A días de sancionarse la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans, Argentina atraviesa el Día del Orgullo como uno de los países a la vanguardia en la conquista de derechos para el colectivo LGBTIQ+. Sin embargo, con más de 150 personas asesinadas por crímenes de odio durante 2020 y con altos niveles de exclusión, los desafíos aún son muchos y exigen más políticas para la comunidad.
La sanción de la Ley 27.636 Lohana Berkins-Diana Sacayán ubicó la Argentina una vez más como un país pionero en reconocer este tipo de derechos en la región. La normativa sancionada el 24 de junio pasado apunta a la inclusión laboral de personas travestis, transexuales y transgéneros, hayan realizado o no el cambio registral acorde a la Ley de Identidad de Género, y establece un cupo del 1 % en el Estado nacional en sus tres poderes, los ministerios públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales y las empresas y sociedades del Estado, en todas las modalidades de contratación.
Esta conquista es producto de una larga lucha de la comunidad travesti y trans en la Argentina, que viene reclamando hace años mayores niveles de inclusión, en un contexto de sistemática exclusión. Según un estudio realizado por el INADI y el INDEC, el promedio de vida de las personas trans es muy bajo: entre 35,5 y 41 años. La encuesta hizo partícipe a 209 personas; 73 de ellas (35 %) expusieron que abandonaron la escuela porque las discriminaban; el 20 % declaró no realizar ninguna actividad por la que obtenga dinero; el 80 % restante dijo que se prostituía o tenía trabajos informales. La policía apareció como la institución considerada como causante de graves hechos de discriminación y violencia, en un 83 % para las mujeres trans y en un 40 % para los hombres trans.
En un contexto donde la violencia a las personas trans y travestis está a la orden del día, con la desaparición de Tehuel de la Torre y el travesticidio de Soraya como ejemplos, la sanción de la normativa con la que se prevé incorporar al menos a 2.500 personas al trabajo resulta un paso más en el camino por la conquista de derechos para la comunidad, que ya bajo gobiernos populares logró alcanzar el matrimonio igualitario, la Ley de Identidad de Género, la Educación Sexual Integral (ESI), la Ley de Fertilización Asistida, el derecho a la interrupción del embarazo para todas las personas gestantes y el mencionado cupo laboral. Sin embargo, es necesario profundizar ese camino y los desafíos aún son muchos.
Vale destacar que en Argentina, en 2020 se registraron 152 crímenes de odio hacia el colectivo LGTBQ+, de los cuales el 57 % fueron asesinatos o suicidios, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT. Asimismo, según una encuesta realizada por UNICEF, entre los jóvenes la población LGBTQ+ es la más atacada en redes sociales.
Por un lado, es necesario velar por la real implementación de las normativas ya sancionadas. Por ejemplo, en el caso de la ESI, según los últimos datos disponibles de la evaluación Aprender 2019, cuatro de cada diez estudiantes creen necesario acceder a más información. En tanto, en las escuelas de carácter religioso la implementación de esta ley está condicionada o directamente no se aplica.
Por el otro, es fundamental la construcción de políticas que garanticen el acceso a la salud, la educación, el trabajo y la vivienda, puntos que fueron retomados por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual con políticas como el programa Acompañar, los Centros de Atención para Mujeres y Lgbt+, el Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos para personas Travestis, Transexuales y Transgéneros, el Registro de Promotorxs Territoriales en Género y Diversidad a Nivel Comunitario y el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023. Este último busca «intervenir de manera estratégica e integral a fin de superar las desigualdades estructurales de género, resultado de un proceso de construcción y coordinación colectiva».
La agenda parlamentaria aún tiene varios asuntos pendientes, como la Ley Integral Trans-Travesti, la cual busca asegurar el «ejercicio pleno y en condiciones de igualdad de sus derechos y libertades» y establece una pensión reparatoria para travestis trans, y el proyecto de respuesta integral al VIH, entre otros.
