El ajuste del Gobierno de Javier Milei en el sector de la salud abarcó incluso el corte de la entrega de medicamentos para niños y niñas que atraviesan enfermedades de alta complejidad, que abarca tratamientos oncológicos. Ante este recorte, la Defensoría Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes presentó un amparo judicial para que la gestión libertaria cumpla con la entrega de la medicación correspondiente.
“Hicimos un amparo judicial donde reclamamos la entrega de medicamentos de enfermedades de alta complejidad que el Gobierno dejó de proveer”, indicó en declaraciones radiales Marisa Graham, titular de la Defensoría. Ese amparo fue iniciado junto con la Asociación Civil Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA).
“Se trata de “una vulneración de los derechos de los niños y adolescentes y lo único que pedimos es que se cumpla con lo que dicta la ley”, añadió la Defensora nacional de la niñez.
“El Juzgado Federal Nº2 ordenó al Estado nacional la entrega de medicamentos de alto costo a niños, niñas y adolescentes en el plazo de diez días”, remarcó Graham, quien agregó que esa medicación incluye los tratamientos oncológicos.
En su resolución, Dos Santos ordenó al Estado nacional, a través del Ministerio de Salud y la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), que resuelva, en un plazo de 10 días, todos los pedidos de medicamentos que lleven más de 60 días de demora. Además, exigió que adapte, en un plazo de 20 días, todos los trámites pendientes para que su resolución no exceda los 60 días, conforme lo establece la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
Las demoras en el suministro de estas medicaciones provocaron en el año 2024 la muerte de 60 pacientes, por la discontinuidad de sus tratamientos, según la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina y con base en un relevamiento realizado por asociaciones de pacientes y ONGs.
La respuesta del Gobierno
La administración nacional había apelado el amparo con el pretexto de estar realizando “auditorías”. Como respuesta a los reclamos y las acciones legales de las asociaciones civiles, disolvió el 30 de diciembre la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), el organismo encargado de entregar medicamentos a pacientes con enfermedades raras y oncológicas, y creó la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (Dinadic) para que asuma las funciones de la disuelta dirección.
Sin embargo, la medicación siguió sin entregarse. En esa línea, la apelación oficial presentada por el abogado del Ministerio de Salud el día 3 de enero, que intenta voltear el fallo de primera instancia se basó en dos ejes argumentales.
El primero es que las asociaciones de pacientes no tienen legitimación activa para sostener un amparo. “Este argumento es de una crueldad extrema, como buena parte de las acciones de este gobierno. Todos los pacientes que tramitan sus medicamentos en la Dirección tienen la doble vulnerabilidad de ser pobres (no cuentan con ninguna cobertura formal de la seguridad social) y, a la vez, de estar enfermos”, denunció el comunicado de Fesprosa.
El segundo eje argumental que presentaron es que el Ministerio de Salud de la Nación no es el garante constitucional del derecho a la salud, sino que se autoerige como coordinador operativo y pone en manos de las provincias el conjunto de las medidas para garantizar el derecho a la salud.
“Esto ya lo viene haciendo en los hechos con la disolución de programas de prevención en salud, con el recorte de las transferencias a las provincias y la intención públicamente manifestada de transferirles todos los establecimientos sanitarios”, sostuvo la federación sindical.
“Así -prosiguió-, va a exigir como paso previo a la resolución de un trámite en la ahora Dinadic el rechazo conformado de la jurisdicción provincial, lo que alarga el trámite y provoca una nueva dificultad en el acceso”.
