Por Gabriela Calotti
«Soy la hija de Gustavo Lafleur, quien fue detenido y desaparecido y visto en el centro clandestino de detención de la Brigada de Lanús conocido como El Infierno», afirmó el martes Laura Lafleur ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, que lleva adelante desde octubre de 2020 el juicio por los delitos de lesa humanidad perpetrados en las Brigadas de Banfield, de Quilmes y de Lanús, esta última con asiento en Avellaneda.
Aunque tenía dos años cuando un comando armado irrumpió en su casa de Castelar y secuestró a su papá, Laura pudo reconstruir lo sucedido aquella madrugada y meses después gracias a los relatos de su madre, Helena Alapín (fallecida el año pasado), de su hermano, Lautaro, cuatro años mayor que ella y de sobrevivientes del genocidio.
Después de permanecer varias horas en su casa, la madrugada del 10 de noviembre de 1976, esos hombres armados se llevaron a su papá, que tenía 32 años y militaba en la organización Montoneros. A través de testimonios de sobrevivientes, como Horacio Matoso y Nilda Eloy, pudo saber que «fue visto en la Brigada de San Justo y luego en El Infierno de Lanús», aseguró esta mujer con voz pausada y una angustia creciente.
«Matoso cuenta que mi papá llega a El Infierno junto con un grupo de detenidos que venían de la Brigada de San Justo, [como] José Rizzo, Darío Chidichimo y un tal Jaramillo», refirió Laura Lafleur.
Vivir con la ausencia
«Quizás en lo que puedo más aportar yo en ese sentido es lo que a mí me genera todo este relato de la ausencia de mi papá. Yo era muy chiquita. No tengo recuerdos de mi papá […] es muy difícil explicar a alguien de dos años que alguien desaparece de golpe», explicó de forma virtual al tribunal integrado por los jueces Ricardo Basílico, Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditi y Fernando Canero.
«En ese momento, de muy chiquita, el recuerdo que yo tengo es ser como rara porque no tenía papá. Luego, con el advenimiento de la democracia, a pesar de que mi mamá nos había dicho de que a mi papá lo habían matado, yo tenía la fantasía de que mi papá viniera a buscarme a la escuela hacia el 84… tenía miedo de no reconocerlo […] O cuando te preguntaban ocupación del padre, yo ponía desaparecido», relató.
A partir de los treinta años, Laura pudo empezar a preguntarse qué significaba para ella que su padre «fuera un desaparecido». Y es en el marco de ese proceso personal, emocional y familiar que confió en que su testimonio les permitiera saber «qué pasó, en qué condiciones vivió sus últimos meses, cómo murió y dónde está su cuerpo», sostuvo.
A su padre le decían «Tato» o «Chicho». «Desde su juventud había militado en el peronismo, en la Juventud Peronista Revolucionaria, junto a Gustavo Rearte, con quien fue a Cuba, y a fines de los sesenta empieza a integrar un grupo junto a Sabino Navarro. Ese grupo luego se juntaron y formaron la agrupación Montoneros», precisó.
Era maestro mayor de obras, pero en el momento de su secuestro trabajaba en una fábrica metelúrgica de La Matanza, donde también tenía actividades sindicales.
Tras su secuestro presentaron varios habeas corpus. Su abuela paterna le escribió inclusive al dictador Jorge Rafael Videla con la esperanza de que le dijeran algo sobre su hijo, pero todo fue en vano.
«Esperemos que se haga justicia y que los responsables de infligir tanta tortura y tanto sufrimiento tengan su justa condena», confió Laura Lafleur, antes de mostrar el pañuelo de Madres de Plaza de Mayo que era de su abuela.
Lautaro Lafleur tenía seis años cuando secuestraron a su padre. Su relato, más breve que el de su hermana, completó la descripción de aquel allanamiento durante el cual los obligaron a permanecer en su dormitorio.
Él y su hermana dieron muestras de sangre al Equipo Argentino de Antropología Forense a la espera de que en algún momento sean encontrados los restos de su papá.
«No sé muy bien cómo dimensionar esas consecuencias. Básicamente fue crecer sin mi padre», respondió cuando una de las abogadas querellantes le preguntó acerca de cómo fue su vida tras el secuestro de su progenitor.
El trabajo social, blanco de la represión
Patricia Eva Rinderknechet tenía veintidós años en 1976. Había llegado a la Argentina tras el golpe de Estado en Uruguay en 1973, donde participaba en actividades sociales, militancia estudiantil y con la Iglesia.
