Un miércoles negro para los trabajadores argentinos. Anoche, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, emitió un comunicado para informar que “se alcanzó el nivel de consenso necesario” con los triunviros de la CGT, Juan Carlos Schimd, Héctor Daer y Carlos Acuña, para iniciar el tratamiento parlamentario de la reforma laboral en las próximas semanas.
La cúpula cegestista venía negociando con el gobierno de Mauricio Macri catorce puntos de un proyecto que en total tiene 145 artículos y que fue rechazado de plano por las dos CTA, la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) y otras organizaciones sindicales, al considerarlo inconstitucional, violatorio de la Ley de Contrato de Trabajo y profundamente perjudicial para el conjunto de la clase obrera.
Triaca dijo más tarde que “se consensuaron todos los artículos, como la definición de los componentes de la indemnización, la solidaridad de la tercerizada, y se dejó el banco de horas para el marco del convenio”; mientras que Daer, sin dar muchos más detalles, salió a confirmar el pacto anunciado desde la cartera laboral.
El titular de ATE a nivel nacional, Hugo “Cachorro” Godoy, dijo a Contexto que el problema no son catorce puntos sino la reforma entera, que constituye “una grave lesión a los derechos de los trabajadores y trabajadoras”, y consideró que el triunvirato de la CGT selló un acuerdo “contra el interés del conjunto de la clase trabajadora”.
En la misma línea se manifestó Humberto Rodríguez, secretario administrativo de ATE Capital, quien remarcó que “con esta reforma se vulnera la jornada de ocho horas, el tema de las indemnizaciones y la relación laboral para apuntar a la precarización”.
“El triunvirato de la CGT no nos parece legítimo para poder dar esta discusión. En todo caso, se tendría que convocar a los cuerpos orgánicos y dar un debate más profundo. La firma de un acuerdo es por lo menos apresurada”, aseguró el dirigente gremial en diálogo con este diario.
El arreglo entre Triaca y la cúpula de la central obrera, que tuvo lugar en el predio de la Sociedad Rural, se conoció poco después de que el gobierno confirmara una nueva ola de despidos en la Administración pública.
El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, habló de “una política de saneamiento”, y el titular de la cartera laboral de “optimización de la estructura política del Estado nacional”, pero en concreto se trata de la expulsión de casi 20.000 empleados estatales, según las listas de “personal sobrante” que tienen en sus manos esos funcionarios.
“Hablan de ‘optimizar’, pero en realidad vacían los organismos, transfieren las actividades del Estado hacia el sector privado y después dicen que, como hay trabajadores de más, hay que reducir”, advirtió Godoy.
El secretario general de ATE recordó que, luego de los 15.000 despidos del año pasado, el gobierno se dedicó a crear empresas privadas que cumplan funciones “paralelas” a la de los organismos estatales, como ocurrió en el PAMI, Vialidad Nacional y Dioxitek, la fábrica de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) que produce polvo de dióxido de uranio para las centrales y reactores nucleares del país.
“Ellos ven la posibilidad ahí de correr al Estado para construir un mercado de negocios propios”, agregó Rodríguez y explicó que el discurso de que “sobra personal” es una “cortina de humo” para poder “desmantelar áreas del Estado”.
Godoy confirmó que el próximo 6 de diciembre ATE llevará adelante un paro con movilización en todo el país, aunque aclaró que la medida de fuerza podría ser adelantada si la reforma laboral se trata antes de esa fecha en el Congreso.
En tanto, el sindicato conducido por Daniel “Tano” Catalano se mantiene en “estado de alerta” y haciendo “esfuerzos muy grandes para la unidad intersindical”.
“Necesitamos construir una inteligencia lo más amplia y colectiva posible, y una solidaridad muy grande en el movimiento sindical y popular. Estamos construyendo la unidad de las dos CTA y puentes hacia los gremios de la CGT que realmente estén dispuestos a defender los intereses de los trabajadores. De la mano de ese proceso vamos a ir largando las medidas de fuerza que estén a la altura de lo que enfrentamos”, indicó el secretario administrativo de ATE Capital.
INTA
Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que se encuentran movilizados ante la posibilidad de 750 despidos, mantuvieron una reunión con diputados nacionales del FpV-PJ para manifestarles su preocupación.
El secretario general de APINTA, Mario Romero, dijo que “no sobran trabajadores”. Por el contrario, desde hace varios meses, reclaman al gobierno nacional que regularice los recursos del presupuesto asignado para cumplir con los programas y proyectos establecidos en los objetivos del organismo.
“Se tienen que cubrir con financiamiento las ochocientas vacantes aún disponibles, pero no hay señales de su cumplimiento”, denunció ante el jefe del bloque del FpV, Héctor Reclade, y los legisladores Luis Basterra, Julio Solanas y Marcelo Santillán.
