El domingo 11 de marzo, más de ocho millones y medio de cubanos elegirán diputados para la Asamblea Nacional del Poder Popular y delegados para las Asambleas provinciales. El proceso electoral del próximo fin de semana es un nuevo paso en el camino hacia el 19 de abril, cuando Cuba elegirá a su nuevo presidente. Diversos analistas aseguran que quien tiene las mayores posibilidades de ser elegido como nuevo mandatario es el actual vicepresidente, Miguel Díaz Canel.
La posible elección de Díaz Canel, de 59 años, representaría una renovación generacional en la conducción de la Revolución cubana.
Como primer paso, los cubanos elegirán 605 diputados para de la Asamblea Nacional del Poder Popular y más de 11 mil delegados para las Asambleas provinciales.
El 19 de abril se constituirá la Asamblea Nacional del Poder Popular y los parlamentario elegirán al presidente del país y a los miembros del Consejo de Estado.
Sumando al cerco mediático internacional que comúnmente oculta y/o tergiversa toda información sobre el nivel de participación ciudadana en las elecciones de autoridades cubanas, y con el evidente fin de enturbiar la imagen del proceso electoral, un grupo de expresidentes y una ONG financiada desde Estados Unidos realizaron lo que el gobierno de la isla calificó como “una clara provocación”. A pocas días de realizarse la elección, los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana, y de Bolivia, Jorge “Tuto” Quiroga, llegaron a Cuba con el fin de recibir el «Premio Oswaldo Payá: Libertad y Vida» que otorga la ONG ilegal Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, y realizar un acto para criticar al gobierno cubano y descalificar las elecciones del próximo domingo. Con ese acto de provocación, Pastrana y Quiroga se sumaron al secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien también inició una campaña de desprestigio de las elecciones cubanas.
El lamentable papel de estos representantes de la derecha regional se da en un contexto de endurecimiento del bloqueo financiero, comercial y económico que el gobierno de Estados Unidos mantiene sobre la isla hace más de cinco décadas y que ha dañado profundamente la calidad de vida de los cubanos.
Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, los empresarios estadounidenses que buscaban invertir en Cuba, al igual que los miles de ciudadanos norteamericanos que deseaban viajar a la isla, han visto cómo el gobierno norteamericano les ha cercenado esos derechos.
Sin embargo, todos los años el gobierno de Estados Unidos gasta millones de dólares en financiar a ONG y fundaciones que se dedican a agredir al gobierno de la Revolución y realzar todo tipo de injerencia en los asuntos internos de ese país.
La Fundación Nacional para la Democracia (NED) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), dos brazos económicos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), suelen recibir un vasto financiamiento del Congreso norteamericano para intentar desestabilizar el proceso cubano.
En esta ocasión, el gobierno de la isla, en un gesto de defensa de su soberanía, impidió la entrada al país de los dos exmandatarios de derecha y la realización del acto que se iba a transformar en una clara provocación para enturbiar las elecciones.
Más allá de los constantes intentos de las agencias de inteligencia norteamericana, de sus brazos financieros en la sociedad civil y de los gestos de servilismo de los esbirros regionales, el próximo domingo 11 de marzo Cuba elegirá a sus diputados y delegados y seguirá su camino hacia la renovación de autoridades con miras al 19 de abril.
