Por Gabriela Calotti
El 20 de junio de 2006, en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata, comenzaba el juicio oral y público al ex policía y represor Miguel Osvaldo Etchecolatz, mano derecha del ex general Ramón Camps, jefe de la Policía bonaerense durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Diez años pasaron de aquel juicio histórico, el primero tras la reapertura de los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad luego de la anulación por parte del Congreso de la Nación en agosto de 2003 de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final. Al cabo de ese juicio, en septiembre de 2006, Etchecolatz era condenado a cadena perpetua “por delitos de lesa humanidad en el marco de un genocidio”.
Era la primera vez en la historia argentina que un tribunal, integrado en ese proceso por los jueces Carlos Alberto Rozanski, Horacio Alfredo Insaurralde y Norberto Lorenzo, dictaba una sentencia incorporando la figura del genocidio, es decir, el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad.
“Mi recuerdo de ese primer juicio del año 2006 tiene que ver con distintas sensaciones. En primer término, las dificultades para un juicio oral para el que no teníamos preparación de infraestructura, de contención de testigos, de cómo llevar adelante audiencias tan cargadas de emotividad”, contó a Contexto el juez Rozanski.
Desde sus primeras palabras, el magistrado se refirió a la “marca imborrable de la desaparición de Jorge Julio López, que sin duda fue una tragedia para él y su familia y una tragedia social por el significado de una desaparición en democracia de quien ya había desaparecido en dictadura”, aseguró.
“A su vez, esa tragedia se mezcla con lo que significó una bisagra en cuanto a la posibilidad de concretar actos de justicia aun respecto de delitos de lesa humanidad y genocidio, porque hasta ese momento había como un tabú sobre el tema, no respecto de la sociedad, que seguía reclamando justicia para esos crímenes, sino para el imaginario político y judicial, que no incluía esa clase de evolución”, sostuvo el magistrado, Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) por iniciativa de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social.
En su opinión, “la decisión del Congreso de anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y de la Corte Suprema de declarar la inconstitucionalidad de ellas marcó un momento de confluencia histórica entre los tres poderes del Estado”.
Según Rozanski, el juicio que desembocó en la condena a cadena perpetua de Etchecolatz puso en evidencia que “el mismo Estado que secuestró, torturó, desapareció y mató para instalar un proyecto económico, renació para juzgar a los responsables”.
“EN MI RECUERDO, LO QUE SE PERCIBIÓ EN LA LECTURA DEL VEREDICTO, DENTRO Y FUERA DE LA SALA, FUE QUE SE HABÍA HECHO JUSTICIA E INICIADO UN CAMINO QUE SERÍA IRREVERSIBLE”, SENTENCIÓ EL JUEZ ROZANSKI.
Marta Vedio, militante de la APDH La Plata y subsecretaria de Derechos Humanos de la Municipalidad platense hasta septiembre de 2015 coincidió en que “ese juicio fue una experiencia muy fuerte. Era la concreción de muchos años de esfuerzo para los organismos de derechos humanos para que el Estado argentino cumpliera con sus obligaciones internacionales de investigar, sancionar, reparar y prevenir”.
Las expectativas generadas entonces por aquel juicio a Etchecolatz no sólo tuvieron respuesta por el hecho de que ese proceso cumplió con lo esperado, sino, y sobre todo, porque tuvo un “peso simbólico y efectivo” al condenar “a quien manejaba los hilos de la represión en la provincia de Buenos Aires, principalmente en el Conurbano y en La Plata”, sostuvo Vedio.
Esa condena irrefutable y ejemplificadora en la búsqueda de verdad y justicia tenía lugar en otro país, en el país en el cual poco después de asumir la presidencia de la Nación Néstor Kirchner pedía perdón por las aberraciones cometidas por la dictadura.
“Vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante veinte años de democracia tantas atrocidades”, afirmaba Kirchner al formalizar en el predio de la ex ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) la creación del Museo de la Memoria, espacio al que el macrismo intenta vaciar de contenido, y lisa y llanamente de actividades. La ESMA fue el peor centro clandestino de detención de la dictadura. Por allí pasaron unos 5.000 detenidos-desaparecidos y sólo sobrevivieron unos quinientos.
En el juicio de 2006, Etchecolatz estaba en el banquillo de los acusados por el homicidio calificado de Diana Teruggi de Mariani y por la privación ilegal, tormentos y homicidio calificado de Ambrosio De Marco, Patricia Dell’Orto, Elena Arce, Nora Formiga y Margarita Delgado. Además, el tribunal lo responsabilizó por la privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos a Jorge Julio López y a Nilda Eloy.
Entre los numerosos testigos que declararon ante ese tribunal figura Gustavo Calotti, estudiante del Colegio Nacional en el 76 y uno de los tres sobrevivientes de La Noche de los Lápices.
