Por Miguel Croceri
Hace ocho años y medio, Milagro Sala fue la primera víctima de un aparato judicial, policial y clandestino creado para desarmar la resistencia popular. Ahora el régimen que encabeza Milei está dispuesto a utilizar toda la persecución y violencia que sean necesarias para alcanzar sus objetivos.
La derecha argentina siempre ha sido particularmente violenta. Como en muchos otros lugares del mundo, pero este artículo se refiere a nuestro país. Lo fue a fines del siglo XIX, con el genocidio de pueblos originarios en la Patagonia. Lo repitió durante gran parte del siglo XX, mediante el asalto al poder institucional de la Nación a través de golpes de Estado cívico-militares.
Lo mostró en toda su dimensión criminal con el bombardeo Plaza de Mayo -y otras zonas de Buenos Aires- el 16 de junio de 1955, cuando asesinó a al menos 350 personas que transcurrían allí un día cualquierda de su vida, en un operativo que pretendía derrocar al gobierno peronista y asesinar a su líder.
Lo llevó al extremo al implantar el terrorismo de Estado en la segunda mitad de la década de los años ’70, cuya consecuencia fue un genocidio que eliminó a un grupo político de la sociedad integrado fundamentalmente por militantes que pertenecían a muy diversos tipos de organizaciones populares, incluidas organizaciones revolucionarias.
Más acá en el tiempo, tras asumir Mauricio Macri la presidencia de la Nación en diciembre de 2015, el gobierno conformó junto a poderes corporativos -privados y estatales- un régimen político de derecha que utilizó métodos violentos para persigur a opositores/as, en muchas ocasiones meter presas a las víctimas, y de ese modo desarmar políticamente a fuerzas que representaban los intereses del pueblo e intimidar al conjunto de la sociedad.
La primera dirigente que sufrió en su propio cuerpo -en su propia vida- la privación ilegal de la libertad fue Milagro Sala. El mismo día o en los siguientes apresaron a otras/os militantes de la organización Tupac Amaru, que ella había fundado y que lideraba. Dicha organización se mantiene activa pero a partir de entonces los poderes oligárquicos y racistas consiguieron debilitarla.
El jefe político del dispositivo antidemocrático instalado en la provincia de Jujuy desde fines de 2015/comienzos de 2016, fue el entonces gobernador Gerardo Morales. Dirigente de la Unión Cívica Radical -fuerza que integró en 2015 la alianza “Cambiemos”, luego llamada “Juntos por el Cambio”-, llegaría en 2021 a ser presidente de su partido.
Las/los abogados/as y demás militantes que siempre lucharon por la libertad de Sala, mucho tiempo después de su detención lograron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dispusiera el atenuante de la prisión domiciliaria. En diciembre de 2018 la dirigente fue llevada a su casa y allí siguió detenida.
En ese encierro sufrió la muerte de su hijo menor, Sergio Chorolque Sala (de 37 años, quien estaba enfermo y falleció en enero del ‘23), y meses después también la de su compañero de vida Raúl Noro (el cual murió en agosto del mismo año, a los 80 de edad). Semanas más tarde, por graves problemas de salud, a principios de octubre ella fue trasladada a La Plata para ser operada y recibir los cuidados médicos necesarios.
Milagro es una prisionera política desde hace ocho años y medio. En todo ese tiempo le inventaron 13 causas judiciales y enfrentó seis audiencias orales y públicas, como parte de simulacros judiciales para darle apariencia legal al violento hostigamiento en su contra.
(“Ningún varón que participe en política vive el grado de persecución, intimidación y acoso que ella transita, con el afán de limitar su influencia y acción” políticas, explicó el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, en una reseña publicada cuando llevaba siete años detenida. Posteo del 15/01/2023).
Muy pocos/as referentes -políticos, de la comunicación, etc.- recuerdan públicamente a la fundadora de “la Tupac”. Una de las excepciones ha sido siempre la periodista Cynthia García, co-directora junto al realizador audiovisual Martín Adorno del documental “Milagro Sala, la película”, estrenado a fines de 2018.
Otra excepción es el periodista Eduardo Aliverti, quien semanalmente informa en su programa radial la cantidad de días que Sala lleva detenida, y asimismo algunos medios de comunicación del Grupo Octubre, como el diario Página 12 y la radio AM-750.
