Tras conseguir despacho favorable en la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos, el Código de Convivencia Ciudadana impulsado por el intendente Julio Garro llegó a la Comisión de Legislación, donde se tratará este jueves en busca de seguir avanzando hacia el recinto y ser aprobado antes de las elecciones. Desde el Frente de Todos ya manifestaron su rechazo y advierten que «es un Código punitivo para los más vulnerables».
El Código de Convivencia de Julio Garro viene recorriendo un amplio camino. La primera vez que el intendente platense intentó impulsarlo fue en 2017, tras las elecciones de medio término, a fin de «ordenar el espacio público de cara a la gente». Meses después lo ingresó al Concejo y comenzó una serie de encuentros, para que vecinos y vecinas pudieran «debatir» el proyecto, en espacios como clubes y establecimientos comunitarios. Esta medida fue ampliamente criticada por los sectores directamente afectados por el proyecto, que nunca fueron convocados a la discusión: vendedorxs ambulantes, limpiavidrios, manterxs, cartonerxs y trabajadorxs sexuales. Lo que siguió fue una larga lucha hasta la fecha, con masivas movilizaciones de estos sectores y de organismos de derechos humanos, en rechazo del código que catalogaron como «represivo».
De 2017 a la fecha, el proyecto recibió varias modificaciones. Si bien se quitaron las penas de arresto que se establecían en los primeros borradores, las elevadas multas y contravenciones a trabajadores informales y los límites a la protesta social siguen estando presente.
En lo que respecta a la venta ambulante, las multas alcanzan los 136.500 pesos, junto con el decomiso de los productos. Similares multas hay previstas para quienes se desempeñan como limpiavidrios y artistas callejeros.
En lo que respecta al trabajo sexual, el Ejecutivo local será el encargado de delimitar los lugares permitidos, por lo que quien «ofreciere, solicitare, negociare o aceptare directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos, en los espacios públicos no autorizados, será sancionado» con penas de hasta 81.900 pesos.
El capítulo VIII, en tanto, establece normas de «convivencia responsable con animales», con la prohibición en el artículo 229 de la «tracción a sangre», punto controversial para el sector cartonero, que ante los constantes decomisos de los caballos piden al Municipio otra alternativa para el traslado. El proyecto establece penas de hasta 136.500 pesos «y la realización de un curso de cuidado animal con una carga horaria de 8 horas».
«No fomenta una ciudad inclusiva, que atienda las enormes desigualdades que tiene nuestra ciudad, reafirmando lo que para nosotros son los derechos civiles y sociales que tienen que estar garantizados: el derecho al trabajo, el derecho al esparcimiento, el derecho a la protesta y el derecho a habitar la ciudad. Eso está bastante lejos del Código de Convivencia Ciudadana», consideró la concejal del Frente de Todos, Yanina Lamberti, en diálogo con Contexto.
En ese sentido, la edil evaluó que esta iniciativa «deja aún más desprotegidos a los sectores más desfavorecidos», puntualmente a aquellas personas «que recurren a la economía informal para tener sus ingresos». «Es un código que sanciona severamente todo lo que es el trabajo informal, que tiene un alto porcentaje en la ciudad de La Plata», señaló.
Para Lamberti, «el código no ha sido trabajado pensando en una ciudad que priorice la inclusión y la vida democrática y participaba. Parte de una base como si fuéramos todos iguales y de ahí construir un código cuando no reconoce las enormes desigualdades con las que vivimos en nuestra ciudad. Eso es una falla muy grande».
«Querer sacarlo en una época de semejante crisis social y económica resulta muy complicado, porque tampoco hay una opción clara respecto, por ejemplo, a los vendedores ambulantes: a dónde irían, qué harían si se les prohíbe hacer la venta. Lo mismo pasa con quienes están en los semáforos, con artistas callejeros», sostuvo. En este punto, destacó que «esa prohibición no va acompañada de políticas públicas que den una opción b».
«Es un código punitivo para los más vulnerables y sin un Estado presente para de alguna manera compensar las dificultades que va a traer este código al aprobarse», sostuvo.
Sobre el derecho a la protesta, Lamberti destacó que tiene unos artículos donde realmente «censura el derecho a la protesta». Vale destacar que respecto a las movilizaciones o manifestaciones, el artículo 150 establece que «deberán realizarse con el máximo respeto de la normativa vigente y sin impedir el ejercicio de derechos constitucionales por parte de terceros». En ese sentido, señala que «deberán procurar no impedir el normal desarrollo del tránsito vehicular de la ciudad», por lo que «queda expresamente prohibido obstaculizar totalmente los carriles de circulación así como aquellos destinados al transporte público. El Departamento Ejecutivo podrá habilitar una excepción a este supuesto, en los casos de manifestaciones multitudinarias en las cuales no sea posible otra alternativa». Asimismo, penaliza la quema de neumáticos con multas de hasta 182.000 pesos.
«Son sanciones que de alguna manera violan el derecho a poder peticionar ante las autoridades y expresarse», destacó Lamberti.
En caso de conseguir despacho favorable en Legislación, el proyecto podría desembarcar en el recinto el 3 de noviembre. Con trece ediles en su cuerpo, Juntos por el Cambio tiene mayoría, por sobre las diez bancas que tiene el Frente de Todos. El concejal del GEN, Gastón Crespo, integrado ahora a la nómina de candidatos a diputados provinciales por Juntos por el Cambio, también acompañaría la propuesta oficialista, por lo que el proyecto sería aprobado antes de las elecciones.
