Por José Welschinger Lascano
La prosecretaria de Derechos Humanos de la UNLP Verónica Cruz criticó la iniciativa del intendente platense Julio Garro, quien se prepara para implementar una reglamentación municipal que defina cómo las fuerzas de seguridad pueden accionar contra la movilización ciudadana. Además de elevar un documento en contra de la aprobación del protocolo, la prosecretaria se presentó ante el Concejo Deliberante de La Plata para exponer los argumentos por los que la UNLP se opone al proyecto de Garro. En diálogo con Contexto, Cruz afirmó: “Protocolizar el accionar de las fuerzas de seguridad desde la jurisdicción municipal es algo que no corresponde. Sólo el Estado nacional y el provincial tienen esa responsabilidad, según lo dictado en las respectivas Constituciones”. La prosecretaria explicó a su vez que el proyecto impulsado por Garro no reúne las condiciones necesarias para garantizar el respeto hacia los derechos y las instituciones, y que no es necesario avanzar con una nueva normativa ya que actualmente existen leyes y convenciones para legislar sobre la materia.
“La Universidad pública integra a una comunidad de al menos 150.000 personas”, comentó Verónica Cruz, “Y esto la afecta directamente: nuestro proyecto como institución acompaña la profundización de la vía democrática para la solución de los conflictos, así como también los intereses y las necesidades de los diversos sectores sociales”. La prosecretaria de Derechos Humanos contó que actualmente se encuentran trabajando con varias organizaciones sociales, territoriales y de trabajadores, apoyando sus iniciativas, ya sean cooperativas, reclamos por la ampliación de derechos, y también sus luchas para mejorar las condiciones de trabajo y de vida. “Nos preocupamos por mejorar la situación urbana, por el acceso justo al agua, y por distintas temáticas vinculadas a los derechos sociales, económicos y ambientales que se ven amenazados por iniciativas como la presentada en esta oportunidad desde el municipio platense”.
En relación con la nota elevada al Concejo, Cruz explicó a Contexto que su presentación fue motivada por las preocupaciones institucionales que sienten respecto del proyecto presentado para reglamentar la restricción de las manifestaciones públicas en la ciudad de La Plata. “Concretamente, los motivos por los que elevamos esta presentación surgen a partir de lo que significa un protocolo de este tipo, que procura reglamentar sobre una materia para la cual las jurisdicciones municipales no tienen competencia según lo establecido en las Consituciones nacional y provincial. No podíamos dejar de pronunciarnos sobre este asunto, ya que la Universidad Nacional de La Plata tiene un proyecto político e institucional según el cual trabajamos y nos solidarizamos permanentemente con todo tipo de manifestaciones públicas, llevadas adelante por la propia comunidad educativa o por la sociedad en general, en el entendimiento de que detrás de toda movilización hay personas que sienten vulnerados sus derechos; y para nosotros la conflictividad social es muy compleja y requiere respuestas basadas en el diálogo”.
Por otro lado, la prosecretaria sostuvo que la solución de los conflictos debe ser siempre política y no proscriptiva desde una herramienta que protocolice cómo debe implementarse una manifestación, a quién debe avisar, o si se debe cercenar el ejercicio a la libertad de expresión y el derecho a la información de las personas. “No es una cuestión menor limitar la tarea de los periodistas dictándoles qué lugares deben ocupar para cubrir noticias en el espacio público; y tenemos una referencia empírica importante en ese sentido”. Y agregó: “Toda regulación que se establezca sobre esta materia debe tener a priori respeto hacia los tratados internacionales de derechos humanos”.
Verónica Cruz realizó ante el Concejo Deliberante un llamado a respetar los derechos humanos y las reglas del juego democrático. “Además, ya tenemos una reglamentación vigente, de 2011, donde se precisan los criterios mínimos del accionar de las fuerzas de seguridad respetando los criterios internacionales”. Para concluir, resumió: “Por eso sostenemos que no existe la necesidad de implementar un protocolo sobre esta materia, para limitar los derechos de ciudadanos que obviamente no se encuentran en igualdad de condiciones frente al Estado”.
Discutiendo con argumentos
En su presentación ante el Concejo platense, la prosecretaria expuso los motivos por los que está en desacuerdo con la implementación del protocolo de Garro. En primer lugar, alertó repecto de la inexistencia de una presentación oficial del contenido de la resolución, que sólo fue publicada en el sitio web del Ministerio municipal de Seguridad. Al día de la fecha, no existe un documento que refrende la vigencia de ese protocolo. Para continuar, remarcó las discrepancias existentes entre el proyecto y los códigos contravencionales y procedimentales de la nación y la provincia; amén de la pretensión del protocolo de modificar políticas de justicia y seguridad pública que sólo puede cambiar el Estado nacional o el provincial. A su vez, el texto fue considerado regresivo en materia de derechos humanos, ya que vulnera tanto la libre expresión como los derechos a reunirse y peticionar, así como también el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos.
Ante la posición del presidente del Concejo, Fernando Ponce, quien argumentó que los derechos deben existir «también para los vecinos», Verónica Cruz contestó que la postura de la UNLP está en acompañar la ampliación y restitución de derechos, asumiendo una responsabilidad ética y política para comprender la complejidad de la conflictividad social; especialmente teniendo en cuenta las condiciones adversas en las que se encuentran esos sectores de la población cuyos derechos no estarán garantizados mientras no existan condiciones de igualdad frente al Estado.