Gracias al citado profesional de prensa y a los medios mencionados, se puede establecer con datos precisos que, hasta este lunes (24/06/24), Milagro soporta 3082 días en esa condición. Llevando encima el sufrimiento anímico, emocional, afectivo y físico, y aún así con fortaleza espiritual y como militante política. Aunque “muchos nos soltaron la mano”, según le dijo ella misma a Cynthia García en enero pasado, momento en el cual la detención ilegal llegaba a los ocho años. (Reportaje del programa “La García” en la emisora AM-750, entrevista del 16/06/24).
Morales en Jujuy, Macri en todo el país
Gerardo Morales estuvo ocho años al frente del gobierno de de Jujuy (primero del ‘15 al ‘19, y luego, tras ser relegido, entre el ‘19 y el ‘23). Parte de su capital político dentro de su partido, y en general ante el electorado reaccionario, racista y antikirchnerista, fue haber metido presa a la principal opositora que tenía en la provincia y haber desarticulado en gran medida a la organización que ella lideraba.
El dirigente concluyó su mandato como gobernador en diciembre pasado y desde entonces no se muestra públicamente. Meses antes había sido derrotado en su intento por convertirse en vicepresidente de la Nación. Secundó en la fórmula a Horacio Rodríguez Larreta, y ambos perdieron la interna abierta de Juntos por el Cambio en las elecciones primarias (PASO) hace algo menos de un año. (En marzo de 2023, al lanzarse como precandidato a vice, se jactó del encarcelamiento de Sala. Crónica de El Destape, nota del 15/03/2023).
Ahora Morales no aparece pero en su momento ejecutó un experimento provincial de lo que luego sería un pilar fundamental del régimen de derecha a nivel nacional. Él y Macri fueron los cabecillas políticos que armaron estructuras judiciales, policiales y clandestinas -incluido el accionar de agentes secretos de los servicios de inteligencia- para perseguir penalmente a sus adversarias/os.
La ejecución del plan estuvo a cargo jueces y fiscales de sectores corrompidos de la judicatura -mal llamada “justicia”-, tanto de la provincia de Jujuy como del fuero federal de la Nación, y en particular de los juzgados habitualmente llamados “Comodoro Py” (por el nombre de la calle donde está el edificio de los tribunales, en el barrio porteño de Retiro).
Aparte de la dirigente jujeña, la principal víctima política fue y es Cristina Kirchner. También otros/as dirigentes del espacio que ella lidera. A quien fuera su canciller, Héctor Timerman, el sistema de persecución le impidió trasladarse a Nueva York para que lo atendieran, mediante complejas terapias que solo allá podían intentarse, por el tipo de cáncer que padecía. En ese contexto de ultraje contra sus derechos humanos elementales, Timerman murió cuando finalizaba 2018, el 30 de diciembre.
Cristina lo despidió en aquel momento a través de sus redes digitales con una honda y reveladora reflexión humana y política. “Héctor se enfermó por el dolor y el sufrimiento que le provocó el irracional e injusto ataque que ambos sufrimos con motivo de la firma del Memorando de Entendimiento con Irán para lograr el esclarecimiento del atentado terrorista contra la mutual judía y poder destrabar así la causa judicial de la AMIA, que a casi 25 años del hecho continúa paralizada y sin ningún condenado”. (Información de Página 12, nota del 01/01/2019). Cabe agregar que en menos de un mes, el 18 de julio próximo, serán 30 los años transcurridos desde el atentado. Y la impunidad sigue siendo la misma.
Víctimas, ayer y hoy
El sistema de persecución que empezó a montarse en los inicios de 2016 mantuvo sus plenos poderes durante al gobierno del gobierno del Frente de Todos (2019-2023). Y volvió a tomar envión recientemente, contra personas que protestaron cuando el Senado trató la llamada “ley Bases”, el miércoles 13 de este mes.
Al cabo de los años transcurridos, la referente jujeña y líder de la organización Tupac Amaru continúa detenida. La líder del kirchnerismo fue condenada a seis años de prisión y además le dictaron “inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”, aunque el fallo ha sido apelado.