“El juicio a Etchelolatz fue tal vez más importante que el juicio a las Juntas en épocas de Alfonsín”, entre otras razones porque se produjo “en condiciones totalmente diferentes, con las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida derogadas, durante un gobierno que había llegado reivindicando a los 30.000 desaparecidos y sobre el cual no existía ninguna presión como la que ejerció el Partido Militar sobre el gobierno de Alfonsín”, afirmó.
En diálogo con Contexto, opinó que “fue el juicio más importante porque abrió una brecha inexistente en nuestro derecho penal, y como consecuencia de la Constitución del 94 que reconoció otras legislaciones internacionales. Por primera vez se condenó por delito de lesa humanidad. Sin esta nueva Constitución y sin en el coraje de jueces como Rozanski, una condena así no se hubiese producido”.
“EL TERCER PUNTO ES MÁS PERSONAL. ETCHECOLATZ ME DETUVO, SÉ QUE ÉL TOMO LA DECISIÓN DE TORTURARME Y MANTENERME CASI cuatro MESES DESAPARECIDO, NO FUE UN SUBALTERNO”, SOSTUVO GUSTAVO CALOTTI.
La desaparición de Jorge Julio López
Diez años también se cumplirán el 18 de septiembre próximo en relación con un hecho atroz vinculado con el juicio a Etchecolatz: la segunda desaparición de Jorge Julio López, testigo clave de aquel juicio.
López, que no dudó como muchos otros en declarar ante el tribunal y frente a su verdugo, a quien señaló como su torturador. López, un albañil militante, había estado detenido-desaparecido en el centro clandestino de Arana y en la Comisaría 5ta de La Plata, entre otros campos de secuestro, tortura y desaparición de la dictadura, hasta llegar a la Unidad 9 de La Plata.
Para el juez Rozanski, “el hecho de que hasta la fecha, a diez años, no se haya podido tener siquiera una noticia de lo que pasó revive cada día la tragedia y comprueba cómo la violencia del terrorismo de Estado se prolongó de infinitas maneras y asomó en aquellos días del final del juicio”.
“El día de la lectura de la sentencia desaparece Jorge Julio López… Huelgan las palabras, máxime porque con él compartí el cautiverio y porque manteníamos una relación estrecha”, recordó por su parte Gustavo Calotti.
“Pocos días antes de su desaparición yo debía volver a Mayotte, cosa que hice. Nos despedimos en la puerta de su casa. Me pregunto: ¿si yo me hubiese quedado, también corría el mismo peligro que López? No lo sé”, agregó. “La desaparición de López es uno de los momentos más fuertes de ese juicio y de la democracia desde entonces”.
Y cuestionó: “Nadie nos dio respuestas. Ningún Gobierno se hizo cargo y ninguno fue hasta la últimas consecuencias investigativas”.
Otra vez al banquillo de los acusados
Etchecolatz volvió a ser juzgado en 2011 como responsable del denominado “Circuito Camps”, una red de centros clandestinos de detención en el Conurbano bonaerense y en La Plata, entre los que se encontraban la Comisaría 5ta de La Plata, el Destacamento de Arana, la Brigada de Investigaciones de La Plata, la Subcomisaría de Don Bosco denominada «Puesto Vasco», COT I Martínez y la Brigada de San Justo.
En 2014 fue juzgado nuevamente, esta vez por sus responsabilidades en el centro clandestino conocido como La Cacha, en las afueras de La Plata, acusado del homicidio agravado de los militantes montoneros Luis Eduardo Sixto Bearzi y Marcelo Gabriel José Bettini.
Fue en ese juicio donde, fiel a su estilo provocador, altanero y soberbio de quien se cree impune eternamente, al terminar la lectura del fallo, otra condena a cadena perpetua, fotógrafos de prensa descubrieron que en un papelito que Etchecolatz había querido entregar al tribunal, aunque en vano, había escrito de puño y letra: “Jorge Julio López”, quizá para seguir infundiendo terror o dar a entender que la desaparición del albañil había sido también obra suya.
“A la luz de lo que está ocurriendo ahora es importante que destaquemos aquel juicio como un acontecimiento histórico en el país”, opinó Marta Vedio, sin ocultar su preocupación por los tiempos que corren, donde, tras el cambio de Gobierno, se ven “graves deficiencias, pues no se cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo y tampoco con el apoyo de estructuras que están siendo vaciadas y desmanteladas” por el macrismo.
Justamente por esos motivos, Vedio opinó que hay que “defender” los juicios por violaciones a los derechos humanos “con mucha energía” y “comprometer a las fuerzas políticas para que exijan su cumplimiento y profundización”.
Por ahora, Etchecolatz permanece en la cárcel de Marcos Paz.
