Por Emilia Alende
Florencia Gómez estudiaba con los apuntes en la mesa y tomaba mate cocido, cuando su hermana fue a buscarla para darle la peor noticia:
–Mechi está muerto.
Florencia no lo dudó y se subió a un taxi para ir a la casa de su novio, donde se encontró con su familia paralizada: ya no había nada que hacer.
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Brian, el «Mechi» Cantero, tenía 23 años, vivía en Berazategui y trabajaba hacía dos meses en la empresa Papelera SEIN, de Ranelagh. Le gustaba jugar a la pelota, estaba en el último año de la escuela secundaria y quería ser periodista.
Murió el 24 de octubre, atrapado entre los engranajes del rodillo de una máquina enrolladora de papel.
Se escuchaban ruidos y empezó a salir humo. El encargado fue a fijarse: la máquina estaba trabada porque Mechi estaba atrapado dentro.
–No me voy a olvidar más cómo me decía que quería ser engrasador –dice Florencia.
El puesto de engrasador estaba vacante en la empresa y Brian, que estaba en negro y soñaba con formar parte de la planta permanente, lo quería. Durante los dos meses que estuvo, desarrolló distintas tareas: a veces pintaba caños, otras veces soldaba o limpiaba la cloaca. Florencia hace memoria y las enumera, enojada: para ella Brian era un «che pibe» en la papelera. Recuerda, sobre todo, que durante un tiempo fue a trabajar los domingos para poder engrasar las máquinas mientras estaban paradas. Un tiempo después, los jefes decidieron ahorrarse ese día de trabajo y que los empleados del fin de semana fueran de lunes a viernes. Brian murió un miércoles engrasando la máquina, que estaba prendida porque sus jefes no querían parar la producción.
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Nadie se hizo cargo del accidente. Ni bien ocurrió, los patrones dijeron que el operario se había metido solo, pero, desde ese momento, Florencia está convencida de que Mechi seguía una orden:
–Él no se hubiera metido ahí si hubiese sabido que era peligroso.
Durante seis meses, Mechi trabajó tercerizado para Ramón «Archy» Fuentes, un contratista de Berazategui que lo llevó a la papelera en el mes de junio y se encargaba de pagarle personalmente todas las semanas. Florencia insiste en que la responsabilidad es de los patrones y del contratista, que deberían garantizar que todos los obreros que están a su cargo trabajen en condiciones seguras.
–Nunca recibimos un llamado de nadie, ni un cómo estás, ni un pésame, ni les vamos a pagar el velorio. Desaparecieron todos: los patrones y el contratista –recuerda Florencia–. El velorio tuvimos que costearlo con la tarjeta de una tía porque Archy nunca cumplió con la promesa de pagarlo.
Durante el tiempo que Mechi trabajó en la papelera, no fue capacitado para cumplir con las tareas ni fue equipado con un uniforme básico:
–Él no tenía seguridad. Tengo una foto de Brian trabajando con una polera azul y un pantalón cualquiera.
Cuando Mechi sufrió el accidente, Florencia se dio cuenta de detalles que no había problematizado, como que usaba zapatos inadecuados y apretados, que toda su ropa era insegura y que las instalaciones de la empresa eran viejas.
–Ves una foto de la fábrica y pensás: «Es una fábrica de la muerte».
Brian se levantaba todos los días a las cinco y media para ir a trabajar. Su horario de salida era a las dos de la tarde, pero muchas veces se quedaba más horas para tener un poco más de plata que los 600 pesos que ganaba diariamente. Pasaba alrededor de doce horas por día adentro de la papelera y, aunque era joven, se le notaba el cansancio cuando no le daba el cuerpo para hacer algo a la noche, o ir a la escuela, o afeitarse la barba que últimamente tenía crecida.
Al enterarse de lo que había pasado con Mechi, los familiares y amigos empezaron a manifestarse para denunciar la precarización laboral y la ausencia del Estado. La primera marcha fue el 7 de noviembre en la fábrica, y contó con la participación de mucha gente de la ciudad. La causa, caratulada como «Averiguación de causas de muerte», se tramita en la UFI 4 de Florencio Varela. En la movilización por los seis meses del fallecimiento, el 24 de abril, solicitaron el cambio de carátula, y pidieron que se cumpla la inspección de las instalaciones de la fábrica. Mientras tanto, sigue sin haber imputados por el caso.