El ex vicepresidente Amado Boudou sufrió la cárcel y también está proscripto, con el agravante de que el fallo en su contra ya ha sido confirmado por la Corte Suprema. (“Prohibido votar a la ex presidenta y a su vice”, resumía el título de un articulo publicado un año atrás en el portal Va Con Firma, de Neuquén. Nota del 02/07/2023).
Además, como se sabe, 1 de septiembre de 2022 Cristina sufrió un intento de asesinato. Esta semana deberían empezar a ser juzgados en audiencias orales y públicas dos detenidos y una detenida, imputados/da por la autoría material. (Reporte de elDiarioAr, nota del 08/03/24). Pero el mismo aparato judicial corrompido, encubrió las responsabilidades empresariales y políticas que estuvieron detrás del ataque criminal.
Actualmente, la dinámica política ha derivado en una potenciación de las estructuras creadas para sostener el sistema económico y social dominante, y de ese modo tratar de impedir que desde el pueblo se desarrolle una acumulación de poder.
El triunfo electoral de Javier Milei y su posterior acción de gobierno dieron comienzo a la instauración de un régimen de extrema derecha, que requiere usar la represión y la persecución penal para contra-restar las protestas y una eventual reorganización de sectores antagónicos al suyo.
En el comando político-operacional de esa estrategia se encuentra Patricia Bullrich, la misma ministra “de Seguridad” de la etapa macrista. (El nombre del ministerio, observado con detenimiento, es revelador de lo que significa ese concepto para el bloque hegemónico: todo lo contrario del derecho a vivir seguro que tiene cualquier ser humano y el pueblo todo).
La ferocidad con que fueron atacadas por personal armado del Estado, y en la misma saga encarceladas, maltratadas y (en resumen) violentadas, decenas de ciudadanas/os que se movilizaron cuando el Senado trataba la llamada “ley Bases” (el miércoles 12 de este mes), es un anticipo de que probablemente en el futuro inmediato o mediato puedan existir en el país decenas o cientos de “milagros sala”.
Esto es: personas ilegalmente privadas de su libertad -aunque siempre con apariencia de “legalidad”- y hostigadas por largo tiempo en su integridad física y psíquica, para desarmar su real o eventual capacidad de acción política.
Jueces/juezas para reprimir y perseguir
Milei, Bullrich, el resto del gobierno, y fundamentalmente las corporaciones económicas que respaldan al régimen y constituyen el sustento último de su poderío, están dispuestos a aplicar toda la violencia que sea necesaria para alcanzar sus objetivos.
El funcionario judicial más servil para el plan represivo y el encubrimiento de los perpetradores, es el fiscal Carlos Stornelli. Sin embargo, a pesar de su ensañamiento con las víctimas, una semana después de los hechos la mayoría de las/los detenidos/as fueron liberadas/os por orden de la jueza María Servini, quien dictó la “falta de mérito” para 28 de las/los 33 imputadas/os por Stornelli. En cambio, cinco continúan encarceladas/os.
El desempeño de Servini podría ser un indicador de que existen discrepancias dentro de la judicatura en cuanto a su complicidad con la estrategia oficial. Ese tipo de crisis dentro del bloque dominante suele ser decisivo para configurar un cierto escenario político.
Por ejemplo en Brasil, el Supremo Tribunal Federal (STF), por seis votos a favor contra cinco (6 contra 5) confirmó en abril de 2018 la sentencia que condenaba a 12 años de cárcel a Lula Da Silva. (Artículo del portal argentino Infobae, nota del 04/04/2028). El líder popular quedó detenido a las 48 horas y estuvo prisionero durante 19 meses. En diciembre de 2019 fue liberado provisionalmente hasta que se agotaran las instancias de apelación.
Y tres años después de que el STF lo mandara a la cárcel, el mismo órgano judicial -en abril de 2021- anuló su propio fallo anterior y le restituyó los derechos políticos a Lula. Así quedó en condiciones de postularse otra vez como candidato y a la sazón volvió a ser presidente. El fallo definitorio tuvo el voto favorable de ocho jueces y tres se opusieron (8 contra 3). (Información, también, del mismo Infobae. Nota del 15/04/2021).
En la Argentina de hoy, el régimen que encabeza Milei y tiene a Bullrich como ministra, pretende que muchas otras víctimas sufran lo mismo que Milagro Sala. No obstante, habrá que ver en los hechos cómo le funciona el aparato represivo que necesita para enfrentar a la resistencia popular.
