“Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad. No está ni muerto ni vivo, está desaparecido”, decía el dictador Jorge Rafael Videla mientras implementaba un plan sistemático para secuestrar, torturar y desaparecer a 30.000 argentinos. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, la sociedad argentina volvió a preguntarse por un desaparecido: “¿Dónde está Santiago Maldonado?”.
El joven fue detenido el 1º de agosto de este año, durante una represión comandada por Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Patricia Bullrich.
Según narran los testigos, Maldonado fue detenido y subido a una camioneta de la Gendarmería, y luego “desapareció”. La Gendarmería se ha transformado en la principal fuerza de choque del gobierno de Mauricio Macri y, según denunció la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y actual candidata a senadora, esta fuerza represiva también jugó un rol clave en el intento de fraude en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.
A casi un mes de su desaparición, Gendarmería, Pablo Noceti, Patricia Bullrich, Mauricio Macri y los grupos mediáticos hegemónicos (cómplices, al igual que en la dictadura) se niegan a responder la pregunta que se hace la mayoría de los argentinos: “¿Dónde está Santiago Maldonado?”.
De esta oscura manera, Macri suma a Argentina a la penosa lista de países de la región que, con la complicidad del Estado, han reeditado la práctica de la desaparición forzosa.
México, Colombia, Honduras, Guatemala, países de los que se habla poco, países que Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), parece no registrar, tienen tristes records en este aspecto.
Los mecanismos parecen calcados y las víctimas siempre suelen ser las mismas: estudiantes, militantes sociales y de derechos humanos, periodistas, personas que se quieren organizar para defender los derechos de los más vulnerables, etcétera.
Los desaparecedores también son los mismos: fuerzas estatales o paraestales que responden a los sectores del poder económico concentrado.
Los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en 2014 en Ayotzinapa, México, y los 24 periodistas desaparecidos en los últimos años, se suman a larga lista que enluta al país azteca.
La protección mediática que recibe el gobierno de Enrique Peña Nieto ha hecho que se desconozca casi por completo lo que allí pasa.
Honduras, Guatemala y la Colombia del Premio Nobel de la Paz y creador de “los falsos positivos”, Juan Manuel Santos, también pueden “dar cátedra” sobre la práctica de la desaparición forzada.
Como en el peor momento de la historia de la región, de Argentina a México resuena una vez más el mismo grito: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
