Por Lucía García Itzigsohn
En esta ruleta rusa en que se ha convertido la realidad argentina, detenerse a analizar una de las situaciones en que se atropella la ley y se verifica el rumbo político de la ceocracia puede ilustrar el resto.
Para muestra vale lo que sucedió en la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo creado por la Ley 25.246 que modifica el Código Penal en lo que refiere a Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo, modificada a su vez en 2011.
La legislación establece que la UIF es el organismo encargado de detectar y controlar el delito de lavado de dinero que consiste en maniobras para ingresar al circuito legal activos provenientes de transacciones ilegales y en general asociadas a delitos. Los más frecuentes son la evasión, el narcotráfico y la trata de personas. Los denominados «delitos de guante blanco».
En enero de 2010, el economista José Sbattella fue designado presidente del organismo tras una larga trayectoria en la función pública. Su trabajo durante los cinco años de ejercicio obtuvo resultados que multiplicaron con creces la eficiencia de la gestión anterior. Entre los logros de la gestión se encuentran el haber conseguido que Argentina saliera de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional en que se ubica a los países cuya acción antilavado no cumple con estándares mínimos.
La aplicación de la figura de los sujetos obligados, personas que en nombre de bancos, inmobiliarias, escribanías, empresas y diversas entidades financieras deben informar sobre movimientos de dinero sospechosos, agilizó y acrecentó el volumen de denuncias recibidas por el organismo.
La aplicación de la figura de los sujetos obligados, personas que en nombre de bancos, inmobiliarias, escribanías, empresas y diversas entidades financieras deben informar sobre movimientos de dinero sospechosos, agilizó y acrecentó el volumen de denuncias recibidas por el organismo. La propia UIF instruía a quienes debían detectar operaciones sospechosas cuando se tratara de montos sin relación con los ingresos declarados. Entonces realizaban un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que luego era investigado por la UIF. Ante la hipótesis de lavado de activos se presentaban como querellantes en causas judiciales. Esto sucedió en diversas oportunidades y en casos que tuvieron resonancia mediática: Manzanas Blancas, Nordelta, Carbón Blanco, Luis XV, Clan Ale, etcétera.
¿Puede la dirección de la UIF quedar a cargo de un abogado que trabajó para el FMI y una abogada que patrocinó al HSBC?
Pues esa ha sido la decisión del ministro de Justicia Germán Garavano luego de la audiencia pública realizada el pasado lunes. Mariano Federici y María Eugenia Talerico fueron los elegidos por Mauricio Macri para liderar el organismo encargado de combatir el lavado de dinero. Catorce avales institucionales y más de ochocientas impugnaciones no pesaron en la conciencia del ministro para tomar su decisión. Una idea del diálogo muy curiosa la de un Gobierno que escucha como un gesto autómata para luego hacer lo que ya había decidido.
En la audiencia, numerosas voces se levantaron advirtiendo la incompatibilidad de intereses entre quienes defendieron intereses del sector financiero y ahora se erigen en protectores del interés público, con esa idea neoliberal de que la eficiencia está desconectada de la posición política.
Talerico, propuesta para ocupar la vicepresidencia del organismo, es abogada del HSBC. Patrocina a la entidad bancaria en tres causas que fueron elevadas a la Corte Suprema. Es defensora del oficial de cumplimiento del HSBC, Gustavo Peccora.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, Hernán Letcher, Rodolfo Tahilade, Carolina Gaillard y José Sbattella aportaron información y argumentos de sobra para desestimar las designaciones.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, Hernán Letcher, Rodolfo Tahilade, Carolina Gaillard y José Sbattella aportaron información y argumentos de sobra para desestimar las designaciones.
Félix Marteau, titular de la Fundación Finint en la que participan Federici y Celeste Plee, también integrante de la nueva UIF, se mostró como ferviente defensor de las candidaturas de quienes han trabajado con él. Tal es la situación también del flamante ministro Garavano, docente del posgrado dictado por Finint. Tarea que comparte con los jueces Claudio Bonadio y Ariel Lijo, el padre de Celeste, el fiscal Raúl Plee y periodistas del Grupo Clarín.
En la audiencia se presentaron unos trescientos apoyos institucionales y cerca de ochocientas impugnaciones que no bastaron para reconsiderar las candidaturas. En su descargo, Federici señaló que “la UIF debe ser un organismo garante de las libertades individuales, de la seguridad jurídica y del clima de negocios para atraer inversiones genuinas al país”.
“Estas designaciones son una provocación”, declaró José Sbattella. “El sector financiero en la Argentina pasó a tener un sistema a través de la constitución de sujetos obligados, que es un instrumento muy importante para las causas por delitos económicos. Esa herramienta es puesta en manos de las empresas que mundialmente han sido cuestionadas en Estados Unidos y en Europa, que son las más multadas y en Argentina están siendo investigadas en una de las causas más importantes de fuga de divisas: la famosa causa de las 4.040 cuentas”.
Agustín Carrara, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, justificó su cuestionamiento “por entender que existe un conflicto de intereses tan alevoso y tan manifiesto que es insuperable, fundamentalmente porque cuando uno ve todo el grupo de profesionales que pasaría a integrar las primeras líneas de la UIF, personas que hasta ahora se han desempeñados como defensores de empresas y personas físicas acusadas por lavado de activos en distintas instancias comerciales, administrativas, van a pasar a integrar el organismo encargado de controlar esos mismos actores y esas mismas actividades”. Y agregó que HSBC fue multado en Estados Unidos por haber lavado dinero del cartel de Sinaloa, en una clara vinculación con el narcotráfico.
Carrara expresó que: “La razón de la impugnación tiene que ver con un conflicto de intereses que es más complejo que una relación laboral que puede interrumpirse y así desactivar la incompatibilidad. Se da lo que en Estados Unidos llaman ‘la puerta giratoria’, que refiere a profesionales que se desempeñan en la actividad privada que pasan directamente a controlar lo mismo por lo que hasta ayer defendían a sus clientes y que el día de mañana pueden volver a la actividad privada como si eso no causara ninguna merma al interés público. Creemos que esta designación viola la ley de lavado, la ley de ética pública, el código de ética en la función pública.
En su descargo, Talerico argumentó al portal del Ministerio de Justicia Infojus que “el rol del abogado penalista no tiene que ser confundido con los intereses de su cliente que defiende” y la existencia de una normativa que le brinda “la posibilidad de excusarme frente a situaciones que puedan generar algún conflicto de intereses”.
Sbattella manifestó su preocupación por el desguace de la UIF. “Yo le quiero decir a la doctora que la he escuchado por radio y que ha hablado de una UIF de noventa personas. La UIF Argentina tiene doscientas personas porque querella, sumaria y genera actividades proactivas en más de ochenta situaciones judiciales. Eso ha permitido acciones directas, ha permitido desarmar tres carteles, dos nacionales y uno internacional, y ha permitido esa UIF, con estas doscientas personas y un poquito más, tener un rol preponderante a nivel nacional e internacional. Que le hayan sacado el área internacional presagia una UIF que piensa ser atacada. Espero que eso no se dé”.
