Por Fernando M. López
El tsunami de despidos de la era Macri no para de crecer, a pesar de la hipocresía con la que se expresan ministros como Jorge Triaca, a cargo de la cartera laboral, al negar que más de 170 mil trabajadores hayan quedado en la calle en los últimos seis meses. Y lo niegan porque el modelo económico neoliberal que llevan adelante no aspira a la “reactivación del empleo” ni a la “pobreza cero” de los discursos presidenciales, sino a una desocupación de dos dígitos que siga empujando los salarios de los ocupados hacia abajo.
En la “Argentina del cambio”, todo cierra en beneficio de los sectores concentrados, que no se conforman con la apropiación de recursos de los argentinos equivalentes a unos 20.000 millones de dólares, gracias a las primeras medidas PRO –megadevaluación, quita de retenciones, escalada inflacionaria y tarifazos–. También buscan asegurarse grandes utilidades a partir de mano de obra barata.
De acuerdo con los datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde diciembre de 2015 a mayo de 2016, se registraron en todo el país 103.608 cesantías en el sector privado y 63.956 en la administración pública.
La falta de unidad del movimiento obrero impide parar la sangría y hacer frente con efectividad al ajuste macrista, pero, mientras tanto, la resistencia sectorial existe y muchos despedidos se organizan con el objetivo de recuperar sus puestos de trabajo. Invisibilizados por los grandes medios, recurren a protestas en las calles, campañas en las redes sociales y presentaciones judiciales, entre otras acciones.
“No vamos a bajar los brazos, estamos dispuestos a pelear hasta el final”, sostuvo en diálogo con Contexto Javier Diomedi, uno de los 57 cesanteados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Diomedi trabajaba en la Unidad de Extensión del INTI en el Valle Medio de Río Negro y logró ponerse en contacto con compañeros de otros centros del país (Buenos Aires, Chaco, Chubut y Santa Cruz) que atraviesan su misma situación. Con ellos comenzó un reclamo conjunto por la reincorporación.
“Cuando asumieron las nuevas autoridades del INTI, aseguraron que no iban a despedir a nadie, nos pidieron un informe de los proyectos que teníamos en marcha y dijeron que iban a evaluar nuestro desempeño en el transcurso del año. Mientras hacíamos el informe, a fines de enero, empezaron a llegar las cartas documento. Nos despidieron sin causa y con un manejo muy cínico”, destacó.
Tras acordar los pasos a seguir, enviaron una nota a la Junta Interna de ATE-INTI y entregaron un petitorio a las autoridades del organismo con 1.200 firmas, que no tuvo ningún tipo de respuesta. Al silencio oficial se sumó la actitud del secretario general de la Junta Interna, Francisco Dolmann, quien terminó convalidando la decisión de los funcionarios de Cambiemos.
“Nosotros quedamos shockeados, ya que quien tiene que defendernos justifica los despidos. Pero, bueno, no nos quedamos con eso, y ahí empezamos a difundir. Hicimos el Facebook y contestamos todas las preguntas que nos hacen, ya que mucha gente pregunta si somos ‘ñoquis’, cuánto hace que trabajamos, qué hacíamos”, explicó Mariela Gómez, administrativa con más de once años de antigüedad en el INTI, y agregó que “no hay nada que ensucie el legajo de cada uno”.
Si bien el delegado les dio la espalda, el reclamo llegó hasta los principales dirigentes de ATE, entre ellos Oscar de Isasi, Carlos Díaz y el propio Hugo Godoy, secretario general del gremio, que respaldaron el pedido de reincorporación de todos los cesanteados. Se hicieron presentaciones ante el Ministerio de Modernización y hasta se llevaron a cabo medidas de fuerza, como la toma de la sede del INTI en Mar del Plata, donde Gómez desempeñaba sus tareas.
“Necesitamos recuperar nuestros trabajos porque somos sostén de familias”, dijo María Amalia Tobio desde Santa Cruz, y agradeció “a los compañeros del INTI que están incondicionalmente, a pesar del temor que tienen de quedar en la misma situación que nosotros”.
Resistencias similares se dan en otros organismos públicos. En el Ministerio de Economía, por ejemplo, donde Alfonso Prat-Gay dejó a más de 150 empleados en la calle, se constituyó un “fondo de lucha” para garantizar las condiciones materiales de los despedidos.
“Hace más de ochenta días estamos exigiendo a los funcionarios que nos den respuestas a nuestros reclamos, que canalizamos en diferentes actividades. Sus respuestas son sólo reuniones con fines dilatorios y prácticas que buscan el desgaste de cada uno de los que luchan”, denunciaron recientemente en un comunicado a través del blog de la Junta Interna ATE-MECON.
Los trabajadores organizan ahora una concentración en la sede de la cartera para este jueves con el objetivo de rechazar una revisión de concursos con la que se intenta dar de baja numerosos pases a planta permanente.
“Los cargos concursados y ganados por nuestros compañeros y compañeras constituyen un derecho adquirido y la pelea por su efectivización. En este cuadro de ajuste, esto se enlaza con la lucha por la reincorporación de nuestros 150 compañeros y compañeras despedidos, en defensa de todos los puestos de trabajo y por un salario igual a la canasta familiar”, afirmaron.
La Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación (SAF), donde la lucha lleva más de cinco meses, es otro caso testigo. La organización de los despedidos de todo el país y los recursos de amparo presentados ante la Justicia dieron sus frutos en Jujuy. El juez Horacio Macedo Moresi ordenó la semana pasada la reincorporación inmediata de nueve trabajadores cesanteados luego de participar de un acampe de la Tupac Amaru por la libertad de Milagro Sala. El “accionar discriminatorio y persecutorio” en esa provincia había sido encabezado por el coordinador local de la SAF, Hugo César Sánchez, con el aval del ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile.
“El fallo nos dio la razón a los trabajadores, que desde el primer día denunciamos la connotación persecutoria de los despidos, y es un gran antecedente para los más de 250 trabajadores de la SAF cesanteados en todo el país, como así también de otras reparticiones, como los setecientos trabajadores despedidos en Educación por el sólo hecho de ser afiliados a ATE”, remarcaron desde Jujuy.
Unos días antes se había conocido la primera sentencia favorable en favor de uno de los 150 empleados echados sin causa por Emilio Basavilbaso, titular de la ANSES. La jueza laboral Patricia Russo hizo lugar a la restitución de Juan Manuel Tignanelli al considerar que el despido injustificado priva de la estabilidad laboral del trabajador estatal, garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución.
Los más de cien cesanteados en la Biblioteca Nacional también prometen dar batalla con cortes de calle, ollas populares y otras formas de protesta, “todas las semanas hasta recuperar los puestos”.
Virginia Soria, una de las golpeadas por el tsunami macrista, señaló que hay “despedidos de hasta veinticinco años de antigüedad y ninguno de ellos era ‘ñoqui’ o se la pasaba mirando el reloj para ver cómo pasaban las horas laborales”.
“No somos números, sino personas con nombre y apellido y familia que mantener. No tenemos cuentas en paraísos fiscales ni dólares en bolsos, sólo un salario del cual vivíamos”, enfatizó la trabajadora durante el corte que se llevó a cabo el jueves pasado en la esquina porteña de Las Heras y Agüero, frente a la Biblioteca.
