Por Contexto
“La vuelta al mundo en ochenta días” fue la frase que inmortalizó Julio Verne, unos de los pioneros de la ciencia ficción, con el título de uno de sus más famosos libros. Con esa inspiración para el caso de Mauricio Macri, se podría decir “La vuelta al país en cuatro meses”. O, más que nada, dar vuelta al país. Casi como una obsesión, Cambiemos aplicó un plan sólo definido por intentar desmontar las medidas tomadas en los tres gobiernos anteriores.
Con 120 días a la vista, está claro que la idea fue realizar un ataque integral y total a fuerzas políticas, sociales, culturales y económicas desatadas durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner. El objetivo: el congelamiento. Con otras palabras, con eufemismos, era lo que pedían los sectores más conservadores: cerrar la grieta, terminar con la fiesta, bajar las expectativas, etcétera.
El dato concreto más duro de este plan, los despidos y los contratados cortados en el sector público, tanto a nivel nacional como en las provincias, lo brindó el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, quien el 5 de abril confirmó que el total de personal expulsado del sector público alcanzó a unos 10.921 empleados.
Para defender la medida, el funcionario aseguró que el 90% corresponde a las 24 mil contrataciones iniciadas durante el kirchnerismo entre 2013 y 2015, y que el “ahorro” sería de 3.500 millones de pesos anuales. Para matizar, adelantó que el 30% de los trabajadores incorporados en la última década serían pasados a planta permanente.
Otra mirada es la del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, que habla de 50 mil cesanteados, según un estudio publicado en febrero. Para la organización gremial, hubo 27 mil echados en todos los estamentos oficiales y 23 mil en el ámbito privado. Acá también se contemplan los casos en los que no se renovaron contratos.
En este rubro, el panorama más negro lo describe la consultora Tendencias Económicas. Para la firma, los despidos en 2016 llegan a 107.000. Según el documento, en enero hubo 41.921, la mitad en el sector público (a nivel nacional, provincial y municipal) y la mitad en el privado.
En tanto, en febrero, los desahucios afectaron a 65.799 personas y aumentaron 72% con respecto al mismo mes de 2015. De ellos, 55.800 fueron en el sector privado, sobre todo en la construcción (85%) y en actividades como autopartes, petróleo, comercio y minería.
Justamente, el caso más paradigmático fue el conflicto que tuvo lugar en el complejo nuclear de la localidad de Zárate. Allí están en vilo 2.600 empleos por las obras paralizadas de Atucha III y IV. Si bien hubo un principio de acuerdo para evitar el peor final, la labor no se reactivó. En tanto, desde UOCRA La Plata denunciaron que la ocupación cayó un 50% en la región por los proyectos frenados.
Algunas de las limpiezas fueron direccionadas, con el espíritu de lograr algo más que una baja en los gastos. Por ejemplo, se desmantelaron las áreas que se encargaban de llevar adelante las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Así, hubo 55 despidos en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Las áreas más dañadas fueron la coordinación de huellas y el Grupo Especial de asistencia judicial para casos de apropiación de niños en dictadura.
La misma suerte corrió la Subgerencia de Derechos Humanos del Banco Central encargada, entre otros temas, de investigar la complicidad del sistema bancario y financiero durante la dictadura. Este sector también recibió otra buena noticia: con 45 despidos, se redujo a su mínima expresión la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de investigar y perseguir el lavado de activos en el país; además de que en la presidencia se puso a María Eugenia Talarico, ex abogada del banco HSBC, envuelto en una mega causa mundial de evasión a través de cuentas en paraísos fiscales. Con el estallido de los “Panamá Papers”, la decisión cobra más sentido.
Por último, no se puede dejar pasar la advertencia de la Unión Industrial Argentina sobre la posible pérdida de entre 100 mil y 200 mil puestos de trabajos para los primeros meses del año. El anuncio lo hizo el secretario general de la UIA, Juan Carlos Sacco, quien explicó que 7 mil pymes pasan por un momento crítico: “No es que no quieran pagar, sino que no pueden pagar».
Dólar y devaluación
Para responder a una de sus promesas de campaña, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, dio una conferencia de prensa el 16 de diciembre para, según sus palabras, ponerle “fin al cepo” cambiario. El acceso a los dólares era libre, por fin. Lo que no aclaraba por aquel entonces era que esa medida carecía de otras complementarias para evitar que la devaluación de un casi 50% no se tradujera en una disparada de los precios y en una pérdida adquisitiva de los salarios.
