además de querer imponer a mediano y largo plazo un modelo de país con mayor injusticia social, en lo inmediato debe enfrentar el desfinanciamiento del Estado y la crisis económica que el propio macrismo ha generado.
