En medio del avance de debates en Comisión de Juicio Político en Diputados, se determinó la citación para el 4 de julio a Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles en el marco de la causa por la coparticipación federal. El ex ministro de Seguridad porteña y la mano derecha del juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quedaron implicados en el mentado «escándalo de los chats», donde salieron a la luz las estrategias compartidas para favorecer a CABA en el proceso judicial por los fondos federales.
Cabe recordar que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, fue quien decidió en su momento judicializar la modificación del reparto de la coparticipación, en reclamo del recorte de los recursos para la Policía porteña, una de las causales por las que se investiga la conducta de los cuatros miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Tras el fallo del máximo tribunal sobre la coparticipación (hecho que desató un escándalo judicial que motivó, entre otros puntos, el pedido de juicio político a los cortesanos), tiene entre sus protagonistas a D’Alessandro y Robles, quienes este jueves volvieron a ser citados a declarar. La decisión fue adoptada en el último tramo de la reunión de la Comisión de Juicio Político, donde se comenzó a analizar la sentencia del alto tribunal que favoreció a la ciudad de Buenos Aires.
Fue a fines de 2022 cuando la Corte firmó una medida cautelar donde ordenó que el Estado nacional le gire el 2,95 % de la coparticipación a la CABA. Eso implicó que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta reciba una cifra superior a los 100.000 millones de pesos de más sobre lo que ya le ingresa a la ciudad más rica del país por ese motivo. Y en un año electoral.
Por su parte, la pista de los mentados chats fue resultado de una filtración en los medios de comunicación donde quedó expuesta la comunicación que mantenían tanto D’Alessandro y Robles con otros actores, y donde se pudo verificar que ambos intercambiaban datos y coartadas sobre el debate de la coparticipación, en ese momento todavía en proceso.
Tanto desde Nación como desde Provincia de Buenos Aires iniciaron denuncias respectivas sobre la situación. La gestión de Axel Kicillof lo hizo en enero de este año, bajo la figura de «tráfico de influencias de funcionarios de la Corte Suprema y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
En tanto, en la plana de Nación (y por instrucciones del propio presidente Alberto Fernández), el ministro de Justicia, Martín Soria, presentó una denuncia penal contra D’Alessandro por los delitos de «incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado».
«Por instrucción del Presidente presenté una denuncia penal en la justicia nacional para que investigue al ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro: se imputan los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado, entre otros», anunció Soria en aquel momento en sus redes sociales.
«Los hechos a ser investigados involucran además a empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad, fiscales nacionales y la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante el Gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani», detalló el ministro.
