Un grupo de economistas encabezado por la diputada Fernanda Vallejos (FpV-PJ) presentó una denuncia penal en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, a cargo del juez Sebastián Casanello, contra el Poder Ejecutivo de la Nación por “administración fraudulenta de la Administración Pública, violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.
La demanda es a raíz del acuerdo de financiación que estableció el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI), porque asegura que atenta contra el convenio interno del organismo del cual Argentina es miembro, y contra normativas constitucionales. Subraya asimismo que ubica al país en riesgo de cesación de pagos por el tamaño de la deuda pública generada.
La presentación fue ayer por la mañana y contó con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, quien formuló la demanda. Allí, sostuvo que el convenio con las autoridades del FMI “no fue sometido a la aprobación del Poder Legislativo de la Nación, tal como taxativamente lo dispone el art. 75, inc. 22º de la C.N”. La demanda es contra el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, encargado de sellar el pacto con el organismo.
“El acuerdo celebrado con el FMI violenta las propias reglas de actuación y celebración de acuerdos de ayuda financiera del FMI, tema que inviste gravedad institucional, toda vez que cuando un país obtiene un crédito superior a su capacidad de repago, conforme el plan de amortizaciones acordado con la entidad, sin la previa intervención del Congreso de la Nación, que declare su aprobación o deseche, esa autoridad monetaria se convierte en partícipe necesario”, asegura la presentación.
Y argumenta esto “ya que sin su colaboración e intervención, violentando el texto claro y de sentido unívoco de la C.N., así como de las reglas de procedimiento interno del FMI, en particular su Artículo VI, Transferencias de Capital, se incurre en obrar previsiblemente delictivo, cuyo conocimiento y decisión (art. 116, C.N.), compete a la autoridad jurisdiccional argentina (art. 1º, C. Penal)”.
En el plano económico, la demanda se sustenta en un informe que elaboró Proyecto Económico, el equipo de economistas que conduce Vallejos, donde además de advertir que el convenio financiero viola el acuerdo constitutivo del FMI, remarcan que el staff del organismo había advertido que el alcance del acuerdo excede la capacidad de repago del país.
Refiere al permiso que le otorgó el FMI al gobierno de Macri para subastar el próximo desembolso del préstamo, de 9.600 millones de dólares, que serán utilizados para llevar a cabo política cambiaria para financiar la fuga de capitales en los próximos meses previos a las elecciones. En este sentido, la presentación afirma que “el desvío de poder incurrido por el PEN, con la participación necesaria y consciente de las autoridades del FMI, pone en peligro a la Nación Argentina, al bienestar de su pueblo y a su soberanía política”.
“A ello conduce la anticipación de los desembolsos pactados con el FMI, anticipación que tiene como correlato que será el próximo Gobierno el que tendrá que afrontar los compromisos de pago fijados acordados por el actual, por fuera del marco de habilitación constitucional.”
La presentación de la demanda fue firmada por los economistas José Salvador Cárcamo, Horacio Rovelli, Genaro Grasso, Estanislao Malic, Martín Carro, Federico Vaccarezza, Pablo Pereira, Carlos Pafundo, Sergio Chouza, Alejandro Torres, Lionel Stiglitz, Alejandro Rofman, Juan Enrique, Roberto Rojas, Rubén Seijo; Guillermo Wierzba, economista y extitular del CEFID-AR; el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Gustavo Lugones; el periodista especialista economía Mariano Beristain; y Alejandro Rofman, referente del Plan Fénix e investigador del CONICET.
