Por Contexto
Corría agosto de 2003 y el presidente Néstor Kirchner ya había conseguido, a través de sus bloques en el Congreso y sus aliados, anular las llamadas leyes del perdón, Obediencia Debida y Punto Final. Hasta ese momento, sólo los jueces extranjeros perseguían a los ex represores argentinos, y el Jefe de Estado había pedido, desde un primero momento, un juzgamiento local. Fue en ese momento cuando un magistrado federal quiso dar una señal en sentido contrario.
El jueves 13 de agosto, Claudio Bonadio –que lleva adelante dos causas contra Crisitina Kirchner, una por el Dólar Futuro– decidía procesar a tres miembros de la conducción de Montoneros de 1979 por su decisión de que decenas de militantes volvieran a la Argentina en medio de la represión dictatorial, operativo conocido como la “contraofensiva”. De esta manera, buscaba reinstalar la teoría de los dos demonios, como sucede ahora con la nueva/vieja versión del prólogo del Nunca Más que mandó a imprimir la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La medida también contempló la detención de dos de los involucrados, Roberto Cirilo Perdía y Fernando Hugo Vaca Narvaja, y el pedido a la Justicia de España de la captura de Mario Eduardo Firmenich. Según Victoria Ginzberg, la periodista que relató los hechos para Página/12, Bonadio no había formulado ningún cargo concreto ni terminaba de tipificar conductas, sólo los acusaba de ser “una conducta lesiva a la comunidad”. Es decir, los secuestros y desapariciones eran culpa de los líderes montoneros.
Citado por ese diario, el dirigente Edgardo Binstock, esposo de la desaparecida Susana Pinus y querellante en la causa, se había mostrado sorprendido: “Me sorprende que un tema que venimos tratando desde hace tiempo se resuelva 48 horas después de que el Congreso declarara la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, sobre todo porque, al transferir la complicidad de las muertes a la cúpula, se vuelve a la teoría de los dos demonios convirtiéndolo en uno solo”.
La también contraofensiva de Bonadio se daba en el marco de la investigación de los delitos de lesa humanidad, quince desapariciones cometidas en el Batallón 601 en 1980, cuando la Conducción Nacional de Montoneros decidió un regreso de cuadros que estaban exiliados.
El argumento de Bonadio era el siguiente: “En su calidad de miembro de la Conducción Nacional de la Organización Montoneros participó en la toma de la decisión de continuar las operaciones militares en territorio argentino durante el año 1980, para lo cual se le ordenó a (trece personas) ingresar a la Argentina a sabiendas de que la logística de la Organización estaba seriamente comprometida […] omitiendo adoptar medidas de seguridad que anularan o morigeraran los riesgos propios de la misión que se les encomendara, lo que condujo a que (las personas) fueran detenidas, resultando de ello la comisión de los delitos de secuestro, privación ilegítima de la libertad, posterior desaparición forzada y homicidios”.
Las declaraciones
Al otro día de la detención, Bonadio les tomó declaración indagatoria a Perdía y a Vaca Narvaja, quienes permanecían detenidos en la sede de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federa. “El poder necesita una compensación a lo que se está produciendo en los estadios de la sociedad, y este juzgado es instrumento de esa pretensión del poder”, afirmó Perdía al ser consultado su presente.
Vaca Narvaja también señaló un trasfondo político: “No soy ni seré moneda de cambio. No se puede equiparar la resistencia a la dictadura militar, condenada por terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad tanto nacional como internacionalmente”.
Bonadio les achacaba, ni más ni menos, haber sido partícipes necesarios de las desapariciones de sus compañeros. Desde Barcelona, Firmenich aceptaba ser entrevistado por Cristina Zuker, hermana de Ricardo Zuker, uno de los militantes asesinados ese año. “Vos podés juzgarla (a la contraofensiva) como una decisión política incorrecta, pero no podés decir que la conducción mandó a alguien a la muerte, porque además se pone en duda la integridad de los compañeros. Era imposible obligar a alguien a hacer algo si no quería”.
Una de las preguntas fue: «¿No te parece que para el proyecto de la contraofensiva eran demasiados los riesgos a correr, suponer que se iba a contar con el apoyo del pueblo argentino no era también una ilusión óptica?». Firmenich se defendió:
«¿Suponer qué? Nosotros hicimos la contraofensiva a partir de la huelga general de abril, y tuvimos ese apoyo. Y nos planteamos la movilización de una fábrica grande, la Peugeot, y la tuvimos a punto de salir. Les dieron todas las reivindicaciones para que no salgan. Y sabíamos que iban a estallar las contradicciones internas del Ejército y estallaron. Se sublevó Menéndez en ese momento. Y sabíamos que iba a venir la Comisión de la OEA y que esto era romper la coraza de protección que tenía la dictadura en el exterior, y también ocurrió. Y suponíamos que después de eso iban a tener que retirarse y llamar a elecciones, y también ocurrió.»
El 11 de septiembre Perdía y Vaca Narvaja seguían privados de su libertad en una pequeña celda. Allí recibieron a la cronista Ginzberg. “En esta causa se está confundiendo a los mártires con los verdugos, las víctimas con los victimarios, se nos está haciendo un juicio por la caída de nuestros propios compañeros”, expresaba Vaca Narvaja.
“Nosotros dijimos que esto era funcional a una política, porque en cada convocatoria electoral sale de nuevo la teoría de los dos demonios. Hay un juez federal que ya estaba siendo cuestionado”, agregaba. Por su parte, Perdía no negó la responsabilidad de la cúpula en la contraofensiva, pero pidió no confundir un error de estrategia con un delito: “Siempre que caía un compañero y te ponías a analizar qué pasó, siempre había un error. Si no hay un error, no hay una caída”.
Después de 68 días, el 21 de octubre, la situación se resolvió de la peor manera para Bonadio, ya que la Sala II de la Cámara Federal ordenó ese día la libertad de Vaca Narvaja y de Perdía y anuló las actuaciones del juez, a quien además se le abrió una investigación por privación ilegítima de la libertad.
Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi declararon “nulas” por “arbitrariedad” las actuaciones de Bonadio y dispusieron que se sorteara otro juez para la causa. El elegido fue Jorge Ballestero, quien finalmente ordenó el cese de las detenciones.
En sus argumentos, el tribunal superior echaba por tierra la teoría de los dos demonios: “Es difícil comprender el modo en que ciudadanos particulares, a través de la toma de una decisión individual, pudieron prestar un auxilio imprescindible para que los integrantes de la asociación ilícita (el Ejército) realizaran los actos delictivos que se les imputan”. De esta manera se ponía fin a la intentona de Bonadio de frenar un proceso de Memoria, Verdad y Justicia que era inevitable.
