Por Alejandro Palladino
Al repudio de beneficiarias, organizaciones sociales y profesionales de la salud por la decisión del juez Claudio Bonadio de destruir 60 mil kits del plan de política pública Qunita, se le sumó ayer el rechazo del bloque de diputados nacionales del FpV, quienes dieron una conferencia de prensa en el Congreso.
“No es el modo en que debe proceder el juez cuando se trata de un programa para reducir la mortalidad infantil”, sostuvo a Contexto Carolina Gaillard, diputada nacional por el FpV-Entre Ríos y presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara.
La legisladora remarcó que la muerte súbita es uno de los principales motivos de mortalidad infantil en los primeros seis meses de vida, por lo que la cuna y el saco la evitan al permitirle al niño contar con un lugar autónomo para dormir.
Además de manifestarse contra la quema de las cunas, los legisladores exigieron que el Ministerio de Salud entregue aquellos kits almacenados por la gestión Cambiemos. También presentaron un proyecto de declaración para expresar su preocupación. A su vez, Gaillard citará a la Comisión de Salud de la Cámara para tratar el tema en la brevedad.
“La decisión de Bonadio tiene más que ver con un ensañamiento con el anterior gobierno que con las preocupación por la salud de los bebés.”
“La decisión de Bonadio tiene más que ver con un ensañamiento con el anterior Gobierno que con las preocupación por la salud de los bebés”, refirió Gaillard. Por su parte, Héctor Recalde, jefe del bloque del FpV en la Cámara Baja de Diputados, sostuvo que la orden de Bonadio es “una señal de odio y revanchismo”.
“Esto merece el reproche ante el Consejo de la Magistratura, pero además el reproche social”. Y añadió: “Los únicos privilegiados son los niños, y eso lo vamos a mantener”.
Bonadio argumentó su orden a partir de su lectura de un informe de la Sociedad Argentina de Pediatría. En ese texto se hacen recomendaciones generales que en ningún caso prohíben el uso de los kits. Se indica que la apertura de la bolsa de dormir, que previene la asfixia, es muy amplia, pero no se dice que no sirva. En ese informe también se advierte sobre la necesidad de que el kit cuente con un instructivo que explique que los elementos no se pueden utilizar luego de los seis meses.
“Ni la Sociedad Argentina de Pediatría respecto de los sacos ni el INTI respecto de las cunas dijeron que fueran inseguros. Simplemente hicieron recomendaciones que entendemos debe tener el Ministerio de Salud para readecuar los elementos”, dijo Gaillard.
“Ni la Sociedad Argentina de Pediatría respecto de los sacos ni el INTI respecto de las cunas dijeron que fueran inseguros.»
El Plan Qunita fue implementado por el Gobierno de CFK en 2015. Contaba con un 0800 para hacer consultas y con un control prenatal para las madres para acceder a los productos. La política pública entregó 74.408 kits a 289 maternidades de todo el país, contribuyendo a tener mayores maternidades seguras.
A su vez, políticas públicas similares al Plan Qunita fueron implementadas en países como Finlandia, México y Chile.
El martes, en repudio a la orden de Bonadio, un grupo de especialistas en salud acompañados por organizaciones sociales dieron una conferencia de prensa en la Unidad Nº 9 de Isla Maciel, entre los que había pediatras y neonatólogas. Allí dijeron que en ningún momento, desde su puesta en práctica, el 0800 recibió quejas por muertes o casos graves ocasionados por el kit. También desmintieron la lectura “tergiversada” que hizo Bonadio del informe y exigieron que la Justicia cancele su orden de destrucción.
Mientras ningún funcionario de Cambiemos dice nada sobre las cunas, medios como La Nación y Clarín pusieron el ojo sólo en el pedido del fiscal federal Eduardo Taiano de elevar a juicio oral al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y el ex ministro de Salud Daniel Gollán por supuesto fraude al Estado con el Plan Qunita.