A Florencia todavía le cuesta pasar por la papelera sin llorar de la bronca y querer tomarse otro colectivo. Se pregunta: «¿Cómo puede seguir funcionando? Si ahí murió un pibe de 23 años». Un pibe con quien tenía proyectos y se daba el gusto de comer algo rico los fines de semana, con la plata que él ganaba haciendo horas extras. Con quien pensaba mudarse algún día y que había decidido no visitar la noche anterior al 24 de octubre, para que pudiera descansar mejor.
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Rubén Insaurralde trabajaba como técnico mecánico en la siderúrgica Ternium-Siderar de Ensenada y estaba almorzando cuando lo llamaron para resolver un problema en los puentes grúa, quince minutos antes del cambio de turno. El hombre accedió a hacer el trabajo, se puso el arnés, el casco y subió. Ya en altura, el arnés que tenía puesto quedó enganchado, lo tiró para atrás y le hizo golpear la cabeza; el obrero murió en el acto.
Unos empleados que se estaban retirando lo vieron y empezaron a gritar. Cuando pararon la grúa, caía sangre desde los cientos de metros que separan el puente del suelo. Era la sangre de Rubén.
Ahí empezó lo que para Adriana, su hermana, fue una tragedia. Ese mismo día, las autoridades de la empresa se ocuparon de comunicarle la noticia a su familia, que, en el lapso de una hora, se estaba reuniendo con los patrones de Rubén.
Adriana cuenta que los citaron para hablar del accidente, con cortesía y sanguchitos, mostrándose a disposición de la familia pero sin asumir la responsabilidad de quienes podrían haber evitado que un trabajador sufriera ese accidente. Para los empresarios Rubén tenía la culpa: estaba prohibido pasar ahí.
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Rubén ingresó a la empresa a través de un plan de jóvenes profesionales que duraba dos años e implicaba una rotación de cargos en distintos sectores de la empresa. Trabajó durante seis meses de esa forma y después quedó fijo en el área de mantenimiento de puentes grúa.
El puente grúa es enorme: una cuadra de largo y tan alto como un primer piso, que puede estar elevado a aproximadamente cien metros de altura. Tiene motores y engranajes, y la cabina está por debajo. El puente donde subió Rubén, además de todas esas particularidades, tiene setenta años, es uno de los más viejos de la empresa.
–En las fotos y planos del lugar no se ve una reja, ni nada que indique que puede ser peligroso –dice Adriana, indignada–. Además, vimos la falta de comunicación que hay entre el «gruista», que está abajo del puente, y los que se suben.
Para comunicarse desde la altura los trabajadores tienen un nextel, pero como el ruido de los motores y del ambiente impide que se escuchen, si alcanzan a verse, se miran y hacen señas para darse indicaciones.
El sueño de Rubén era recibirse. En 2016 fue el primero de toda su familia en tener un título universitario, que le costó más tiempo del previsto y consiguió con esfuerzo conseguir, sin desatender a la familia, los amigos, y los partidos de Boca en la Bombonera.
Entrar a la empresa Ternium-Siderar del grupo Techint es una de las aspiraciones máximas que tiene un joven recién recibido como Rubén. Adriana hace hincapié en la importancia de educar a los futuros obreros para conocer sus derechos y que sepan que con cumplir ellos mismos las normas no alcanza, los patrones también tienen que hacerse cargo.
«Pagar la muerte de mi hermano es mucho más barato que cambiar el puente que es obsoleto», dice Adriana, que hace todo lo que está a su alcance para conseguir justicia por Rubén y para que ningún otro trabajador pase por lo mismo. Actualmente, participa de la organización Basta de Asesinatos Laborales (BAL), que acompaña estos casos y hace su relevamiento. No le importan las indemnizaciones, sino que cambie la lógica que valora más el tiempo de producción que la vida de los trabajadores, porque a Rubén ya no se lo van a devolver.
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Según el informe anual de BAL, se produjeron 375 muertes por accidentes laborales entre octubre de 2017 y septiembre de 2018. Los casos de Rubén Insaurralde y de Brian Cantero son parte de esta problemática común en el ambiente laboral, basada en contratos de trabajo precarios, bajas condiciones de salud y seguridad, tercerización y explotación, que se agudizan con el ahorro empresarial en el neoliberalismo.
