Tal como lo había prometido durante la campaña electoral, Cristina Kirchner presentó un proyecto de ley para que se declare “la emergencia tarifaria” y el gobierno suspenda los aumentos de los servicios públicos de electricidad, gas por red y agua para usuarios residenciales, pymes y cooperativas de trabajo, retrotrayendo su costo al 1° de enero de 2017. Para la senadora nacional, se trata de “medidas urgentes para cuidar el bolsillo”.
La propuesta, además, crea en el ámbito del Congreso de la Nación el «Comité Nacional de Emergencia Tarifaria» (CNET) con la finalidad de supervisar, controlar e implementar la Ley”, informó Unidad Ciudadana en un comunicado.
En el caso de las PyMEs y las Cooperativas de Trabajo, el beneficio estará vigente sólo si durante la emergencia no despiden ni suspenden trabajadorxs. #BastaDeTarifazos pic.twitter.com/EVV9GSQrI3
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 16, 2018
Según la información oficial, dicho organismo “estará compuesto por dos representantes de los usuarios y consumidores; dos representantes de los trabajadores; tres representantes de las empresas prestatarias; cuatro senadores; cuatro diputados, y tres representantes del Poder Ejecutivo”. Para este caso, todos deberían ejercer su cargo ad honorem
En el caso de las pymes y las cooperativas de trabajo, “el beneficio se aplicará siempre y cuando no despidan ni suspendan trabajadores y trabajadoras, sin justa causa, hasta el 31 de diciembre de 2019, sin importar su modalidad contractual”. Está previsto que “esta protección tarifaria caducará de forma automática en caso de que incumplan esta cláusula».
Para ello proponemos la creación del Comité Nacional de Emergencia Tarifaria, conformado con una representación plural de legisladorxs y asociaciones de usuarixs. #BastaDeTarifazos pic.twitter.com/a1MKTPZEtG
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 16, 2018
Contrariamente a lo que pasa ahora con las audiencias públicas, las resoluciones del CNET “serán vinculantes y tendrán por objeto adecuar los cuadros tarifarios vigentes hacia una tarifa justa y razonable”.
En concreto, “este comité tendrá a su cargo la revisión tarifaria integral de las actas acuerdo de renegociación de todos los contratos llevados a cabo con las empresas prestatarias de los servicios públicos, desde el 1° de enero del año 2017 hasta la culminación de la emergencia pública en materia tarifaria”.