Aquí encontró trabajo en la Fundación Emaús, impulsada por el abate Pierre en Francia tras la Segunda Guerra Mundial para socorrer a la población más desfavorecida. En la Argentina impulsaban proyectos en el interior del país y en el conurbano. Allí conoció a Liliana Corina Yoli, una trabajadora social oriunda de General Rodríguez, de treinta años, que la sumó para trabajar con grupos de jóvenes en Santiago del Estero como voluntarios en zonas de extrema pobreza.
Patricia recordó el martes con mucha admiración el trabajo que llevaba adelante Corina, como por ejemplo lograr la formación de una cooperativa de ladrilleros en San Andrés de Giles financiada por la asociación Emaús.
«Corina era muy activa, tenía muchas iniciativas», aseguró al tribunal esta mujer a quien Corina le ofreció albergue en su departamento de la ciudad de Buenos Aires para que pudiera estudiar magisterio y seguir trabajando en Emaús Constitución.
«El 24 de agosto del 76 yo estaba volviendo al departamento a eso de las nueve de la noche. Abro con mi llave y al abrir veo que estaba todo oscuro. Enseguida se me tiran encima, me golpean, y cuando me levantan tenía la cabeza tapada. Temblaba como una hoja», así comenzó el relato de Patricia sobre la noche en que un comando de unos seis hombres las secuestraron a ella, a Corina y a otro amigo, Rubén Calatayud.
En un momento le sacaron la cartera y vieron su documento. «Me dicen que era tupamara. Me encuentran la foto de mi novio, que era chileno. Me preguntaban si era del MIR 19… una mezcla del MIR chileno y del M19 de Colombia», agregó.
En varios autos los llevaron a una zona fuera de la ciudad. «Había olor a pasto». Ella piensa que era una casa quinta ocupada. Allí fue torturada con picana y con un cigarrillo encendido. «Yo tenía mucho miedo, pero no conocía nada. Yo sabía que Corina era peronista, pero para mí ella no participaba en Montoneros», aseguró.
Patricia Eva relató que horas después la obligaron a cebar mate y a presenciar el interrogatorio al que un hombre «muy bien arreglado», de «unos 35 o 40 años», «que para mí era del Ejército» y estaba vestido de civil, sometió a Corina en la misma cama metálica. Ese «oficial la acusa de que en estos campamentos a donde llevaban chicos jóvenes los estaban convirtiendo en guerrilleros de Montoneros y del ERP», indicó al recordar el episodio.
Al día siguiente, ya 25 de agosto, a ella y a Rubén, según se dio cuenta después, los llevaron en auto hasta una zona descampada cercana a la ruta 202 entre San Miguel y Moreno.
«Al otro día fui a ver a la familia de Corina y me cuentan que primero habían ido a buscarla a General Rodríguez».
«A los quince días, por el 10 de septiembre, la sueltan a Corina. Cuenta que la habían liberado en una zona de Dock Sud, junto a su amigo Eduardo Cora y la señora de Eduardo, que se llamaba Gladys Yolanda Rodríguez. Que habían estado quince días secuestrados en condiciones muy severas. Que sabían dónde estaban porque pasaba un avioncito que promocionaba un circo de la zona sur», explicó antes de afirmar que por testimonios en este juicio «supe que todos ellos estuvieron en El Infierno».
Corina falleció años después, de cáncer, sin haber contado lo que le había pasado ni a la Conadep ni a la Justicia, contó Patricia Eva en su primera declaración en un juicio por delitos de lesa humanidad.
El presente juicio por los delitos perpetrados en las Brigadas de la Policía bonaerense de Banfield, Quilmes y Lanús es resultado de tres causas unificadas en la causa 737, con solo dieciocho imputados y apenas dos de ellos en la cárcel: Miguel Osvaldo Etchecolatz y Jorge Di Pasquale. El resto está cómodamente en su casa.
El juicio oral y público comenzó el 27 de octubre de 2020 de forma virtual debido a la pandemia. Por los tres centros clandestinos de detención pasaron 442 víctimas tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, aunque algunas estuvieron secuestradas en la Brigada de Quilmes antes del golpe. Más de 450 testigos prestarán declaración en este juicio.
Las audiencias pueden seguirse a través de las plataformas digitales de La Retaguardia TV y el Facebook de la Comisión Provincial por la Memoria. Más información en el blog del Programa de Apoyo a Juicios de la UNLP.
La próxima audiencia será el martes 7 de septiembre a las 9 hs.