La cuestión de los haberes no es un dato menor. Hace tiempo que los empresarios se quejan de que el costo laboral en argentina es muy alto y que eso les resta competitividad. Aunque cuando Cristina Kirchner lo decía en público muchos lo tomaban con sorna, los industriales admitían a puertas cerradas que los trabajadores nacionales eran los mejores pagos de América Latina, cálculo realizado en dólares, situación que los perjudicaba. Algo ya consiguieron. Resta saber ahora si los reclamos seguían hacia flexibilización laboral, por ejemplo.
Con excepción de Panamá (USD 744) y Costa Rica (USD 512), el salario mínimo vital y móvil de Argentina es de 448 dólares, lo que la ubica por encima Brasil (212), México (120), Chile (350), Perú (250), Uruguay (338), sólo por nombrar a los más importantes y los que suele usarse como ejemplo de “países normales”.
Como se decía, la depreciación del peso fue un salto sin red. Con los formadores de precios intactos, sin un control real sobre las cadenas de valor y un sector importante de los comercios sumidos en la informalidad, como los cientos de miles de almacenes y quioscos de los barrios, el traslado a la góndola fue imparable.
Inflación
A mediados de febrero, los diputados nacionales del FpV difundieron un informe sobre los sesenta días de gobierno del PRO, en cual hacían hincapié en la inflación. Por ese entonces, señalaba que para enero había llegado al 4% y que la pérdida del poder adquisitivo del salario real alcanzaba al 10%.
Los legisladores mostraron algunos casos testigo para dar cuenta de la escalada: los pañales de primera marca habían registrado una suba del 36%; el lomo, del 54%; el asado, del 62%; la leche La Serenísima, del 34%. Es decir, impactaba mucho más en los sectores con poca capacidad de ahorro y que deben destinar sus ingresos mayoritariamente en productos de primera necesidad.
La situación no cambió ni en febrero ni en marzo, donde se vio la consecuencia de un aumento de la tarifa eléctrica con picos del 700% en el Conurbano Bonaerense. Entre varios, Camilo Tiscornia, director de la consultora T&A, dijo que en el segundo mes del año la inflación fue del 4,5%.
Para el tercer mes, en tanto, desde el estudio Orlando Ferreres estiman una suba general del 3%, con un aumento del 4% en alimentos y bebidas, sobre todo porque subieron los precios de las carnes envasadas, el pollo (40%), las verduras (12%), el pescado y las bebidas no alcohólicas (7%). En todas las mediciones para marzo, la comparación interanual llega al 35%.
El dato más pesimista lo aporta la CGT de Hugo Moyano, para la cual la inflación fue de 4,83% en marzo, por lo que suma 37,87% en comparación con el mismo período de 2015. Mientras la Casa Rosada sueña con un 20% o 25% para 2016, un dato es sugestivo: el consumo de carne roja cayó un 5,9% en el primer trimestre, según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados.
Este cuadro derivó, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), en un aumento del casi 5% de la pobreza para los primeros tres meses de 2016, lo que sería casi un millón y medio más de personas, con 250 mil nuevo indigentes. Agustín Salvia, investigador jefe de dicho equipo, aclaró además que no se tomaron en cuenta «las pérdidas de empleo ni los recientes anuncios de incremento en materia de transporte y servicios domiciliarios».
Es decir, la situación podría empeorar cuando hagan mella los ajustes en las tarifas y en otros sectores de la vida cotidiana: agua (500%), peajes (400%), gas (300%. En Mar de Plata y Junín podría llegar al 2000% por la falta de actualizaciones previas), telefonía (200%), colectivos, trenes y subtes (100%), prepagas (40%), colegios privados (25%) y combustibles (19%).
[quote_recuadro]
LAS RETENCIONES
A las arcas estatales dejarán de entrar unos 3.300 millones de pesos por la quita de retenciones a la minería y otros 9 mil millones por la eliminación de los derechos de exportación de bienes industriales. Al mismo tiempo, la pérdida por la baja de retenciones al agro será de 22 mil millones de pesos, lo que significa unos 3 mil millones para las provincias. [/quote_recuadro]
