Mientras en el Congreso de la Nación se estudian modificaciones en la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), en la provincia el proyecto que busca garantizar su aplicación está estancado. Con media sanción en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el proyecto presentado por el diputado Guillermo Kane del Frente de Izquierda ya tiene estado parlamentario en Senadores, pero lleva tres meses cajoneado: aún no fue incluido en el radiograma, en la orden del día, de la Comisión de Educación en la Cámara Alta, presidida por el oficialismo. Según advierten desde el FIT, y tras las polémicas declaraciones del pastor Jorge Sennewald, la gobernadora María Eugenia Vidal busca trabar la normativa.
El proyecto a los fines de que se cumpla con los contenidos de la ESI –sancionada en 2006 en el Congreso de la Nación– establece dos horas semanales para su enseñanza y le da la potestad a centros de estudiantes, sindicatos docentes, organizaciones de mujeres y de la diversidad sexual para elaborar los contenidos y llevar adelante su dictado. Si bien obtuvo la media sanción, en el Senado no ha avanzado, por lo que hoy habrá un “pañuelazo” y una radio abierta en las inmediaciones del recinto, así como en la Casa de la Provincia, ubicada en Capital Federal. Mientras, todas las miradas apuntan a los vínculos de la gobernadora con la Iglesia.
“Estamos frente a un acuerdo de la gobernadora con sectores de la Iglesia”, dijo a Contexto el diputado Kane, quien llamó a responder a esto en las calles, al tiempo que detallo que Vidal pactó “tanto con la Iglesia católica, como con la evangélica, y ha hecho a estas instituciones agentes de la distribución de alimentos de parte del Estado. Como parte de ese acuerdo, se ha planteado frenar el avance de este proyecto en el Senado, que en Diputados contó con el voto de Cambiemos”.
“También ha privilegiado la posiciones de la Iglesia católica por encima de los derechos legales de las mujeres reconocidos desde 1921”, recordó Kane.
El acuerdo señalado fue expuesto por Sennewald, representante de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), quien relata en un audio el encuentro con Mauricio Macri, Carolina Stanley y María Eugenia Vidal el pasado 4 de septiembre para sumar a los sectores evangélicos a la contención social en un marco de crisis. “Les dije que podían contar al 100% con nosotros en ese aspecto, porque tenemos iglesias en todos los barrios”, sostiene el pastor, quien detalla que a cambio avanzó con un pedido: “Aproveché y le dije que estábamos preocupados y que la Iglesia iba estar muy firme y no íbamos a negociar bajo ningún punto de vista todos los ataques constantes a la familia, la Iglesia y todo lo que tenga que ver con Dios. Le dije que lo que se viene es peor que lo del aborto y la manifestación de la Iglesia va a ser mucho más fuerte porque están queriendo modificar la ley de educación sexual”, sostiene Sennewald, quien sostuvo que con las modificaciones propuestas “quieren meter un copia y pegue del LGTB”.
Según su relato, “María Eugenia se sorprendió”, y entonces el pastor le dijo que “en tu caso peor todavía porque ya tiene media sanción en Diputados”. En palabras del pastor, Vidal dijo que “no sabía nada, ya mismo me pongo con eso, en Senado tengo mayoría así que ya mismo lo paro a esto. Esto no va a avanzar”. Según Sennewald, dos horas después la gobernadora le dijo a través de una comunicación telefónica “ya está, esto en mi provincia no se aprueba”.
La ESI, sancionada en 2006 en el Congreso de la Nación, establece en su artículo 5 que las instituciones educativas puedan adaptar los contenidos de la educación sexual según “su ideario institucional y las convicciones de sus miembros”, lo que dificulta la real aplicación. Han adherido sólo nueve de las veinticuatro jurisdicciones, y muchas escuelas religiosas, amparándose en su ideario, no la ponen en práctica. En este marco, el reciente dictamen firmado en Diputados de la Nación elimina este artículo y establece la ley como “de orden público” para que los contenidos curriculares sean de carácter obligatorio en todas las escuelas del país, tanto públicas como privadas. Es precisamente a esta modificación a la que se oponen desde la Iglesia.
Las modificaciones también buscan establecer que las jurisdicciones no desconozcan o contradigan los contenidos de ESI, que serán incluidos de manera transversal y a través de espacios curriculares específicos, asegurando la igualdad de trato y oportunidades no sólo para hombres y mujeres, sino también para “las diversas identidades de género y orientaciones sexuales”. De esta forma, se busca integrar dos legislaciones sancionadas posteriormente: la Ley de Matrimonio Igualitario (2009) y la Ley de Identidad de Género (2012), a las cuales precisamente los sectores allegados a la Iglesia también se opusieron. Ahora utilizan sus influencias para que el proyecto no prospere tanto a nivel nacional como provincial.
“Esta normativa encuentra ahora un obstáculo en aquellos que durante el debate del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo decían apoyar la educación sexual y los anticonceptivos para que no se llegue a un embarazo no deseado. Se están sacando la careta y vemos que el objetivo es ni aborto, ni educación, ni anticonceptivo”, opinó Kane.
Hoy, en el marco de “su ideario”, la educación sexual en las escuelas católicas o no se aplica o dista mucho de los contenidos que se pretenden garantizar. “Es reemplazado por algo que llaman ‘educación para el amor’ y es básicamente la catequesis trasladada a una pseudoclase de educación sexual, cuando se enseñan entre otras cosas que la homosexualidad es un atentado contra la naturaleza, que todo acto sexual fuera del matrimonio y sin fines reproductivos es pecaminoso. Lejos de ser una manera de orientar al cuidado, a la intimidad y al respeto, se reproducen una cantidad de prejuicios”, sostuvo Kane.
Cabe destacar que Buenos Aires es la cuarta provincia donde más aumentaron los casos de sífilis desde 2015, según datos aportados por el Ministerio de Salud de la Nación –ahora reducido a Secretaría–. El INDEC, en tanto, señala que los embarazos adolescentes no deseados representan el 11,3% de los 270 mil que se registran anualmente en territorio bonaerense, y la Defensoría del Pueblo detalla que uno de cada cuatro adolescentes tiene o ha tenido noviazgos violentos. En este marco, contar con una ley efectiva de ESI sería clave, no sólo para la prevención, sino también para que los adolescentes bonaerenses conozcan sus derechos.
