“Dentro de las cárceles aprendemos lo que es la resistencia. Cuando estaba en situación de encierro mi mujer me decía que no quería ir más a ese lugar. Mi respuesta era que tenía que seguir yendo, porque la resistencia de quienes están afuera es la esperanza de quienes están adentro”, dijo Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en la presentación del cuarto Informe Anual del Registro Nacional de Casos de Torturas y/o Malos Tratos (RNCT), que realizaron junto a la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
El nuevo informe devela una vez más la sistemática vulneración de derechos en las instituciones de encierro en todo el país y la estrategia de saturación territorial por parte de las fuerzas de seguridad. En la presentación también participaron Francisco Mugnolo, procurador penitenciario nacional, Alcira Daroqui, directora del GESPyDH, y Noemí, madre de una de las víctimas de tortura por parte del Servicio Penitenciario.
«Este nuevo informe del RNCT refleja las graves violaciones de derechos humanos que acontecen en lugares de encierro y a partir del despliegue de las fuerzas de seguridad.»
Noemí se acercó a Roberto Cipriano García, integrante de la CPM, cuando encontró a su hijo con cuatro puñaladas mientras permanecía en la cárcel. Tras agradecer el apoyo de la Comisión, pidió “unir voces para poder llegar a toda la sociedad. “Si robás y sos pobre, vas preso. Si robás y sos rico, capaz que llegás a ser empresario”.
En más de cincuenta instituciones de encierro relevadas, 2.074 víctimas describieron 6.843 casos de torturas y/o malos tratos, que incluyen malas condiciones de detención, aislamiento, falta o deficiente alimentación, agresiones físicas, falta o deficiente asistencia de la salud, impedimentos de vinculación familiar y social, traslados constantes, amenazas, robos de pertenencia, traslados gravosos y requisas personales vejatorias.
«Este nuevo informe del RNCT refleja las graves violaciones de derechos humanos que acontecen en lugares de encierro y a partir del despliegue de las fuerzas de seguridad, tanto del sistema federal como de la provincia de Buenos Aires y la CABA. Es la prueba rigurosa, concreta, de las practicas sistemáticas de tortura que ejecutan funcionarios públicos, liberados en su accionar por poderes judiciales que no actúan para prevenir o sancionar la tortura. Esperamos que sea una alerta urgente para las nuevas gestiones de gobierno que comienzan sus mandatos», indicó García.
Números que atormentan
El monitoreo de las condiciones de encierro y las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires arrojó el dato de que en reiteradas oportunidades se observaron prácticas sistemática de torturas, violencia estructural, muertes evitables y la degradación de los sujetos en los territorios habitados por los sectores más vulnerables. El informe anual 2015 ya alertaba sobre el agravamiento de esta situación: 548 muertes, índices récords de sobrepoblación en comisarías (más del 400%), aumento de la tasa de encarcelamiento (218,5 personas cada 100 mil) y uso sistemático de la prisión preventiva (más del 60%).
“Al igual que le advertimos al Gobierno saliente, le advertimos al nuevo Gobierno que vamos a seguir controlando estas irregularidades.»
“El IV Informe del RNCT aporta datos igualmente alarmantes. El relevamiento en Buenos Aires incluyó 24 inspecciones a cárceles, institutos de menores y unidades neuropsiquiátricas. La información generada por la intervención del Comité Contra la Tortura de la CPM en los lugares de detención y las fichas que se construyen a partir de las denuncias recibidas arrojan que, sólo en el ámbito de la provincia, se constataron 866 víctimas y 3.677 casos de torturas y/o malos tratos: es decir, un promedio de más de cuatro hechos de torturas por víctima. Entre los tipos de torturas y/o malos tratos más generalizados se encuentran el aislamiento, las malas condiciones de detención, la falta o deficiente alimentación y asistencia de la salud”, indicó un comunicado de la CPM.
La situación se repite en todo el territorio del país. El RNCT –creado en 2010– es el primer registro nacional que sistematiza, organiza y publica esta información. “Al igual que le advertimos al Gobierno saliente, le advertimos al nuevo Gobierno que vamos a seguir controlando estas irregularidades. Vamos a seguir luchando para que esto sea un tema de la agenda política para terminar con el abuso de poder de las Fuerzas del Estado”, concluyó Daroqui, y agregó: “Vamos a continuar nuestro camino. Si no es desde el Registro, crearemos otra trinchera”.
