El presidente Mauricio Macri volvió a culpar a “la mafia de los juicios laborales” –esta vez comparándola con la narcocriminalidad– por el cierre de pymes y la pérdida de empleo. Su insistente discurso esconde un doble objetivo: embestir contra los derechos de la clase trabajadora y ocultar las verdaderas causas que llevan al quiebre de esas empresas, relacionadas con la aplicación de políticas salvajes de ajuste, destrucción del mercado interno, tarifazos y apertura indiscriminada de importaciones, que a su vez impactan en los índices de desocupación.
“Los argentinos nos merecemos un país donde sólo haya lugar para los que se ganan la vida trabajando, intermediarios y mafias afuera”, remató este jueves desde la Casa Rosada, junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
Pero los propios datos oficiales desnudan el cinismo de Macri. Semanas atrás, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informaba que la desocupación había trepado del 7,6%, en diciembre de 2016, al 9,2% en el primer trimestre de 2017. Si se tiene en cuenta que a fines de 2015 la tasa era del 5,9%, puede verse con claridad que Cambiemos aumentó 3,3 puntos el desempleo en apenas quince meses de gestión.
A marzo de este año, se registraban más de 1.700.000 argentinos que no podían ganarse la vida trabajando y 1.830.000 subocupados, la mayoría en el territorio de Vidal. Lejos de cualquier recuperación, el desempleo siguió creciendo en abril y sumó otras 50.632 personas arrojadas a la calle desde el sector privado, según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación en relación con el empleo en blanco.
Y la sangría no paró en mayo y tampoco en junio, que termina con varios casos que hicieron ruido, como los 800 despidos en Atucha, los 600 de PepsiCo en Vicente López, los 400 de la autopartista Hutchinson en Martínez, los 180 de Unisol-Puma en La Rioja, los 170 de la química Lanxess en Zárate, los 70 de los talleres ferroviarios Rioro en Santa Fe, los 51 de Walmart en Sarandí y los 25 de FanGraf en el barrio porteño de Floresta.
Situaciones similares se repiten en todo el país. La multinacional peruana Grupo Gloria, por ejemplo, acaba de despedir a más de 60 trabajadores del Ingenio San Isidro en Salta. Se trata de un caso que echa por tierra el argumento de la estacionalidad que muchas veces esgrime el Gobierno para justificar el incremento del desempleo. Tal vez por eso no tiene repercusión mediática a nivel nacional.
“Son trabajadores intermitentes de planta permanente. Sólo se presentan durante el tiempo de zafra, que pueden ser de cinco a siete meses, pero la empresa está obligada a convocarlos debido a que son de planta”, explicó Mariano Cuenca, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio San Isidro (SOEASI-CTA), que convocó a una serie de paros desde el 6 al 17 de julio.
Lo que llama la atención es que el Ingenio se desprenda en este momento de la mitad de su personal, cuando venía funcionando con lo mínimo e indispensable. Cuenca sospecha que puede ser “una provocación, teniendo en cuenta que estamos en tiempo de paritarias”.
En Jujuy, los despidos y la precarización laboral también están a la orden del día. Esta semana, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) realizó varios piquetes. Uno de ellos fue sobre la ruta 61 en reclamo de la reincorporación de una veintena de trabajadores de Aguas Calientes. Los echaron tras exigir el pago de cuatro meses de salarios adeudados. Otras localidades de la provincia gobernada por Gerardo Morales, como Palpalá, El Talar y Humahuaca, dan la pelea por el pase a planta permanente de jornaleros y contratados que cobran entre 1.500 y 2.000 pesos por mes, sin obra social ni aportes jubilatorios.
En las zonas petroleras de la Patagonia, los despidos y las suspensiones se cuentan por miles desde la llegada de Macri. OPS, empresa contratista de YPF, echó el miércoles a otros 193 trabajadores neuquinos, sumando un total de 1.308 en los últimos diez meses.
Mientras tanto, en Tierra del Fuego, los metalúrgicos alertan que la situación “es de extremada gravedad”. El secretario general de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, aseguró días atrás que “la totalidad de las fábricas están complicadas”, incluso las de celulares, que “en alguna oportunidad se dijo que estaban con una condición favorable”.
Empresas como BGH siguieron con los despidos y los retiros voluntarios luego del cierre de Informática Fueguina (IFSA), que dejó en la calle a unas 200 familias.
En su último informe ante el Congreso, el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, afirmó que todos los trabajadores de IFSA habían sido reinsertados en otras fábricas, pero se trató de una burda mentira. Los despedidos se manifestaron el martes en Río Grande para exigir que las autoridades nacionales y provinciales cumplan con su promesa, ya que sólo unos pocos fueron reubicados. “No llegan al 5%”, detalló Marcos Linares, secretario adjunto de la UOM local.
PepsiCo
Para defender sus puestos laborales, los despedidos de PepsiCo decidieron tomar la planta de Vicente López que la multinacional había dado por cerrada, llamaron a un boicot de sus productos y luego bloquearon la salida de camiones distribuidores en Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, con la colaboración del Sindicato de Camioneros.
Ahora la empresa trata de quebrar la lucha tentando a algunos trabajadores con indemnizaciones del 200%, pero el delegado de la Comisión Interna, Camilo Mones, advirtió a sus compañeros sobre el peligro de aceptar ese dinero: “Nos quedamos sin trabajo y no vamos a conseguir laburo en ningún lado”.
Este viernes, se movilizaron hasta la Municipalidad de Vicente López y luego se reunieron con otros sectores afectados por el ajuste macrista en la sede central de ATE, con el objetivo de coordinar una jornada nacional de protesta para la semana que viene. La idea no sólo es denunciar a las patronales que aprovechan el cambio en favor de los ricos para despedir, suspender y flexibilizar, sino también al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y a los burócratas sindicales que avalan esas maniobras.
Vetadora antiobrera
Siguiendo los pasos de Macri, la gobernadora Vidal vetó cada una de las leyes de expropiación que fueron sancionadas en la Legislatura bonaerense para garantizar la continuidad de las empresas recuperadas.
Su último veto apareció el jueves en el Boletín Oficial y afecta a la cooperativa Cintoplom Limitada de Ciudadela, partido de Tres de Febrero, que desde 2003 produce pinturas y barnices bajo la gestión de sus trabajadores.
La ley aprobada el 18 de mayo último otorgaba una prorroga a la expropiación de la planta, maquinarias, instalaciones y marcas comerciales correspondientes a Cintoplom S.A. Era una herramienta fundamental para la empresa recuperada, que en el último año sufrió la caída del 40% de sus ventas. Por ende, la decisión de Vidal es como un tiro de gracia.
