La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, ordenó reabrir una causa de 2013 contra el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ex titular de la Sigen, Daniel Reposo, por la que habían sido sobreseídos. En la misma causa estuvo procesado el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que enfrentó un juicio oral y fue absuelto.
Cabe recordar que los jueces Bruglia y Bertuzzi estuvieron en medio de la polémica en 2020 cuando el Congreso determinó revisar los traslados realizados durante el gobierno de Macri y que, en el caso de ambos, fueron considerados designaciones encubiertas en un traslado que no cumplió con los procedimientos establecidos para el nombramiento de jueces.
La causa investiga la presunta violación del artículo 160 del Código Penal que establece penas de quince días a tres meses de prisión para quien «impidiere materialmente o turbare una reunión lícita, con insultos o amenazas al orador a la institución organizadora del acto». La acusación contra los exfuncionarios y el actual gobernador de la provincia es por haber participado de una asamblea de accionistas del Grupo Clarín en 2013 en representación del Estado Nacional, que posee el 9 % de las acciones del grupo a través de la ANSES, adquiridas con la nacionalización de las AFJP.
Según el conglomerado mediático, los funcionarios «exhibieron una conducta claramente enfocada en turbar la asamblea de accionistas del grupo Clarín S.A. a la que concurrieron en representación de los intereses del Estado».
En el año 2018, Guillermo Moreno fue procesado por esa causa y a fines de 2020 enfrentó un juicio oral y público en el que resultó absuelto, aunque el fallo no está firme aún. Por otra parte, a mediados de 2020 el juez Canicoba Corral de Comodoro Py había sobreseído a Kicillof y Reposo al considerar que «lejos de cometer un ilícito, defendieron la participación estatal en la empresa, participando activamente -en mayor o menor medida- de la Asamblea y deliberando acerca de los intereses de las partes».
«¡Días de Lawfare al palo!», cuestionó a través de sus redes sociales el gobernador bonaerense tras enterarse de la medida, y manifestó: «La creatividad no se detiene si el objetivo es difamar. Ahora reabren una causa por mi intervención como representante del Estado en una asamblea del grupo Clarín en 2013».
«Por más causas que inventen no van a detener nuestro compromiso con el pueblo», agregó Kicillof.
En la apelación, el Grupo Clarín manifestó que «fueron los tres funcionarios, y no sólo Moreno, quienes el 25 de abril de 2013 exhibieron una conducta claramente enfocada en turbar la asamblea», y agregaron que, si bien Moreno, que fue juzgado aparte y absuelto por la justicia, fue «quien pudo haber encarnado la actividad más notablemente reñida con la libertad de reunión amparada por el art. 160 del Código Procesal», también lo fueron «aquellas protagonizadas por Kicillof y Reposo».
En el fallo, los camaristas sostuvieron al revocar los sobreseimientos que «lo que originariamente se denunció, y lo que en consecuencia debió motivar el desarrollo de estas actuaciones, no fue la posibilidad de que los imputados turbaran el acto desde un actuar puramente individual. Cuando se afirmaba que lo acontecido en la reunión del 25 de abril de 2013 quedaba atraído por la fuerza del art. 160 del Código Penal, es porque la conducta de los funcionarios -no de uno sino de los tres-, traducía un obrar comunitario destinado a turbar la vida de la empresa. Esa es la senda que debió recorrerse». En esa línea, sostienen que debe analizarse si el accionar de Kicillof y Reposo «constituyó la prolongación del obrar de Moreno», quien, sin embargo, fue absuelto en otro juicio por el mismo hecho.