SEGÚN EL INFORME ANUAL DE BAL, SE PRODUJERON 375 MUERTES POR ACCIDENTES LABORALES ENTRE OCTUBRE DE 2017 Y SEPTIEMBRE DE 2018.
El 9 de septiembre de 2016 murieron tres obreros en sus puestos de trabajo: David Ramallo, de la Línea 60 de CABA, murió aplastado por un colectivo; Richard Alcaráz, en una obra en construcción en Villa Crespo; y Diego Soraire, quemado por una explosión en el INTA de Castelar. A partir de ese momento, sus familiares y compañeros empezaron a organizarse.
Todos estos casos están unidos por ser accidentes previsibles que, en reiteradas ocasiones, son causa de una falla anteriormente denunciada por los trabajadores.
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En un momento en el que la actividad productiva es baja, son pocos los trabajadores que forman parte de la planta permanente de las fábricas. Lo que aumenta es el número de empleados tercerizados, contratados por otra empresa. Por estos convenios entran algunos trabajadores en empresas que maximizan la producción a costa de su cuidado y su capacidad.
Ningún motivo es suficiente para la producción, ni siquiera que los empleados que la llevan adelante pongan en riesgo su vida, como pasó con Mechi y Rubén, chicos jóvenes que cumplían sus tareas sin tener la instrucción correspondiente, expuestos al peligro de las máquinas que, en ninguno de los respectivos casos, estaban las condiciones de ser usada.
–El panorama es trágico. Es terrible ver cómo la ganancia es más importante que la muerte de los trabajadores –dice Luis Franceschi, trabajador de INTA Capital y militante de BAL.
La mayoría de los accidentes laborales se resuelven por parte de la patronal con una indemnización, que no modifica ni los mecanismos de los lugares de trabajo ni altera la condición laboral; los errores se repiten y vuelven a ocurrir accidentes similares en las mismas plantas de trabajo. La puesta en común de las experiencias y el dolor fortalecen un reclamo que empieza a crecer colectivamente, con el objetivo de corregir esa realidad obrera.
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Las cifras oficiales de los accidentes laborales le corresponden a la SRT (Superintendencia de Riesgos de Trabajo), pero no contempla las muertes de los trabajadores no registrados ni las muertes por enfermedades profesionales. Por lo tanto, estos números son lejanos al panorama laboral real en Argentina, donde actualmente, según el INDEC, aproximadamente una tercera parte del total de los asalariados está en negro, un número de más de cuatro millones de personas (34,5% según el último informe).
En el relevamiento de BAL, que recolecta la información publicada por la SRT, con otras fuentes directas e indirectas, la cifra da un saldo de una trabajadora o trabajador muerto cada veinte horas, considerando los días laborables.
EL RELEVAMIENTO DE BAL, CON INFORMACIÓN DE LA SRT Y OTRAS FUENTES, LA CIFRA DA UN SALDO DE UNA TRABAJADORA O TRABAJADOR MUERTO CADA veinte HORAS, CONSIDERANDO LOS DÍAS LABORABLES.
Los accidentes laborales tienen sus particularidades según los rubros de trabajo. En algunas fábricas son más comunes las quemaduras e intoxicaciones. Los trabajadores de la construcción pueden caerse, ser golpeados en la cabeza o asfixiados. En la zona rural se ven más enfermedades causadas por los agrotóxicos y elementos contaminantes. Uno de los números más grandes es dentro del transporte de cargas, que probablemente tiene que ver con el poco descanso de los choferes.
El aumento de riesgos es proporcional a la presión que sufren los trabajadores por el miedo a perder el empleo. La precarización laboral es la causa principal para que acepten estas condiciones de trabajo. Por este motivo, para Luis, deben ser sus propios compañeros quienes generen la conciencia de que es un derecho trabajar seguros.
Desde la agrupación impulsan talleres para que los trabajadores detecten los peligros en sus lugares de trabajo y sepan cuáles son sus herramientas. Para que puedan determinar que nadie tiene que trabajar en condiciones peligrosas e insalubres.
–Sin los trabajadores no funciona nada. Entonces, mínimamente queremos volver a nuestras casas vivos. Debería ser lo básico, pero no es tan obvio –dice Luis.
