Por Alberto Ramírez
El valor del suelo en las ciudades para miles de familias significa la imposibilidad de acceso al terreno propio para la vivienda; mientras, para los desarrolladores inmobiliarios la tierra es solo para los negocios. Como en otros órdenes de la vida social, la grieta no es (solamente) entre dos espacios políticos, sino entre dos modelos de país.
El modelo neoliberal asocia a los grandes medios de comunicación (privados) con los desarrolladores inmobiliarios que impulsan el desalojo de los asentamientos y con una parte de la Justicia penal dispuesta a ordenar esos desalojos en forma inmediata, muchas veces violenta, sin reparar en familias numerosas compuestas por niños y ancianos que quedan en la calle, violando la misma ley provincial de niñez y adolescencia, la Convención Sobre los Derechos del Niño y los más elementales derechos humanos.
El modelo progresista, democrático y popular plantea que es el Estado el que debe regular el mercado inmobiliario, sin eliminar la empresa privada pero facilitando el uso de tierra ociosa y el acceso a la misma por toda la población, con participación de organizaciones sociales, cooperativas, empresas privadas y sindicatos.
El mercado capitalista destruyó desde la dictadura en adelante la posibilidad del acceso al lote para los trabajadores; en ese tiempo se terminaron los viejos loteos con la posibilidad de compra de terrenos con libreta y pago de cuotas a largo plazo. Muchas de estas empresas quebraron, la especulación se llevó las cuotas y de ahí en adelante la única posibilidad de acceso a la tierra fue la toma.
El proceso histórico es determinante. Con la dictadura se terminaron los loteos y sobre el final de la misma comenzaron las tomas organizadas en el oeste y en el sur del conurbano bonaerense, con apoyo de comunidades eclesiales de base (sobre todo del Obispado de Quilmes).
Con la consolidación de la democracia, pero con políticas económicas neoliberales, el barrio se transforma en campo de disputas con las inmobiliarias, la Policía, el punterismo político y un sector de la justicia.
La sanción en 2012 de la ley de la provincia de Buenos Aires Nº 14.449, llamada Ley de Acceso Justo al Hábitat, representó una conquista en términos de que la misma recepta una serie de demandas históricas propuestas por distintas organizaciones que venían trabajando la problemática desde la perspectiva de las organizaciones populares.
En efecto, la ley estableció los principios básicos de la materia: el derecho a la ciudad y a la vivienda, la función social de la propiedad, la gestión democrática de la ciudad y el reparto equitativo de cargas y beneficios de la urbanización; y a ello se suma la determinación de recursos específicos para recaudar fondos tanto a nivel municipal como provincial con imputación específica del dinero recaudado con destino a acciones que tiendan a resolver problemáticas de los sectores más humildes de la población.
En este sentido, es rica la experiencia de las organizaciones sociales en el acompañamiento de los pobladores de asentamientos, tanto en la tarea de regularización dominial como en el mejoramiento del hábitat, la lucha por el acceso a una infraestructura mínima de servicios públicos o la defensa directa a través de profesionales o mediante la movilización popular frente a desalojos. Pero es una tarea del conjunto social, que abarca no solo a los pobladores de asentamientos y villas, sino también a los sectores medios, a los barrios de trabajadores y los del centro de las ciudades.
Ya vimos tristemente que en La Plata la inundación afectó transversalmente a toda la población, y parte de sus causas son producto de la falta de participación popular y planificación integral de las problemáticas vinculadas al hábitat.
La vuelta al neoliberalismo en 2015 terminó a nivel nacional y provincial en 2019, pero en La Plata fue reelecto el representante de ese proyecto político. Y, paradójicamente, en materia de hábitat e infraestructura social son enormes los déficits, la deuda interna de la gestión de Cambiemos. Basta recorrer el paisaje desolador de barrios con calles rotas, obras inconclusas o abandonadas, servicios públicos deficientes en el contexto de una desocupación creciente.
La experiencia del círculo virtuoso asociado, integrando la organización barrial con el Estado, cooperativas, sindicatos y empresa privada deviene en más vivienda popular, más y mejores servicios, mantenimiento y limpieza de zanjas, arroyos, veredas comunitarias, menos incendios y precariedad, menos asentamientos y más barrios urbanizados con salud, educación y medioambiente garantizados. Es tiempo de saldar la deuda interna… ¡Hábitat y Buen Vivir para tod@s en La Plata, Ya!
