Tras el avance del gobierno de Mauricio Macri sobre las pensiones por discapacidad, los trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advierten un “desguace y vaciamiento” del área, al tiempo que aseguran que serán cerradas las 77 oficinas que nuclean, sólo en el interior y el conurbano, a 370 trabajadores.
“El gobierno está armando la Ventanilla Única y estos tramites pasarían a ANSES”, advirtió en diálogo con Contexto Walter Pignataro, secretario gremial de ATE en la ANDIS, donde las autoridades están convocando a los trabajadores administrativos para “decirles que los contratos terminan en diciembre y que después quedan a criterio de los gerentes de las Unidades de Atención Integral (UDAI) para ver lo que va a pasar: estamos pendientes de despidos”.
“Nos hablan de traslados, pero nosotros sabemos que en dos o tres meses pueden hablar de despidos”, agregó el referente sindical, quien detalló que en este marco los trabajadores se encuentran en “estado de asamblea permanente”. Cabe destacar que en abril pasado se avanzó con sesenta despidos.
La Ventanilla Única Social viene siendo aplicada por el gobierno de Mauricio Macri en diferentes UDAI con el fin de nuclear todos los trámites sociales en un solo lugar. Así, ANSES comenzó a absorber trámites del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y del Ministerio de Desarrollo Social, del que depende la Agencia Nacional de Discapacidad.
Está agencia estuvo en el centro de la polémica cuando el gobierno avanzó con un ajuste brutal sobre las pensiones por discapacidad, dando la baja a cien beneficiarios.
“Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad. Una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la Asignación Universal por Hijo”, había argumentado el entonces presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (hoy ANDIS) Guillermo Badino (posteriormente desplazado de su cargo). Repudio popular y Justicia mediante, 30 mil fueron restablecidas, pero el resto se quedó sin cobertura.
Según advierten los trabajadores, a las bajas se le sumó el no otorgamiento de pensiones o directamente el no inicio de expedientes. “No les otorgan beneficios a nadie y a los que les otorgan después se lo sacan. La Agencia Nacional de Discapacidad es una oficina fantasma: no existe, no atiende a nadie”, explicó Pignataro, quien denunció que hay alrededor de setenta “casos de chicos que se murieron esperando la pensión”.
Un vaciamiento que golpea fuerte en las personas con discapacidad
En este contexto, desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) avanzaron con una acción de amparo solicitando el restablecimiento las pensiones, que aún se encuentra tramitando en la Justicia, mientras que el Estado no ha dado respuestas. Incluso, esta semana, la vicepresidenta Gabriela Michetti, que participo de la asamblea del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), fue increpada por una persona ciega por la quita de pensiones, pero tampoco supo responder.
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Desde la REDI manifestaron “su preocupación por la gran cantidad de reclamos realizados por parte de personas con discapacidad por grandes demoras en el trámite de sus expedientes para el otorgamiento de pensiones no contributivas”. En ese sentido, destacaron que “estas pensiones son, en muchos casos, el único modo de satisfacer necesidades básicas o bien hacer frente a gastos producto de la discapacidad por los que el Estado no responde: movilidad, asistencia personal, tratamientos médicos, entre otros”, por lo cual son fundamentales.
Varina Suleiman, abogada de REDI, explicó a Contexto que desde la organización «estamos procesando los reclamos que recibimos y derivándolos a las Defensorías Públicas con competencia en cada jurisdicción para que las personas tengan acceso a la Justicia».
Desde REDI consideran que, en un contexto de «alza generalizada de precios de la canasta básica, de los medicamentos y las tarifas de servicios públicos, las personas con discapacidad necesitamos más que nunca que se nos garanticen nuestros derechos”.
«Tenemos conocimiento de un caso puntual, en Rosario, de una persona con discapacidad psicosocial que entró en depresión y tuvo intento de suicidio. Afortunadamente ha salido de la situación. Pero ya pidió pronto despacho y no tuvo resolución de su trámite. Ahora deberá iniciar una acción por mora de la administración y eso resulta desgastante», destacó Suleiman.
