La muerte de la estudiante de periodismo Emilia Uscamayta Curí, ocurrida el 1º de enero de 2016 durante una fiesta clandestina en Melchor Romero, puso de relieve un denso entramado de corrupción que involucra al gobierno del macrista Julio Garro con empresarios inescrupulosos de la noche platense.
Hace menos de dos meses, la familia de Matías Ferioli, otro estudiante universitario que en este caso fue salvajemente golpeado por patovicas del bar “Media Pinta”, en pleno centro de la capital bonaerense, denunció que el Estado municipal “no regula ni controla absolutamente nada”, ni siquiera en materia de habilitaciones comerciales.
Ahora trascendió que el boliche “Jerry”, recientemente inaugurado en Camino Centenario y 508, es una bomba que puede estallar en cualquier momento –literalmente hablando–, ya que por su vereda pasa un gasoducto de alta presión de la empresa Camuzzi Gas Pampeana. Concejales de la oposición preparan un pedido de informe al Ejecutivo porque no entienden cómo ese peligroso lugar se encuentra en funcionamiento.
Las primeras explicaciones las aportó el diario Hoy al vincular a Rubén Darío Alfano, “uno de los dueños en las sombras del boliche”, y a “un alto funcionario municipal” que “también tendría intereses comerciales en el emprendimiento”.
Alfano es el titular del Sindicato de Empleados y Trabajadores Municipales de La Plata y, según el matutino platense, posee una estrecha relación con Garro que incluye “favores políticos”, como designaciones “a dedo” de directores, subdirectores y personal jerárquico en distintas dependencias municipales, “afiliaciones compulsivas” en beneficio del gremio y hasta “créditos a empleados a tasas usurarias”. Como si todo esto fuera poco, el sindicalista lleva a cuestas además una causa por violencia de género que le inició su pareja, una empleada municipal de 29 años que denunció haber sido víctima de agresiones físicas y amenazas de muerte.
En “Jerry” también participaría el empresario Santiago Piedrabuena, uno de los imputados por la muerte de Emilia y amigo del subsecretario de Gobierno municipal, Juan Manuel Martínez Garmendia. El resto de los imputados son los otros tres organizadores de aquella fiesta mortal de año nuevo, Raúl “Peque” García, Carlos Bellone y Gastón Haramboure –todos cercanos al macrismo–, así como el exsecretario de Seguridad, Martín Piqué.
“Hay una situación de descontrol en el negocio de la nocturnidad que es avalada por el municipio”, dijo a Contexto Adrián Rodríguez, abogado de la familia de Emilia, y acusó a Garro de “encubrir” a muchos funcionarios involucrados con la muerte de la estudiante, tal como lo hacen Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para desligar a Pablo Noceti y la Gendarmería de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
“Parecen tener el mismo manual y el negacionismo se hace cada vez más grande, pero estamos trabajando para desenmascarar toda esa red de encubrimiento y corrupción de la gestión de Garro”, sostuvo el letrado.
En este sentido, Rodríguez adelantó que la querella avanza en una nueva línea de investigación que permitiría probar “la negociación de una coima” entre empresarios y funcionarios para retirar a los policías locales encargados de impedir la realización de la fiesta ilegal en la quinta de Melchor Romero donde se ahogó Emilia.
“A partir del momento en que se procedió a la identificación de esa fiesta denunciada días antes por vecinos, lo primero que debía hacer el municipio era notificar al juez de Faltas. Sin embargo, la notificación se produce recién el 1º de enero, tras la muerte de Emilia. Esa demora injustificada tuvo la finalidad de negociar una coima”, remarcó.
Sobre esa base, la querella pedirá la imputación del secretario de Convivencia y Control Ciudadano, Roberto Di Grazia, y del exdirector de Nocturnidad, Gerardo Gioglio, a quienes se identifica como “responsables de que todas las actuaciones que denunciaron los vecinos no hayan llegado a la Justicia”.
Rodríguez apuntó, por último, contra el magistrado que intervino tardíamente. Se trata de Fernando Centeno, titular del Juzgado de Faltas N° 5 de La Plata: “Detectamos una mala fe del juez, porque si recibe las actuaciones el 1º de enero, tres o cuatro días después de que tuvo conocimiento el municipio, debería haber hecho una denuncia penal a fin de que se averigüe por qué se demoró tanto”.
