Se conmemora un nuevo aniversario del Día contra la Violencia Institucional y el debate cobra temperatura en Argentina tras las reiteradas señales de simpatía del gobierno hacia el uso indiscriminado de la fuerza por parte de la Policía y la intensificación del discurso punitivo frente a diferentes hechos delictivos sobreexpuestos por los grandes medios de comunicación.
Tras un comienzo de año marcado por el caso Chocobar, este 2018 conmemora la fecha con la postal del presidente Mauricio Macri recibiendo a un efectivo de la Policía bonaerense para felicitarlo por haber disparado por la espalda a Pablo Kukoc, de dieciocho años, con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunciando una nueva doctrina de seguridad en su nombre y un recrudecimiento del reclamo por más mano dura frente al asesinato del colectivero Leonardo Alcaraz.
“No hay ninguna intención del Gobierno de atenerse a derecho. Por primera vez en la HISTORIA, de estadísticas de violencia emerge la variable de efectivos policiales que matan aun estando fuera de servicio»
“No hay ninguna intención del gobierno de atenerse a derecho. Por primera vez en la historia, de estadísticas de violencia emerge la variable de efectivos policiales que matan aun estando fuera de servicio. Hay un cambio además en el discurso, hacia un paradigma de legitimidad que habilita la violencia institucional e incluso nuevas violencias”, expresó Sofía Caravelos, abogada y referente del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), quien define la postura del macrismo como un “cheque en blanco para las fuerzas de seguridad”.
La referente del CIAJ remarcó además el fuerte hincapié sostenido por el oficialismo frente a la política carcelaria, por lo que el organismo junto al CELS impulsa un proyecto para erradicar la población detenida en comisarías.
El propio ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, durante una visita al hospital donde se encuentra detenida la oficial Rocío Villareal (baleada durante el asalto a una comisaría en San Justo la semana pasada) expresó de manera textual: “Prefiero que los presos estén apretados en la comisaría y no afuera delinquiendo”. El episodio reavivó la insistencia sobre el fortalecimiento de la presencia policial como “solución” al delito.
En este aspecto, el abogado e investigador de la UNQ, Esteban Rodríguez Alzueta, se explayó en lo que él define como la “productividad política del crimen”, es decir, el rédito político que las derechas extraen de las conflictividades sociales para desviar el foco de atención de otras problemáticas de fondo.
En un artículo publicado en el sitio El Cohete a la Luna, Rodríguez Alzueta sostiene: “Nils Christie dijo alguna vez que, cuando los gobiernos no pueden hacer política con el trabajo porque cada vez hay más desocupación o aumenta el empleo informal; cuando no pueden hacer política con la vejez porque impulsaron, por ejemplo, una reforma previsional que bajó el monto a las jubilaciones; cuando no pueden hacer política con la salud o la educación porque están despresupuestando esas áreas; cuando no pueden hacer política con la energía porque le sacaron los subsidios a las tarifas que ahora se fueron por las nubes; entonces las autoridades tienen muy pocos temas para presentarse como merecedores de votos. Uno de los pocos ítems que les queda a los funcionarios para ganarse la adhesión en el mercado político es el delito, la lucha contra el delito».
Rodríguez Alzueta agrega: “Entonces propondrán más policías, más patrulleros, más penas y más cárceles a cambio de votos. Los candidatos harán política manipulando el dolor de la víctima, diciéndole a la opinión lo que esta quiere escuchar”.
«Uno de los pocos ítems que les queda a los funcionarios para ganarse la adhesión en el mercado político es el delito, la lucha contra el delito»
En esta línea, Caravelos sostuvo que el gobierno alimenta a los que viven de “la industria del delito”. La abogada expresó que “como discurso, la punitividad macrista genera cierto tipo de empatía en determinados sectores y permite ocultar los grandes desfalcos que están sucediendo en este país”.
La fecha del Día Contra la Violencia Institucional fue establecida en recordatorio de la Masacre de Budge –emblemático caso de tres jóvenes asesinados por efectivos de la Policía bonaerense el 8 de mayo de 1987– como una de las demostraciones más contundentes de la movilización popular y barrial en repudio del gatillo fácil.
