Los abogados Cholvis, Corti y Barcesat hicieron la presentación ayer al mediodía ante la Justicia nacional en lo Criminal y Correccional Federal, acusando a «todos los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional”, incluido el presidente Mauricio Macri, senadores y diputados que tengan “autoría o participación, penalmente responsable, en la delictiva negociación con los fondos buitre, que se intenta aprobar a instancias del Juez Municipal Thomas Griesa».
En este sentido, el abogado Eduardo Barcesat declaró a Contexto que la presentación “fundamentada en razones constitucionales” quedó ahora en manos del juez federal Sebastián Casanello, quien deberá determinar con rapidez necesaria si existe o no comisión del delito.
La idea de pagar sin ajustarse a derecho implica un delito con encuadre legal que se encuentra claramente tipificado, asegura Barcesat, y entre ellos figuran los artículos 215 inciso 1°, de traición a la Patria, el artículo 173 inciso 7°, que identifica la defraudación especial, y el 248 sobre la violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, todos del Código Penal.
Además, “los fallos de Griesa son contrarios al sistema constitucional argentino” explica Barcesat, y, a pesar de la insistencia del Gobierno macrista en pagar la deuda de los que no adhirieron al canje, “lo único que pueden hacer los fondos buitre es basarse en la legislación local vigente o convertir el reclamo en papel picado”.
Barcesat recordó que existe “un antecedente similar del año 2014 en el que la Corte Suprema rechazó un fallo de Nueva York e impidió validar en el país una sentencia de Griesa”, la cual había condenado a Argentina a pagar a Claren Corporation 7,5 millones de dólares en bonos.
El fondo buitre había demandado al país ante la Justicia norteamericana obteniendo un fallo favorable en 2007 con el que pidió su ejecución, pero la Corte rechazó el planteo y negó el exequátur o convalidación.
“Nosotros hemos cumplido como denunciantes aportando elementos para justificar el delito” que comenzó en el mismo momento en el que enviaron a los negociadores ante el juez en Nueva York. Ahora queda en manos del juzgado de Casanello y la respectiva fiscalía el avance de la causa, concluyó Barcesat.
Desde la Asociación indicaron que la acción está respaldada mediante la adhesión “de otros organismos representativos de los juristas y de organizaciones sociales encabezadas por la Central de Entidades Empresarias Nacionales”, explicando además que la denuncia se encuadra en las figuras de traición a la patria “en concurso con defraudación especial y violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.
El texto que acompaña a la presentación analiza en profundidad las disposiciones constitucionales, tratados internacionales de derechos humanos y leyes que implican calidad de orden e interés público, señalando el accionar de los autores y partícipes penalmente responsables como contrario al artículo 29 de la Constitución Nacional y pidiendo al juez que disponga la suspensión del delito “hasta tanto recaiga sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada”.
La negociación, afirman los impulsores de la denuncia, llevaría al endeudamiento de 384 mil millones de dólares, “hipotecando generaciones de argentinos y poniendo en riesgo de entrega a nuestros recursos y riquezas naturales”.
El debate por la derogación
Mientras tanto, desde algunos sectores de la oposición se había planteado la necesidad de posponer para abril el debate legislativo para derogar las leyes cerrojo que impiden una nueva negociación sobre la deuda, ya que la Corte de Apelaciones de Nueva York dejó en suspenso la decisión del juez Thomas Griesa de levantar el embargo que pesaba sobre el país.
Sin embargo, la sesión ya estaría asegurada mediante las negociaciones encabezadas por el coordinador del interbloque de Cambiemos, que habría gestionado el quórum necesario luego de una serie de reuniones con algunos referentes políticos.
En este sentido, Teresa García, secretaria parlamentaria del Frente para la Victoria, ratificó que desde su sector no darán apoyo al quórum de hoy, ya que cree que «no es sustentable y es injusto porque privilegia a una pequeña cantidad de los bonistas», que sólo representan al 7% que rechazó reestructurar la deuda en las negociaciones de 2005 y 2010.
