La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina cuestionó en duros términos el nuevo programa de asistencia con «vouchers educativos» de la Administración de Javier Milei, a la vez que reclamó aumentos en el financiamiento para la educación pública. «En esta política nacional del voucher educativo, se plasma una inversión diferenciada para la escuela privada respecto de una escuela pública», advirtió.
«El voucher educativo es la estrategia elegida por Milei para avanzar en la privatización de la educación pública», comenzó el comunicado de la CTERA, la confederación con mayor representación de docentes del país, que luego advirtió las preferencias del Gobierno nacional a la hora de asignar recursos.
«El Estado nacional, una vez más, se propone transferir recursos públicos al sector privado; en esta oportunidad a instituciones de educación privada. Mientras tanto, en simultáneo, desfinancia a la educación pública al recortar el presupuesto educativo, suspender el envío de los fondos salariales y de los programas educativos», remarcó.
La gestión de Milei oficializó hoy a través de la Resolución 61/2024 publicada en el Boletín Oficial por el Ministerio de Capital Humano la creación del programa asistencial de «vouchers educativos» destinado a familias con hijos que estudian en colegios privados con aporte estatal pero que, debido al impacto del ajuste en los bolsillos, se les dificulta pagar la cuota.
El programa consiste en una «prestación temporaria a favor de las familias cuyos hijos asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con aporte estatal», según remarca el documento. Según datos provisorios de la Secretaría de Educación, los beneficiarios del programa podrían alcanzar «a casi 2 millones de chicos que asisten a más de 6 mil escuelas en todo el país, y cuyos padres tengan un ingreso familiar menor a siete veces del Salario Mínimo Vital y Móvil».
En ese marco, CTERA puntualizó que según distintos estudios comparativos que han realizado diferentes organismos, «el sistema de vouchers ha fracasado en todos los países que se aplicó». Y añadió: «Incluso en aquellos en los que se hizo con la argumentación de producir mejoras en la calidad educativa, tal concepto no se corroboró».
Las garantías estatales se realizarán a través de dos transferencias mensuales: una directa a los dueños de las escuelas, que reciben al menos 75 % de aporte estatal; y otra indirecta a través de las familias por medio del voucher para las cuotas.
En ese punto, CTERA señaló que «con los vouchers educativos y el subsidio estatal, la escuela privada se asegura sin arriesgar un peso más el funcionamiento, el pago de los salarios y obtener amplias ganancias».
A la par, el Gobierno quitó a los docentes de las escuelas públicas el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que representa entre el 10 % y el 15 % de sus salarios. También recortó el Fondo de Compensación Salarial, cuyo objetivo es contribuir a la compensación de las desigualdades en el salario inicial docente en aquellas provincias de menores recursos.
«La CTERA vuelve a denunciar la responsabilidad incumplida del gobierno nacional, porque tal como lo plantean la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento Educativo, el Estado es responsable indelegable de la educación pública en todo el país».
Por último, el gremio detalló en qué otros aspectos de la educación pública hacen falta urgentemente más fondos. «La decisión del gobierno nacional de realizar un ajuste educativo y de transferir presupuesto para las cuotas de las escuelas privadas subvencionadas, privan a la escuela pública de importantes recursos para programas educativos destinados a la extensión de la jornada escolar, obras de Infraestructura, programas de tecnología y conectividad, de fortalecimiento de los aprendizajes en primaria y secundaria».
Y concluyó: «Especialmente nuestra preocupación es por las infancias y adolescencias en contextos de mayor vulneración que asisten mayoritariamente a escuelas públicas en todo el país, a las que debe garantizarles el derecho social a la educación con presencia estatal en política y financiamiento educativo».
